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Tras analizar la urgente necesidad de refundar nuestro sistema de justicia y de comprender los engranajes que nos mantienen atrapados en una rueda giratoria de dictaduras dinámicas, es imperativo dirigir la mirada hacia el núcleo del problema. El verdadero motor que hace girar esa rueda del eterno retorno no es un fenómeno abstracto; tiene un dueño institucional concreto, un nombre y un espacio físico: la concentración absoluta del poder en la figura del presidente de la República. El hiperpresidencialismo nicaragüense no es una forma de gobierno democrático; es una monarquía disfrazada en las leyes que corrompen al que se sienta en ella y anula cualquier intento de institucionalidad.
El drama histórico de nuestra nación es que hemos gastado décadas combatiendo a los tiranos de turno mientras dejamos intacto el trono que los fabrica. Si la silla presidencial sigue diseñada para otorgar un control total sobre la vida, los bienes y las leyes de los ciudadanos, la aparición de un nuevo dictador no es un accidente; es una simple consecuencia del sistema.
La herencia patrimonial y la lucha por el botín
Para desarmar este mecanismo, es indispensable acudir a la lucidez de nuestra propia historia. En su obra fundamental La lucha por el poder, el expresidente Enrique Bolaños Geyer diseccionó con precisión la enfermedad de origen que arrastra nuestra República: la concepción del Estado como una propiedad personal. El expresidente Bolaños demostró cómo, desde los inicios de nuestra independencia, la política nicaragüense se transformó en una violenta competencia de facciones cuyo único objetivo real era capturar la presidencia para usarla como un botín familiar partidario.
En teoría el presidencialismo es un sistema donde el Ejecutivo administra el Estado bajo el estricto control y contrapeso del Parlamento y los jueces. Sin embargo, en Nicaragua este modelo se deformó en un hiperpresidencialismo: una alteración donde el ejecutivo no tiene frenos y absorbe a los demás poderes del Estado. Nuestra historia es un muestrario de esta patología: desde la Constitución “La Libérrima” de 1893, que bajo el libreto liberal terminó otorgándole poderes dictatoriales a José Santos Zelaya, pasando por las reformas a la medida y los pactos dinásticos de Anastasio Somoza García, hasta el control absoluto totalitario consolidado por Daniel Ortega mediante reformas constitucionales consecutivas.
Esta mentalidad de adueñarse del país ha deformado las leyes de Nicaragua. En nuestro diseño actual, la división de poderes es una total ilusión. El presidente no convive con el Poder Legislativo, el Judicial y el Electoral; los absorbe por completo y los pone a su servicio. Cuando un solo hombre tiene el poder de decidir el destino del presupuesto nacional, someter a los magistrados que administran la justicia, ordenar a los diputados las leyes que deben aprobar y controlar las armas del país mediante la lealtad personal de la Policía Nacional y el Ejercito, la república desaparece. El hiperpresidencialismo convierte al mandatario en un jefe absoluto inmune al control de los ciudadanos.
El mito del “buen caudillo” y el filtro inverso
Nuestra cultura política ha sido históricamente mesiánica. Vivimos con la falsa idea de que para salir de la crisis solo necesitamos encontrar un gobernante inmaculado, un líder perfecto que use ese poder absoluto para hacer el bien. Sin embargo, la historia de Nicaragua demuestra que depositar expectativas democráticas en una estructura sin límites es una trampa trágica.
Este diseño institucional genera un peligroso filtro inverso. Al concentrar tanta impunidad, control y discrecionalidad, el hiperpresidencialismo no es una escuela de gobernantes, sino el imán perfecto para los perfiles más autoritarios, ambiciosos y carentes de escrúpulos de la sociedad. Tiranías como la somocista o la orteguista no son accidentes biográficos de personajes que sufrieron una metamorfosis en el cargo; son el resultado predecible de un sistema que premia la crueldad y la astucia para capturar el Estado, mientras aleja a los profesionales capaces, técnicos y honestos que se niegan a someter su mérito a la obediencia ciega hacia un jefe supremo. No necesitamos santos en las cúpulas del poder; necesitamos reglas del juego tan sólidas que impidan que un autócrata destruya la nación.
¿Cómo desactivar el engranaje del absolutismo?
Para romper definitivamente este bucle, la ciudadanía y las fuerzas democráticas debemos asumir un cambio radical de estrategia. No se trata simplemente de esperar un proceso electoral para sustituir a un autócrata por un gobernante civil de mejores modales, dejando intactas las llaves del control absoluto. El primer paso fundamental es desmitificar la figura presidencial. Debemos transicionar hacia una cultura verdaderamente parlamentaria y descentralizada, donde el Poder Ejecutivo deje de ser el centro de gravedad de la nación y se convierta en lo que siempre debió ser: un órgano estrictamente administrativo, fiscalizado día a día por una Asamblea Nacional independiente y con dientes para exigir rendición de cuentas.
Esto requiere que la sociedad nicaragüense deje de validar los pactos de cúpulas y las reformas constitucionales a la medida del gobernante. La reconstrucción del país exige blindar la ley primera para que ningún presidente pueda interferir en el nombramiento de los jueces ni en la línea de mando de las fuerzas de seguridad. Los tribunales de justicia y la policía deben responder a un sistema de carrera profesional basado en el mérito académico y la solvencia ética, completamente aislados del capricho o el dedazo del gobernante de turno. Solo arrancándole al Ejecutivo el control sobre los jueces y sobre las armas podremos asegurar que la ley esté por encima de los hombres.
Asimismo, detener la rueda giratoria nos obliga a reconstruir la democracia desde abajo, fortaleciendo la autonomía real de los municipios. El desarrollo de los pueblos y la gestión de lo cotidiano no pueden seguir dependiendo de la sumisión de las alcaldías al centralismo de la capital. Cuando descentralizamos el poder y distribuimos las decisiones en el territorio, fragmentamos el botín que los caudillos buscan capturar. La verdadera garantía de que el autoritarismo no vuelva a nacer está en una ciudadanía activa que aprenda a auditar a sus autoridades locales, entendiendo que el poder disperso es mucho más difícil de someter que un poder concentrado en un solo escritorio.
El fin del vasallaje político
La transformación profunda de la sociedad nicaragüense no se logrará simplemente con cambiar un rostro en el poder o una bandera partidaria, sino cuando asumamos que una verdadera república es incompatible con la existencia de un jefe supremo. Mientras sigamos tratando la gestión pública como un acto de fe y no como un contrato civil, seguiremos atrapados esperando la benevolencia del palacio de turno.
Como bien advirtió el expresidente Bolaños al examinar las ambiciones que desangraron al país, el control absoluto es una ilusión que siempre arrastra a la nación hacia el colapso. El desafío histórico que tenemos enfrente no es ocupar la silla presidencial para gobernar con mejores intenciones, sino desmantelar el mecanismo que permite que un solo cargo decida el destino de todos. Solo cuando convirtamos la presidencia en un puesto de servicio estrictamente administrativo, despojado de impunidad y de cultos personales, seremos capaces de clausurar para siempre la fábrica de dictadores y fundar una república habitada por ciudadanos genuinamente libres.
El autor es abogado defensor de Derechos Humanos y miembro del Consejo Ejecutivo de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN).
