Nicaragua en la sombra del narcotráfico: cifras ocultas tras cuatro años sin actualizar el Anuario de Estadísticas

Esta disparidad ha generado inquietud en la comunidad internacional, particularmente en el Gobierno de Estados Unidos, que ha calificado la situación como grave para la seguridad nacional y regional. Washington ha advertido que la falta de información transparente impide evaluar con precisión el alcance real del narcotráfico en el país. Para Estados Unidos, Nicaragua posee una ubicación estratégica que resulta atractiva para el narcotráfico transnacional.

Desde que el año pasado la Administración para el Control de Drogas (DEA) retiró sus operaciones del país debido a la falta de cooperación de las autoridades sandinistas, se ha profundizado la brecha entre las cifras oficiales difundidas por el régimen y la creciente preocupación internacional sobre el verdadero nivel de actividad del narcotráfico en Nicaragua.

Lea además: Motos inDrive en Managua: ¿Por qué los capitalinos prefieren este servicio?

Un experto en temas de seguridad consultado por LA PRENSA aseguró que Nicaragua se ha convertido en “un hoyo negro en materia de narcotráfico y estadísticas de drogas”, debido a la falta de transparencia por parte de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua. El especialista calificó este comportamiento como opaco y advirtió que el régimen incumple compromisos internacionales que obligan al Estado a compartir información confiable y verificable sobre el fenómeno del narcotráfico.

Incluso, explicó que Estados Unidos ha elevado el nivel de prioridad, monitoreo y seguimiento sobre la situación del narcotráfico en el país.

Tendencia a la baja

De acuerdo con el Anuario Estadístico de la Policía Nacional de 2021, el último disponible en su sitio web, durante ese año se decomisaron más de seis toneladas de cocaína y casi siete toneladas de marihuana en Nicaragua. El mayor pico histórico de incautaciones se registró en 2008, cuando Daniel Ortega retornó al poder, año en el que las autoridades reportaron el decomiso de más de 15 toneladas de cocaína. Desde entonces, las cifras oficiales muestran una tendencia sostenida a la baja en los decomisos de drogas.

El Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) 2025 del Departamento de Estado de EE. UU., señala que Nicaragua no coopera de forma regular con solicitudes de información en cuanto a datos clave sobre incautaciones, rutas ni actores criminales. Incluso, en la mayoría de operativos de decomisos de droga en el país, no se logra la captura de los narcotraficantes.

Durante 2025, las autoridades nicaragüenses no publicaron un balance anual oficial sobre las incautaciones de droga. No obstante, de acuerdo con reportes difundidos por medios oficialistas, se registraron operativos aislados de decomiso en distintos puntos del país.

Un recuento realizado por LA PRENSA estima que el año pasado Nicaragua habría incautado al menos 5.4 toneladas de droga a nivel nacional, una cifra considerablemente superior a la reportada en los primeros nueve meses de 2024, cuando el Gobierno de Estados Unidos informó que el país alcanzó a decomisar apenas 1.29 toneladas métricas (TM) de cocaína, según el INCSR 2025.

Lea también: Aumenta flujo de nicaragüenses en Peñas Blancas y se generan extensas filas

Esta cifra es ligeramente inferior a las 1.43 TM del mismo período de 2023. Las incautaciones de efectivo aumentaron de 1.5 millones de dólares en 2023 a 2.1 millones de dólares ese mismo año. Para los estadounidenses, la corrupción generalizada y la deficiente infraestructura de seguridad convierten a Nicaragua en un punto de tránsito crítico para narcóticos.

El régimen y sus vínculos con el narcotráfico

En septiembre de 2025, el presidente de Estados Unidos Donald Trump incluyó a Nicaragua en una lista de países señalados ante el Congreso como importantes en el tránsito de drogas ilícitas o en su producción, y meses antes, en enero, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió sobre el riesgo que representa el régimen de Ortega para la seguridad nacional de Estados Unidos y afirmó que la democracia en el país centroamericano “ha sido completamente aniquilada”.

Recientemente, un portavoz del Departamento de Estado cuestionó la “insuficiencia de medidas” del régimen sandinista en la lucha contra el narcotráfico y señaló que el país no cumple con sus convenios a nivel internacional. También recordó que la dictadura “Murillo-Ortega” y el Frente Sandinista han mantenido “vínculos con el narcotráfico de larga data”, los cuales se “remontan a la década de los ochenta, incluyendo acusaciones de colusión con narcotraficantes para obtener beneficios financieros y políticos”.

“Nicaragua continúa incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de control de drogas y, a lo largo del tiempo, ha ignorado las solicitudes de colaboración del Gobierno de Estados Unidos para combatir el narcotráfico tanto dentro de su territorio como en toda la región”, expresó el funcionario estadounidense a LA PRENSA.

En respuesta a estas declaraciones, emitidas el 28 de marzo de 2026, el régimen sandinista informó sobre la incautación de más de una tonelada de cocaína durante un operativo de la Policía Nacional en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en el municipio de Cárdenas, Rivas. Según la versión oficial, se trató de un cargamento de 1,312 kilogramos de cocaína que ingresaba desde Costa Rica y tenía como destino final Guatemala.

Otro analista en temas de seguridad, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, señaló que el problema se remonta a la época en que Aminta Granera dirigía la Policía Nacional. Aunque entonces se publicaba el anuario institucional, comenzó a restringirse el acceso a la información para medios de comunicación y organismos especializados, vulnerando el derecho a la información.

A su juicio, la situación se agravó después de 2018, cuando se pasó a una censura total. Esto significó que los resultados y compromisos asumidos por los jefes policiales en Centroamérica dejaron de hacerse públicos y, con el tiempo, fueron relegados al olvido.

Puede leer también: Amenazas desde lejos: la violencia que no se detiene cuando el agresor migra

“Todo fue consecuencia de una política no escrita de no compartir información ni siquiera entre homólogos y, mucho menos, con la ciudadanía, que dejó de tener acceso a los datos. Enterraron la institucionalidad y el resultado es la ausencia de políticas públicas”, expresó.

Asimismo, explicó que las estadísticas son fundamentales para dimensionar la magnitud real sobre el narcotráfico en Nicaragua. Estos datos permiten no solo estimar la cantidad de drogas que circulan en el país —incluyendo las sustancias consumidas y las incautadas—, sino también dar seguimiento a los procesos legales que enfrentan las personas detenidas por estos delitos, desde su captura hasta las sentencias judiciales.

La ausencia o manipulación de esta información impide evaluar la eficacia de las políticas de seguridad y combate al narcotráfico. Se trata de una problemática estructural que involucra tanto a la Policía Nacional, encargada de las investigaciones y decomisos, como al Poder Judicial, responsable de procesar y sancionar los delitos, lo que demuestra que el fenómeno trasciende el ámbito operativo y afecta el funcionamiento institucional del Estado.

Más decomiso de droga

En los últimos años, Nicaragua ha sostenido un discurso triunfalista frente al combate al narcotráfico. Sin embargo, los hechos recientes lo contradicen. El miércoles 18 de marzo, autoridades británicas interceptaron casi una tonelada de cocaína en el muelle de Southampton, en el condado de Hampshire. La droga era transportada en un contenedor de plátanos que salió de Nicaragua, hizo escala en Panamá y fue incautada finalmente en el Reino Unido.

Este decomiso representa un golpe directo al discurso oficial, que asegura mantener un “muro de contención” contra el narcotráfico. Hasta ahora, el régimen sandinista no se ha pronunciado sobre el operativo en territorio británico. No se trata de un caso aislado: otras incautaciones internacionales han puesto en evidencia esa narrativa, como el decomiso de una tonelada de cocaína en Rusia en 2024 que había salido de Nicaragua.

A ello se suma la reciente incautación en El Salvador de 6.6 toneladas de droga, valoradas en 165 millones de dólares en el mercado ilícito, en un caso que involucra a tres ciudadanos nicaragüenses entre los tripulantes del buque que transportaba la sustancia.

Previo a ese operativo, en enero, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó que la Policía Nacional Civil incautó una embarcación que habría partido de Nicaragua y que transportaba un cargamento de droga valorado en 9.4 millones de dólares, con destino a Guatemala. Un mes antes, en diciembre, las autoridades salvadoreñas interceptaron otro alijo de estupefacientes, estimado en más de 11 millones de dólares, que también provenía de Nicaragua, según la versión oficial.

Lea también: Tras 90 años, El Diario de Hoy suspendió su edición impresa y se tornó 100% digital

En ambas ocasiones, el Ejército de Nicaragua rechazó tajantemente que la droga hubiese zarpado desde su territorio o transitado por aguas marítimas salvadoreñas rumbo a Guatemala. En su lugar, sostuvo que el cargamento “proviene del sur de la región, navegando en aguas lejanas de nuestros litorales”, sin ofrecer mayores detalles que respaldaran esa afirmación.

Cabe recordar que Nicaragua atravesó un período específico en el que la Policía reportó incautaciones millonarias de dinero en efectivo vinculado al narcotráfico, una práctica que comenzó a hacerse visible a partir de 2018. El caso más emblemático ocurrió en febrero de 2022, cuando las autoridades informaron la incautación de 2.9 millones de dólares en efectivo en la zona fronteriza de Las Tablillas, en el departamento de Río San Juan.

Este y otros episodios llevaron a analistas y expertos a denominar ese lapso como los años del “narcodólar”, un fenómeno que generó fuertes cuestionamientos debido a la falta de capturas, procesos judiciales claros y explicaciones sobre el origen y destino final de esos fondos.

Estados Unidos presiona a Ortega

La administración de Donald Trump mantiene una presión constante sobre Nicaragua en el contexto del proceso judicial contra el venezolano Nicolás Maduro, llevado ante los tribunales de Nueva York por cargos de narcoterrorismo. En el caso nicaragüense, el Gobierno de Estados Unidos ha recurrido principalmente al Departamento del Tesoro y a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como instrumentos para sancionar a funcionarios clave del aparato de seguridad y del sistema financiero del régimen sandinista.

En esa línea, el 18 de febrero, el Departamento de Estado sancionó a Roberto Clemente Guevara Gómez, director del área de Máxima Seguridad del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocida como La Modelo, ubicada en Tipitapa. Washington lo señala por violaciones a los derechos humanos, específicamente por su presunta participación en una “violación grave de los derechos humanos de un preso político”.

A esta presión se suman herramientas comerciales y financieras, como la eventual exclusión de Nicaragua de los beneficios del CAFTA-DR, así como la activación de la Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act y la Nica Act, que condicionan el acceso del país a créditos y financiamiento internacional. En términos prácticos, el mensaje de Washington es claro: si Nicaragua no coopera ni transparenta su actuación, Estados Unidos incrementa su aislamiento y profundiza las sanciones.