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El jueves 12 de marzo de 2026, el cuerpo de Meyling Aguilar Mendoza apareció flotando en las aguas del Río Estero Real, en el departamento de Chinandega. Su muerte no sorprendió a su madre, Martha Lorena Mendoza, quien desde hacía tiempo temía que algo así ocurriera.
Su sospecha apuntaba a un solo nombre, el cónyuge de Meyling, Cruz López Ponce, quien emigró hacia Estados Unidos, y a pesar de encontrarse a miles de kilómetros, la amenazaba de muerte.
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“Él estaba en los Estados (Unidos) y desde allí la amenazaba, le decía que la iba a desaparecer. Ella una vez hasta me llamó llorando para contarme”, recuerda la madre.
Martha Lorena cuenta que el hombre cumplió sus amenazas, regresó a Nicaragua y dos meses después la asesinó.
La historia de Meyling muestra una forma de violencia grave que ejercen algunos hombres migrantes, desde la distancia, contra las mujeres que permanecen en sus países de origen.
Cruz López enviaba dinero para su esposa e hijos desde el extranjero, pero junto con las remesas también llegaban las amenazas vía telefónica. Las llamadas intimidantes no solo las conocía Meyling; también las escucharon sus hijas.
La violencia que viaja por teléfono
En las familias separadas por la migración, la distancia puede modificar la forma en que se ejerce la violencia.
Paradójicamente, cuando el agresor emigra puede disminuir la violencia física directa, pero aumentan otras formas de abuso como el psicológico, económico y de control.
Las relaciones de pareja pasan a depender de llamadas, mensajes y de las redes sociales, mientras el dinero que el migrante envía al hogar se convierte en una herramienta de poder y control sobre las mujeres.
Para la defensora de derechos humanos Ana Quirós, experta en salud pública y violencia de género, uno de los mayores errores es minimizar las amenazas verbales.
“La violencia no es solo golpes, también está en las palabras fuertes y en las amenazas. Lo primero que debemos pensar es que si el hombre está amenazando es porque ha pensado en ejecutar esas amenazas. No debemos despreciarlas”, advierte.
Quirós advierte que cuando un hombre amenaza con matar a una mujer, él está dispuesto a hacerlo, “la mujer está educada para creerle y darle otra oportunidad al hombre, entonces quizás dicen: ‘tal vez son solo palabras’. Pero si ya las pensó, él piensa ejecutarlas”, dijo Quirós.
María Teresa Blandón: “Las razones son más complejas”
Para la feminista y socióloga María Teresa Blandón, la permanencia de muchas mujeres en relaciones abusivas no responde a ingenuidad ni a falta de conciencia, sino a un entramado complejo de presiones económicas, institucionales y culturales.
Uno de los factores más determinantes aparece cuando el hombre migra y la mujer se queda en el país con los hijos. En esas circunstancias, explica Blandón, el migrante suele tener un mecanismo de coerción muy poderoso: la manutención económica.
Si la mujer está desempleada o tiene hijos pequeños, sus posibilidades de incorporarse al mercado laboral se reducen considerablemente.
“Muchas mujeres dicen: si me peleo con este hombre o lo dejo, él va a dejar de mandar dinero. ¿Y con qué voy a mantener a mis hijos?”, explicó.
Esta dependencia económica se convierte en un factor que obliga a las mujeres a mantener vínculos con el agresor, incluso cuando existen amenazas o violencia psicológica.
Instituciones no responden
Un segundo factor que explica Blandón es la falta de protección institucional, cuando las mujeres que intentan denunciar amenazas provenientes de parejas que están en el extranjero, no reciben atención efectiva por parte de las autoridades.
“Van a la Policía y dicen: ‘Mi expareja me amenazó por Facebook o por teléfono’. Y los oficiales les responden: ‘Pero si él no está aquí, no puede hacerle nada’”.
Para la experta, ese tipo de respuestas desactiva cualquier intento de prevención y añade, “hay casos en los que ni siquiera les toman la denuncia cuando el riesgo es evidente. No hacen nada hasta que la mujer aparece muerta”, advierte.
Para la feminista, esto revela un problema estructural: la omisión de las instituciones encargadas de brindar protección.
En esa misma línea, la defensora de derechos humanos Ana Quirós, añade que los mecanismos de protección contra la violencia de género han sido debilitados en Nicaragua.
“La protección contra la violencia de género ha sido desmantelada. La Policía no tiene la capacidad ni la capacitación necesaria para identificar riesgos y prevenirlos”, afirma.
Agregó que las organizaciones comunitarias y proyectos de prevención que antes alertaban sobre la violencia han desaparecido o fueron cerrados.
La tercera presión: Mantener la familia unida
El tercer factor que apunta María Teresa Blandón tiene que ver con presiones sociales y culturales que enfrentan las mujeres sobre preservar el matrimonio, incluso cuando existe violencia.
“La presión puede venir de la familia, de líderes religiosos o de figuras comunitarias. A veces el pastor evangélico o el guía espiritual les dice que deben mantener unido el matrimonio”, señala.
Frente a esos discursos, muchas mujeres dudan en separarse para evitar conflictos familiares o juicios morales.
Algunas mujeres sienten que su pareja está haciendo un sacrificio al migrar y trabajar en el extranjero, “piensan: este hombre está sacrificándose afuera, ‘¿cómo le voy a hacer esto?’”, explica.
Por eso, insiste en que los casos de violencia de género en contextos migratorios no pueden analizarse de manera simplista, “las razones son más complejas. Hay que ver más allá de lo evidente”, afirma.
Para la socióloga, comprender esa complejidad es fundamental para evitar nuevas tragedias. Ese trabajo, señala, corresponde tanto a quienes defienden derechos humanos como a los medios de comunicación.
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“Ese es nuestro papel como defensoras de derechos humanos y también el papel de ustedes como periodistas: ver la complejidad del problema”, dijo a LA PRENSA.
Detrás de cada caso de violencia no hay una sola decisión individual, sino un entramado de desigualdades, presiones y omisiones que deja a muchas mujeres atrapadas en situaciones de alto riesgo.
Según el Observatorio de la organización Católicas por el Derechos a Decidir en Nicaragua se han registrado 10 femicidios en lo que va del año 2026, «10 crímenes de mujeres donde sabemos que esta problemática está cada día siendo invisibilizándose, nosotras las mujeres, estamos desprotegidas», lamenta la organización.
