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Hace casi dos semanas, pobladores de la ciudad de Matagalpa y de comunidades cercanas decidieron organizarse para realizar recorridos de vigilancia en motocicleta ante el aumento de robos y asaltos armados reportados en la zona. La iniciativa surgió, según pobladores, por la preocupación generada por la inseguridad y al percibir el descontrol de las autoridades frente a algunos hechos delictivos.
Sin embargo, lo que comenzó como un esfuerzo ciudadano —en su mayoría por jóvenes— para reforzar la seguridad, terminó generando preocupación entre los participantes. Algunos de los involucrados en estos patrullajes habrían sido amenazados con ser detenidos posteriormente, en circunstancias que pobladores vinculan con la organización de estas rondas de vigilancia comunitaria.
El periodista y ex preso político, Miguel Mendoza, denunció a través de sus redes sociales que los patrullajes ciudadanos comenzaron el pasado 2 de julio. Según su relato, la iniciativa fue cobrando fuerza rápidamente y, al día siguiente, se sumaron más voluntarios a las rondas comunitarias.
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De acuerdo con Mendoza, el crecimiento de la convocatoria generó preocupación entre las autoridades policiales, que habrían intervenido para frenar los recorridos. Asimismo, denunció que varios de los participantes fueron detenidos posteriormente, lo que ha generado inquietud entre quienes apoyaban esta iniciativa de vigilancia ciudadana.
«Mucho alboroto hicieron»
LA PRENSA conversó con dos de los motociclistas que participan en estos recorridos de vigilancia. Ambos solicitaron mantener el anonimato por temor a represalias.
Uno de ellos, a quien llamaremos «Carlos», aseguró que se sumó a la iniciativa desde el segundo día de su puesta en marcha y confirmó que la Policía retuvo a varios motociclistas poco después de que comenzaran los recorridos por las calles.
Según su relato, la situación se tensó cuando algunos participantes empezaron a hacer sonar pitos y resonadores para anunciar el inicio de la caravana de manera autoconvocada. Aunque, según dijo, el objetivo era organizarse sin fines políticos, las autoridades interpretaron la acción como un posible intento de protesta o levantamiento y procedieron a realizar detenciones.
El segundo entrevistado señaló que el grupo de motociclistas interceptado por la Policía cometió un error al recorrer las calles haciendo sonar pitos y resonadores. A su juicio, esa conducta llamó la atención de las autoridades y generó sospechas innecesarias. «Esa vez se les salió el control, por eso la Policía se movilizó», insistió.
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Según explicó, la intención original era realizar labores de vigilancia comunitaria y mantenerse alejados de cualquier actividad que pudiera interpretarse como una manifestación pública o una acción de carácter político.
Menos delincuencia en las calles
El periodista Miguel Mendoza denunció que varias de las detenciones realizadas por la Policía se prolongaron durante horas e incluso que algunos motociclistas permanecieron encarcelados por varios días. Aunque las autoridades no han informado oficialmente sobre estos hechos, las fuentes consultadas aseguraron que los recorridos de vigilancia continúan realizándose.
Actualmente, unos 30 motociclistas están organizados en tres grupos y participan en rondas nocturnas para prevenir robos y asaltos. Según las fuentes, cuando detectan a personas portando armas blancas, como cuchillos o machetes, les decomisan estos objetos. En los casos en que sorprenden a alguien presuntamente cometiendo un delito, lo retienen y lo entregan a la Policía.
En un video divulgado por Mendoza se observa a uno de los motociclistas trasladando a un supuesto ladrón hasta una estación policial luego de que fuera grabado cuando presuntamente robaba a una persona. En las imágenes también se aprecia al hombre quejándose de dolor tras recibir un puñetazo en el estómago por parte de quien lo condujo hasta la delegación.
De acuerdo con una de las fuentes entrevistadas, antes del inicio de estas vigilancias se registraban entre 11 y 12 asaltos diarios, la mayoría cometidos con armas blancas. Sin embargo, asegura que desde que comenzaron las rondas nocturnas, la incidencia de estos delitos ha disminuido.
«Los mismos vecinos nos dicen que ahora se sienten más seguros y que han visto un cambio en la situación», afirmó el entrevistado.
Según los organizadores, desde que comenzaron estos patrullajes han decomisado aproximadamente 128 armas blancas. Pese al aumento de la presencia policial en las calles desde que iniciaron las vigilancias ciudadanas, «Carlos» afirmó que los motociclistas mantendrán los recorridos nocturnos.
Ley nicaragüense respalda a autoconvocados
Un abogado consultado por LA PRENSA consideró que la detención de ciudadanos autoconvocados que participan en labores de vigilancia comunitaria podría interpretarse como una restricción al ejercicio de derechos fundamentales relacionados con la seguridad ciudadana.
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El jurista explicó que la Constitución Política de Nicaragua reconoce en el artículo 27, inciso 2, el derecho de toda persona a la seguridad. Señaló que el artículo 46 establece que los nicaragüenses son protagonistas en la formulación, ejecución, evaluación, control y seguimiento de las políticas públicas.
A partir de estos principios, sostuvo que la seguridad ciudadana también requiere la participación responsable de la población, siempre dentro de los límites establecidos por la ley.
En cuanto a la retención de presuntos delincuentes por parte de ciudadanos organizados, el especialista recordó que el Código Procesal Penal, en su artículo 231, autoriza a cualquier particular a detener a una persona sorprendida en flagrancia cometiendo un delito que conlleve pena privativa de libertad.
No obstante, advirtió que esta facultad no convierte a los ciudadanos en policías ni en jueces. Por ello, subrayó que la actuación de los particulares debe limitarse a impedir la continuación del delito o evitar la fuga del presunto responsable, para posteriormente entregarlo de inmediato a las autoridades competentes.
«Control estatal»
Además, el abogado sostuvo que la participación ciudadana frente a un robo o una agresión puede ser tanto legal como legítima, siempre que se ejerza con prudencia, se respeten los derechos humanos y no se incurra en nuevas conductas delictivas.
El especialista añadió que el artículo 34 del Código Penal reconoce la figura de la legítima defensa, tanto de la persona como de derechos propios o ajenos, siempre que exista una agresión ilegítima y se cumplan los demás requisitos establecidos por la ley.
«Esto significa que la fuerza empleada debe limitarse estrictamente a la necesaria para neutralizar la agresión o efectuar la aprehensión, evitando cualquier acto de venganza, castigo o violencia innecesaria», explicó.
A juicio del jurista, las acciones de la Policía para impedir que ciudadanos autoconvocados participen en labores de vigilancia comunitaria constituyen una limitación al ejercicio de derechos ciudadanos relacionados con la seguridad.
