Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha generado que varias profesiones en Nicaragua pasen a ser consideradas de alto riesgo debido al nivel de persecución que existe sobre las personas que se dedican a estas.
En Nicaragua ser sacerdote, periodista, médico, abogado, maestro, ambientalista, politólogo y hasta historiador puede ser motivo de persecución. Recientemente, cerca de más de dos mil abogados se dieron cuenta de que fueron eliminados del registro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quedando sin posibilidades de seguir ejerciendo su profesión.
Muchos de estos abogados afectados seguían ejerciendo dentro de Nicaragua y otros dejaron de hacerlo por salir al exilio tras sufrir persecución por parte de la dictadura orteguista.
Anteriormente, en 2023, la dictadura ya había suspendido a 25 abogados que fueron declarados traidores a la patria. Entre ellos se encontraban algunos que fueron presos políticos como Ana Margarita Vijil, Noel Vidaurre, Moisés Astorga o José Pallais.
También algunos defensores de derechos humanos que plantaron cara a la dictadura defendiendo en víctimas de la represión como Gonzalo Carrión, Vilma Núñez, Yonarqui Martínez, María Oviedo, entre otros.
Lea también: Dictadura orteguista decreta «muerte jurídica» a 2 mil abogados
Por otro lado, la dictadura aún mantiene en sus cárceles a abogados que fueron detenidos y sufren represalias políticas como el caso de José Manuel Urbina Lara, quien fue apresado tras un accidente de tránsito en donde perdió la vida una persona a la que le dio “ride”, en marzo de 2021.
La maquinaria del régimen no le permitió llegar a un acuerdo económico con la familia y fue condenado a cuatro años de cárcel. Dicha condena fue cumplida en enero de 2025, pero hasta la fecha la dictadura lo mantiene como su prisionero.
Periodismo en extinción
Otra profesión considerada de alto riesgo en Nicaragua es la del periodismo. Los reporteros nicaragüenses han sufrido todo tipo de represalias que van desde la cárcel y el exilio, hasta el asesinato del periodista Ángel Gahona en Bluefields, en 2018, mientras daba cobertura a las manifestaciones en contra del régimen.
Además, algunos periodistas como Lucía Pineda Ubau, Miguel Mendoza o Víctor Ticay fueron encarcelados por ejercer su profesión, mientras que otros como Luis Galeano, Carlos Fernando Chamorro, Álvaro Navarro y más, han sido desnacionalizados por la dictadura de los Ortega Murillo.
Un informe de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) señaló que al menos 310 periodistas y trabajadores de medios de comunicación se han exiliado entre 2018 y junio de 2026.
Algunos de estos periodistas han continuado ejerciendo su profesión fuera de su país, pero FLED concluye en que el exilio tampoco es seguro para ellos debido al aumento de los casos de represión transnacional, sobre todo en Costa Rica.
La organización documentó 24 casos de agresiones contra medios y periodistas independientes en Nicaragua durante el segundo trimestre de 2026. Resalta que estas situaciones “continúan respondiendo a un patrón de control, intimidación y desgaste”. El objetivo del régimen es impedir que continúen informando.
Religiosos perseguidos
Varios sacerdotes de la Iglesia católica han sufrido represalias por parte del régimen, debido a su labor pastoral, su acompañamiento con los oprimidos por la dictadura y su crítica a los vejámenes de los Ortega Murillo.
Según Human Rights Watch, entre 2023 y 2025, más de 200 religiosos han sido obligados al exilio, deportados o impedidos de regresar al país. Además, decenas de sacerdotes y obispos han sido detenidos y posteriormente expulsados del país.
El caso más emblemático es el del obispo Rolando Álvarez, quien se convirtió en una de las voces más críticas contra la dictadura. Fue detenido en agosto de 2022 y condenado a 26 años de prisión por menoscabo a la integridad nacional.
Lea también: Eliminación masiva de abogados causa caos jurídico en Nicaragua
Álvarez fue desterrado al Vaticano en enero de 2024 junto al obispo de Siuna, Isidoro Mora y otros sacerdotes que también estaban detenidos.
Más recientemente, el obispo emérito de la Diócesis de Estelí, Abelardo Mata fue puesto en arresto domiciliar, después de que orara en una misa por la iglesia perseguida y por monseñor Rolando Álvarez.
Desde 2018, la dictadura ha emprendido una arremetida contra la Iglesia católica. Han expulsado del país a congregaciones de monjas, confiscado propiedades y universidades, así como encarcelado, desterrado y desnacionalizado a miembros del clero nicaragüense.
Otras profesiones de alto riesgo
En Nicaragua hay profesiones que se han convertido en actividades de riesgo cuando las personas que las ejercen cuestionan los métodos del régimen. Algunos de estos son los médicos, que empezaron a ser perseguidos tras las protestas de 2018 porque no siguieron la directriz de la entonces ministra de salud, Sonia Castro, de no atender a manifestantes heridos por la represión orteguista.
La Asociación Médica Nicaragüense contabilizó que solo entre julio y agosto de 2018, en los meses más fuertes de la represión, al menos 135 médicos, enfermeros y trabajadores de la salud despedidos.
También, varios médicos fueron despedidos y posteriormente, la dictadura comenzó a perseguir a quienes no estuvieran de acuerdo con su gestión de la pandemia del Covid19.
Maestros y ambientalistas
Por otro lado, los maestros también han denunciado ser víctimas de despidos, vigilancia y presiones políticas por expresar opiniones críticas al régimen o por que se niegan a respaldar actividades partidarias que ordena la dictadura.
Los ambientalistas también han sido objeto de hostigamiento por denunciar la deforestación, la minería, el impacto ambiental de grandes proyectos en reservar protegidas o las invasiones a territorios indígenas.
Actualmente, el régimen mantiene como presos políticos a ocho guardabosques mayangnas desde 2021. Estos son Dionisio Robins Zacarías, Donald Andrés Bruno Arcángel, Argüello Celso Lino, Ignacio Celso Lino, Rodrigo Bruno Arcángel, Tony Bruno Smith, Oliver Bruno Palacios y Evertz Antonio Bruno Palacios.
Varias organizaciones ambientalistas como Fundación del Río han sido canceladas y algunos defensores del medio ambiente han optado por el exilio debido a las amenazas de ser encarcelados o incluso asesinados.
