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El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas, que evidenció una red trasnacional de espionaje y represión contra exiliados, aumentó la presión a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Han entrado en un proceso de debilitamiento. Analistas advirtieron que los reos políticos son la única «carta» para negociar, en medio de las presiones crecientes de Estados Unidos.
“La salida que le queda al régimen va a ser negociar, ¡no hay otra!”, afirma el sociólogo Oscar René Vargas. En ese sentido, el analista señala que la única “carta” que les queda a los dictadores son los 46 presos políticos, 15 de ellos adultos mayores, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. A los reos de conciencia, en general, no los sueltan “porque no tienen otra cosa que ofrecer” (en una eventual negociación).
Vargas es un exprisionero político, exiliado en Costa Rica y conoce muy bien a la cúpula del Frente Sandinista de Liberación Nacional, cuya Dirección Nacional asesoró hace décadas.
“No tiene otra cosa que ofrecer. Es decir, ¿qué van a ofrecer? Los (reos de conciencia los) están utilizando de cara a una posible negociación, entonces va a proponer la liberación de los presos. Esa es la lógica”, explicó Vargas.
La dictadura ha optado por la diplomacia del autoaislamiento para evitar rendir cuentas sobre los abusos de derechos humanos cometidos desde 2018. Mientras tanto, ellos han buscado cercanía con Rusia y China que se muestran respetuosos por la “soberanía” de Nicaragua, sin mencionar los atropellos cometidos por las autoridades a nivel local.
La situación de la dictadura ha empeorado, a medida que va perdiendo aliados a nivel internacional. La administración de Donald Trump ha priorizado como parte de su política exterior alejar de América Latina a potencias que considera enemigas como la rusa y la china.
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De manera paralela, el Departamento de Estado ha demandado con vehemencia la libertad sin condiciones de los reos políticos. También ha denunciado la crueldad de Ortega y Murillo. Sin embargo, la reacción oficial ha sido cauta desde que el ejército estadounidense capturó en enero a su aliado, el tirano venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
La dirigencia cubana también inició negociaciones con la administración estadounidense, en medio de una crisis provocada por los apagones y el bloqueo petrolero impuesto por Washington.
Murillo “descartada” por EE. UU.
Vargas recordó también que el Departamento de Estado llamó “ilegítimo” al poder de Murillo en una comunicación de finales de enero —justo cuando cumplía un año desde que se hizo nombrar “copresidenta”—, además de pedir en varias ocasiones la libertad de los reos políticos.
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La dictadora logró con ese cargo inventado el mismo nivel jerárquico que su marido, tras reformas constitucionales, en las cuales fortalecieron su régimen totalitario. Para Vargas, ese pronunciamiento fue un veto a la dictadora, equivalente a la Nota Knox que obligó a la salida del poder del caudillo liberal José Santos Zelaya en 1909.
“La señora Murillo es la ficha a descartar. Es una de las que tiene que entregar Ortega para una negociación. Al ser declarada ilegítima significa que no tiene ninguna posibilidad de quedar, de ser una ficha de la sucesión, tienen que buscar a otra persona para eso”, expone el analista.
Vargas cree que el orteguismo buscaría a otra persona para participar en la negociación política, mientras remarca los errores políticos cometidos por Murillo en los últimos años. “La soberbia, arrogancia y cierto grado de ignorancia o estupidez en las condiciones internacionales” la habrían llevado a cometer “errores estratégicos no forzados” que han debilitado al régimen, agregó.
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Alexa Zamora: “No pueden sostenerse”
Para la activista y defensora de derechos humanos, Alexa Zamora, la dictadura Ortega-Murillo “no tiene oportunidad de sobrevivir en el mediano y largo plazo”, considera que “van a buscar un acercamiento con la Administración Trump”, porque no tienen posibilidad de sostenerse “más tiempo en las condiciones actuales”.
Las violaciones de derechos humanos son un punto toral para la demanda de justicia de parte de la ciudadanía. El economista y opositor Juan Sebastián Chamorro sostiene que el informe presentado por el GHREN “acumula evidencia para que las víctimas puedan tener un asidero legal” y “alimenta las causas en contra de la dictadura en los tribunales internacionales”.
El abogado Juan Carlos Arce, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, dice que “no hay condiciones en este momento” y tampoco ve alguna posibilidad para que ocurra un desmantelamiento del aparato represivo, tal como propuso el Grupo de Expertos de la ONU.
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Sin embargo, él es uno de quienes comparte la idea de que los informes exhaustivos del GHREN ayudarán para lograr “esos procesos de justicia”.
El analista Héctor Mairena afirma que los voceros del régimen no tienen nada que decir ni manera de contradecir, porque el documento de los expertos de Naciones Unidas constata y “tienen miedo de hacer el ridículo negándolo”. Mairena añade que Ortega y Murillo solo tienen un camino: “Corregir y abrir las posibilidades de una transición democrática en Nicaragua”.
El exdiplomático José Dávila Membreño afirma también que la dictadura no tiene forma de contradecir la denuncia documentada sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad, donde resulta “vergonzoso e indignante” que se desviaron fondos públicos para financiar la represión. Para él, la “justicia internacional los espera” a Ortega y Murillo.
