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Las guerras alguna vez destruyeron puertos, redes eléctricas y ferrocarriles. Hoy, apuntan cada vez más a algo menos visible y mucho más difícil de reemplazar: la infraestructura pública digital (DPI), es decir, las plataformas de identidad, los sistemas de pago y los intercambios de datos, de los que dependen las sociedades modernas.
La guerra en Irán ha puesto de manifiesto esta fragilidad de maneras que pocos gobiernos habían previsto. A medida que el conflicto se extendió más allá de los campos de batalla convencionales, la atención se desplazó rápidamente de los activos militares a la infraestructura digital, como los centros de datos, los proveedores de servicios en la nube y las plataformas tecnológicas integradas en las cadenas de suministro globales. Al mismo tiempo, el cierre del estrecho de Ormuz ha amenazado el suministro de aluminio, helio y gas natural licuado —insumos críticos para la fabricación de semiconductores— y, por extensión, la infraestructura en la nube que permite a los gobiernos prestar servicios públicos esenciales.
Esta vulnerabilidad estructural plantea una cuestión fundamental que los responsables políticos apenas están empezando a abordar: ¿Qué significa la soberanía en una era de agitación geopolítica y poder digital concentrado?
La DPI se encuentra en el centro de ese debate. India, Brasil y Estonia han demostrado lo que pueden lograr los sistemas digitales bien diseñados: menor corrupción, mayor inclusión financiera y mejoras drásticas en la prestación de servicios públicos. Sin embargo, ser propietario de la aplicación no es lo mismo que ser propietario de la infraestructura sobre la que se ejecuta. Los gobiernos que pasan por alto esta distinción se exponen a cuatro riesgos estratégicos.
El primer riesgo es la ilusión de control. Los gobiernos que desarrollan servicios digitales nacionales suelen creer que han asegurado la capacidad estratégica. En realidad, los aspectos más importantes —la computación en la nube, las cadenas de suministro de semiconductores, la infraestructura de modelos de IA y las redes de telecomunicaciones— se concentran en manos de un pequeño número de empresas privadas, la mayoría con sede en tan solo unos pocos países. Cuando una de estas empresas modifica sus políticas, revisa sus requisitos de cumplimiento o queda sujeta a controles de exportación, las consecuencias pueden ir mucho más allá de lo que cualquier gobierno afectado haya previsto.
La disputa entre Anthropic y el gobierno estadounidense es un ejemplo de ello. A principios de junio, la administración del presidente estadounidense Donald Trump ordenó a la empresa que suspendiera acceso a sus dos modelos más avanzados para usuarios extranjeros, solo para levantar algunas de esas restricciones dos semanas después. Gobiernos de todo el mundo que habían integrado los modelos de Anthropic en sus propios sistemas descubrieron que sus capacidades digitales estaban sujetas a decisiones tomadas en Washington.
En segundo lugar, el éxito en sí mismo puede convertirse en una fuente de fragilidad. La Interfaz Unificada de Pagos (UPI) de la India y la plataforma de pagos instantáneos Pix de Brasil procesan cientos de millones de transacciones diarias. Si bien estos sistemas son extraordinarios, se han integrado tan profundamente en la vida económica cotidiana que una interrupción prolongada no solo causaría inconvenientes a los usuarios, sino que perturbaría el comercio, retrasaría los pagos de asistencia social y desencadenaría una crisis de gobernanza en cuestión de horas.
Sin duda, se podría argumentar que la eficiencia que generan estos sistemas compensa los riesgos, que se les puede incorporar redundancia y que ningún gobierno desactivaría deliberadamente su propia infraestructura. Pero la cuestión no es si los gobiernos interrumpirían intencionadamente los sistemas críticos, sino si las profundas interdependencias tecnológicas pueden provocar interrupciones sin que nadie lo pretenda.
A medida que estos sistemas se integran cada vez más, es improbable que los fallos permanezcan aislados. En muchos países, la identidad digital es ahora la base de la banca, las elecciones, las telecomunicaciones, la administración tributaria y la protección social.
Un fallo en la capa de identidad puede propagarse en cascada por sistemas interconectados. Un error de autenticación impide el acceso de las personas a sus cuentas bancarias, lo que provoca interrupciones en los pagos que privan a las familias de transferencias de efectivo vitales y hace inaccesibles los servicios de telecomunicaciones, salud y gubernamentales que dependen de la verificación de identidad. Para cuando los ingenieros encuentran la falla técnica, la crisis política ya está en marcha. Cuanto más integrado esté el sistema, más actúa un único punto de fallo como detonante.
El tercer riesgo es la concentración del mercado. La economía digital global depende ahora de un número sorprendentemente reducido de proveedores de servicios en la nube, modelos de IA, sistemas operativos, diseñadores de chips y operadores de cables submarinos. Esta concentración ha generado una enorme eficiencia, pero también ha creado vulnerabilidades sistémicas sin precedentes. Una crisis geopolítica, un ciberataque o restricciones regulatorias que afecten a tan solo unas pocas empresas tienen repercusiones en las economías de todo el mundo.
Lamentablemente, muchos gobiernos lo han descubierto a posteriori. Al crear sofisticados servicios públicos digitales y externalizar la infraestructura de la que dependen, han digitalizado de facto el sector público, pero a la vez han deslocalizado su sistema nervioso.
Y luego está el propio Estado. Los sistemas de identidad digital y las plataformas de pago no solo automatizan la administración pública. Al concentrar la información, la toma de decisiones y la autoridad operativa, redistribuyen el poder dentro de ella. Sin sólidas protecciones legales y una supervisión independiente, la misma infraestructura que gestiona las ayudas sociales puede convertirse en un instrumento de exclusión, vigilancia y control político.
Sin embargo, la confianza no se puede agregar a DPI después de su implementación. Debe estar integrada en la arquitectura. Desde el principio. Los gobiernos que descuidan estos fundamentos no solo ignoran el riesgo, sino que lo crean.
Nada de esto resta valor a la importancia de la DPI. Sin embargo, para que se cumpla su promesa, se requiere una concepción más amplia de lo que implica una transformación digital exitosa. En el plano técnico, los gobiernos deben construir sistemas capaces de soportar el fallo de cualquier componente individual mediante la federación, la interoperabilidad, la redundancia y la resiliencia sin conexión.
A nivel institucional, los órganos que rigen el DPI deben ser genuinamente independientes, transparentes y responsables. Los comités asesores sin poder de intervención no sustituyen la supervisión rigurosa por parte de los órganos legislativos, la sociedad civil y los auditores externos.
Los acontecimientos geopolíticos de los últimos años han transformado la infraestructura en un ámbito de competencia estratégica, y los sistemas digitales no son una excepción. Diseñados para prestar servicios públicos, ahora sustentan el poder estatal y la influencia geopolítica.
Los gobiernos deben reconocer las dependencias que generan las (DPI) y las vulnerabilidades que conllevan. Los fundamentos digitales del Estado ya no son una mera cuestión administrativa. Son un asunto de seguridad nacional y deben tratarse como tal.
El autor es expresidente de la Autoridad Nacional de Bases de Datos y Registro de Pakistán y exasesor técnico principal del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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