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Que eran civiles con pasamontañas y pistolas. O policías enmascarados con fusiles de guerra y mucha violencia. Que llegaron de noche y los sacaron vivos. Y que luego, tras semanas sin noticias, los devolvieron muertos y en ataúdes sellados.
Mauricio Alonso Petri, por ejemplo, fue capturado por la policía la madrugada del 18 de julio y tras 38 días desaparecido lo regresaron en una ataúd sellado.
Igual ocurrió con Carlos Cárdenas Cepeda, abogado de la Iglesia católica, también en septiembre pasado fue entregado sin vida tras 15 días de detención, sin que se informara la causa de su muerte.
Al menos de ellos se sabe su funesto destino, pero otros, como el líder indígena Brooklin Rivera, lleva más de dos años detenido desde que lo capturaron los policías sandinistas.
Son escenas de 2025, pero que reviven un viejo mal del siglo XX en Nicaragua: las desapariciones forzadas.
En las incontables páginas negras de la historia nicaragüense la figura del desaparecido ha estado presente como una sombra persistente, un eco doloroso que atraviesa dictaduras y guerras civiles.
Cuando la larga contienda de los años ochenta parecía dejar atrás esa crueldad, prometiendo un cese a la angustia eterna de las madres, la nación suspiró por un futuro sin ausencias.
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Vuelven los desaparecidos
Sin embargo, a más de tres décadas de aquel conflicto y en pleno siglo XXI, el horror ha vuelto a instalarse.
Bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, los informes actualizados de organismos de derechos humanos y la documentación de denuncias privadas confirman un patrón escalofriante: la práctica de la desaparición forzada ha resurgido como una táctica sistemática de terror político.
Para comprender la dimensión de la herida abierta, es necesario revisar la historia. A continuación, exploramos casos, cifras, testimonios y episodios de los desaparecidos en la larga y trágica historia de Nicaragua que hoy se repite.
El caso David Tejada
Managua, 5 de abril de 1968. La dictadura de Anastasio Somoza se ensañó aquella vez con dos de sus exoficiales que tras abandonar las filas de la Guardia Nacional se habían convertido en militantes sandinistas.
Aquel Viernes de Dolores, la vida de David Tejada Peralta, teniente de la Guardia Nacional (GN) en retiro, líder estudiantil de la UCA y miembro del FSLN, fue segada en uno de los crímenes más brutales y mejor documentados de desaparición forzada en Nicaragua.
El detonante fue un encuentro fortuito en el centro nocturno Múnich. David y su hermano René Tejada Peralta tuvieron una confrontación verbal con el mayor Oscar Morales Sotomayor, conocido como «Moralitos,» comandante de la Tercera Compañía GN.
Al marcharse, David realizó un disparo al aire, un gesto que selló su destino. Morales ordenó a radiopatrullas detener a los hermanos y llevarlos a su cuartel.
En la sede de la Tercera Compañía se desató la barbarie. Bajo la supervisión y participación directa de «Moralitos,» David y René fueron sometidos a una paliza salvaje. Guardias alentados por su jefe utilizaron culatas de fusiles y alambres eléctricos enrollados contra los detenidos.
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La golpiza fue de tal magnitud que, en las primeras horas de la tarde del 5 de abril, David Tejada murió. El examen posterior confirmaría fracturas craneales y un rostro desfigurado: el asesinato fue el resultado directo de la tortura a culatazos.
El crimen fue de inmediato ocultado, coincidiendo con el inicio de la Semana Santa. La madre de los Tejada, doña Velia Peralta, y la esposa de David, Gloria Gabuardi, iniciaron un calvario de 11 días, recorriendo cuarteles que negaban la detención, y denunciando la falta de noticias ante LA PRENSA.
La presión de la opinión pública, impulsada por el Diario LA PRENSA, que tituló “¿Dónde están los Tejada?”, obligó a la GN a formar una Corte Militar de Investigación.
La versión del volcán
La esperanza se reavivó cuando el mayor Morales fue sentado en el banquillo. Pero en un acto de cinismo escalofriante, su defensa leyó un escrito afirmando que David había muerto de un paro cardíaco y, peor aún, que su cuerpo había sido arrojado al cráter del volcán Santiago.
La verdad no tardó en llegar. René Tejada, testigo directo del horror y recién liberado, se presentó ante su madre, confirmando la tortura y el asesinato.
“Morales asesinó a mi hermano”, reveló a LA PRENSA. El testimonio fue corroborado por el médico militar, capitán Fernando Cedeño, quien confirmó que la causa de muerte de David fueron los golpes que le destrozaron la cabeza.
La farsa del volcán se desmoronó. Militares de bajo rango, que habían participado en la operación, filtraron la macabra realidad: el cuerpo de David Tejada nunca llegó al cráter.
Fue trasladado a la base de Mokorón en Managua, donde fue incinerado junto a latas de gasolina y sus cenizas esparcidas en el recinto militar, logrando así la desaparición total de sus restos.
«Moralitos» fue condenado a 18 años de prisión por un Consejo de Guerra, pero esta justicia fue efímera. Enviado a cumplir condena en León, gozó de impunidad absoluta. Dos años después, en 1970, el condenado cazó y asesinó al capitán Cedeño, el médico que testificó en su contra.
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Los métodos de la GN
En el marco de la insurrección de 1978-1979, una Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo una primera visita in loco a Nicaragua entre el 3 y el 12 de octubre de 1978, en el contexto de la fase final de la guerra civil contra el régimen del general Anastasio Somoza Debayle.
El informe resultante, publicado en noviembre de 1978, documentó violaciones masivas a los derechos humanos, incluyendo un patrón sistemático de desaparición forzada ejecutado por la Guardia Nacional (GN).
Los testimonios recogidos por la CIDH en 1978 establecieron que las víctimas de estas desapariciones eran predominantemente hombres y mujeres jóvenes.
El modus operandi reportado consistía en el secuestro de individuos de sus domicilios, especialmente en zonas urbanas, o la detención de campesinos en las regiones del norte bajo sospecha de colaboración con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Botaderos de cadáveres
Las denuncias familiares indicaban invariablemente que, tras la captura por unidades de la GN, los parientes desaparecían sin registro oficial de detención o paradero.
El informe de la CIDH no solo recogió denuncias, sino que corroboró la existencia de ejecuciones sumarias y la disposición clandestina de los cuerpos.
La Delegación confirmó la localización de múltiples «botaderos de cadáveres» en el entorno del lago de Managua.
Dos ubicaciones específicas fueron identificadas como sitios de hallazgo: el costado norte del Teatro Nacional Rubén Darío y la Cuesta el Plomo.
En estos lugares, la Comisión documentó la presencia de decenas de cuerpos sin identificar.
Cientos de muertos “desconocidos”
Los cadáveres presentaban signos de ejecución, mutilación, e incluso incineración parcial, siendo enterrados en zanjas improvisadas. La ausencia de identificación en la mayoría de los restos impidió la confirmación nominal de las víctimas.
Este conjunto de hechos permitió a la CIDH concluir que las desapariciones forzadas, al finalizar la confrontación, se contaban por cientos de casos, señalando un mecanismo de represión estatal dirigido a eliminar la disidencia y generar pánico social.
El informe sirvió de base para la resolución de la OEA de junio de 1979, que declaró ilegítimo al gobierno somocista.
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Desapariciones del régimen sandinista
Dos años después de su primera visita, y un año después del triunfo de la Revolución Sandinista, la CIDH regresó a Nicaragua en octubre de 1980.
La segunda misión tenía como objetivo observar la situación de los derechos humanos bajo el Gobierno de Reconstrucción Nacional. A pesar del cambio de régimen, la Comisión documentó nuevas denuncias de desapariciones forzadas, en que el perfil de las víctimas y los perpetradores habían cambiado.
Las nuevas alegaciones apuntaban a las fuerzas de Seguridad del Estado sandinista.
El grupo afectado eran exfuncionarios del antiguo régimen de Somoza, así como exsoldados y exoficiales de la extinta Guardia Nacional, quienes se encontraban detenidos en centros de reclusión.
Los informes de la CIDH citaron específicamente denuncias relacionadas con el centro de detenciones y torturas conocido como el Chipote y la Cárcel La Modelo de Tipitapa.
Los desaparecían en La Modelo
El patrón de violación descrito en 1980 consistía en que los exmilitares GN recluidos eran presuntamente sustraídos de sus celdas durante la noche y nunca más se les veía, lo que configuraba el crimen de desaparición forzada.
Específicamente, se reportó la supuesta creación de fosas clandestinas dentro de los predios de la Cárcel La Modelo. Las autoridades sandinistas negaron rotundamente las acusaciones, calificándolas de intentos de desestabilización política.
Sin embargo, la gravedad y veracidad de estas denuncias se vieron reforzadas cuando, con el tiempo, múltiples casos de desaparición y ejecución extrajudicial fueron confirmados por exoficiales de Seguridad del Estado sandinista que habían desertado del nuevo gobierno.
Sus testimonios posteriores aportaron evidencia de que la práctica de la desaparición forzada continuó utilizándose en el periodo postrevolucionario, esta vez contra opositores políticos y miembros de la administración previa.
La segunda misión de la CIDH a Nicaragua destacó así la persistencia de graves violaciones de derechos humanos en el país, incluso tras la transición política y la instalación de un nuevo gobierno.
Caso coronel José Ramón Silva
La justicia internacional tardó más de cuatro décadas en abordar uno de los crímenes documentados durante la primera etapa del régimen del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua.
El caso se centra en la desaparición forzada del coronel en retiro de la Guardia Nacional (GN), José Ramón Silva Reyes, quien buscó asilo en 1979 tras el derrocamiento de la familia Somoza.
Silva Reyes, ex fiscal militar de la GN, ingresó a la Embajada de Guatemala en Managua el 20 de julio de 1979, buscando asilo político y un salvoconducto para abandonar el territorio nicaragüense.
A pesar de la concesión de asilo por razones humanitarias por parte de la sede diplomática, el gobierno sandinista negó el documento, declarándolo prófugo de la justicia y fue condenado en ausencia por los Tribunales Populares Antisomocistas.
Cuatro años después de su asilo, en octubre de 1983, Silva Reyes y otros dos asilados desaparecieron de la embajada. El Ministerio del Interior (Mint) emitió un comunicado oficial el 1 de noviembre de ese año informando que los asilados se habían «fugado».
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Se confirman las desapariciones
Sin embargo, en 1986, el exinvestigador en jefe de la Comisión Especial de Investigaciones del Mint, Álvaro José Baldizón Avilés, reveló la existencia de un plan de captura.
Según su testimonio, la Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE), bajo órdenes del entonces ministro del Interior, comandante Tomás Borge Martínez, infiltró a un falso asilado en 1981. Este agente trabajó para ganarse la confianza del coronel Silva Reyes con el objetivo de ejecutar un plan de secuestro.
El operativo se concretó cuando el infiltrado convenció a los asilados de abandonar la sede diplomática por una muralla, prometiéndoles una ruta de escape.
Al caer en la trampa, Silva Reyes y sus compañeros fueron capturados en las afueras de Managua por miembros del Departamento F-1 de la DGSE. El testimonio señaló que la operación estuvo a cargo del temible jefe de la Seguridad del Estado, Lenín Cerna.
Posteriormente, los detenidos fueron trasladados a celdas de castigo en la cárcel La Modelo de Tipitapa, donde fueron recibidos por el director del Sistema Penitenciario, José Raúl Cordón Morice, quien facilitaba la extracción y tortura de los reos según la denuncia de la época.
Los familiares denunciaron que Silva Reyes fue torturado hasta la muerte y enterrado en fosas comunes.
Desaparecidos y “medidas especiales”
Según Baldizón, esta acción se enmarcó en las llamadas «medidas especiales» del FSLN, eufemismo oficial para describir la tortura y los asesinatos sin juicio de opositores, cuya autorización debía provenir directamente del ministro Tomás Borge.
La familia del coronel persistió en la búsqueda de justicia, llevando el caso 13,251 ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Procuraduría General de la República de los sandinistas desestimó el caso en 2014, alegando prescripción.
No obstante, en 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó que lo ocurrido constituyó una desaparición forzada, al observar versiones que indicaban que Silva Reyes fue sometido a grave violencia física y psíquica durante su privación de libertad.
La CIDH concluyó que el Estado de Nicaragua es responsable por la violación de múltiples derechos, incluyendo la vida, integridad personal y las garantías judiciales. El caso fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 31 de agosto de 2023.
Desaparecidos en Pantasma
Las desapariciones forzadas en Nicaragua no fueron un episodio propio de la Guardia Nacional o los carceleros sandinistas.
Según el testimonio de un exjefe militar de la Contra, quien por respeto a la memoria de las víctimas pide omitir su nombre, los abusos del ejército sandinista provocaron una acción de venganza y barbarie de un exjefe contra en Pantasma, Jinotega en 1983.
Según sus recuerdos, ese año la jefatura de la Resistencia Nicaragüense envío una misión de “liberación” y “justicia” a la comunidad de Santa María de Pantasma, donde habían recibido denuncias de que destacamentos sandinistas estaban aterrorizando a los campesinos.
“En la mente de nosotros estaba fresca las masacres de la tristemente célebre Operación militar Navidad Roja del Ejército Popular Sandinista (EPS)”, dice.
En esa operación el EPS desplazó a 43 comunidades indígenas miskitas, justificando como una medida de seguridad fronteriza, pero en medio de una operación de tierra arrasada se reportó al menos 30 miskitos apresados.
Se rumoraba que los indígenas fueron asesinados y desmembrados antes de ser arrojados al río Coco y la selva desde helicópteros de la Fuerza Aérea.
Con esa sombría historia en mente, la dirigencia de la Contra recibió en 1983 informes inquietantes: desapariciones similares de campesinos en Santa María de Pantasma.
Los mandos sandinistas zonales, apoyados por estructuras policiales y de seguridad del Estado (Mint, DGSE y EPS), estaban llevando a cabo una ola de atropellos contra la población civil, sospechosa de colaborar o de simpatizar con la Contra.
Torturas y desapariciones forzadas eran el pan de cada día, creando un clima de pánico en el campesinado.
Fue entonces cuando la Resistencia Nicaragüense tomó una decisión crucial: enviar al terreno a uno de sus líderes más audaces, el exoficial de la antigua GN Luis Moreno, conocido por su clave operativa, Mike Lima.
Su misión era investigar y, si se confirmaban las atrocidades, actuaría.
La brutalidad de la Contra
En octubre de 1983, a caballo y al frente de su fuerza de tarea, Mike Lima ingresó a Pantasma. Ahí confirmó las denuncias: cientos de familias campesinas vivían paralizadas por el terror y los testimonios de los desaparecidos eran incontables.
Mike Lima no dudó. Su fuerza de tarea atacó las instalaciones sandinistas, ejecutando a los soldados y militantes responsables de la represión.
Los campesinos denunciantes se sumaron a sus filas. La incursión dejó una estela de muerte para los sandinistas, con más de 45 muertes.
La brutalidad de Mike Lima en Pantasma, obligó a la dirección política y militar sandinista a investigar las denuncias de desapariciones.
Meses después, un Tribunal Especial Político-Militar juzgó a los mandos zonales de Matagalpa y Jinotega, sentenciándolos a prisión por abusos contra la población civil. Sin embargo, la herida en el campesinado quedó abierta y la zona se volvió un bastión de la Resistencia.
Sin embargo, nunca se dilucidó dónde quedaron los desaparecidos; sus cuerpos nunca fueron entregados para darles cristiana sepultura.
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Los «cachorros» perdidos
Tras casi diez años de guerra y decenas de miles de muertes entre civiles, sandinistas y contras, los datos de los desaparecidos quedaban en segundo plano.
Hacia finales de 1989 y mediados de 1990, la Asociación de Madres de Familiares de Secuestrados y Desaparecidos de Nicaragua (Amfaseden) manejó una documentación específica de 867 personas secuestradas por la Resistencia (Contra), junto con información no verificable de otros 5,000 casos.
Otras fuentes llegaron a manejar cálculos superiores a los 10,000 secuestrados.
Las instancias oficiales también aportarán números dispares. Durante las conversaciones de Sapoá (1988), el general Humberto Ortega, del lado sandinista, manifestó estar dispuesto a exigir el regreso de mil desaparecidos, cifra que sus servicios de inteligencia consideraban como la real, mientras las madres reclamaban por más de 6,000.
La Resistencia, por su parte, aseguró tener solo a 66 personas en sus campamentos.
“Muchos de los que ellos llamaban desaparecidos en realidad habían sido bajas en combate. Nosotros cargábamos nuestros muertos, pero los sandinistas dejaron reguero de soldados suyos en las montañas. A veces nosotros los enterrábamos en los montes”, dice el exjefe militar.
Y en otros casos, dice que muchos contras simplemente desaparecían desintegrados por los bombardeos de artillería y helicópteros artillados de los sandinistas.
“A una escuadra nuestra le cayeron dos obuses de Katiuska en Ocotal y solo quedaron restos de carnes y ropas. Esos desaparecían desintegrados”, dijo.
Otros organismos de derechos humanos también generaron sus propias bases de datos: la Comisión Nacional de Protección y Promoción de los Derechos Humanos (CNPPDH) reunió documentación concreta sobre unos 900 casos; la Cruz Roja sobre otros 500; y el Ejército Sandinista reclamaba a otros 90.
Informes de Derechos Humanos apuntaban a que la mayoría de soldados sandinistas capturados por la Contra eran ejecutados y sus cuerpos abandonados en la selva.
En total, las instituciones contaban con aproximadamente 1,500 personas con datos precisos de desapariciones en manos de la Contra, además de las supuestas 5,000 personas de las que no existían noticias confiables.
Contras desaparecidos
También la Contrarrevolución tuvo sus propios desaparecidos.
Según Rodolfo Ampié, director ejecutivo del Centro Nacional de Planificación y Administración de Polos de la Resistencia, en entrevista a la revista Envío de la UCA en 1992, su base de datos registró más de mil desaparecidos de ambos lados, de los cuales lograron resolver 600 casos.
No obstante, la ausencia de una organización de familiares similar a la de las madres de “cachorros” en el lado Contra se atribuyó a la desconfianza de organizarse bajo el gobierno sandinista.
Por su parte, la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH) no pudo ofrecer cifras precisas de desaparecidos de la Contra, señalando la naturaleza cambiante de los números.
Los primeros reclamos
El problema de las desapariciones durante los años 80 surgió en 1985 cuando las madres de los maestros de la Brigada “50 Aniversario”, integrada por miembros de la Juventud Sandinista, iniciaron una huelga de hambre en la Cruz Roja de Managua, exigiendo la reaparición de sus hijos.
Al menos 17 jóvenes de esa brigada fueron secuestrados por la Contra y desde entonces desaparecieron.
En 1991, cuando los reclamos de las madres empezaban a apagarse, Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), destacó la extrema crueldad de la desaparición.
“En cualquier circunstancia que se dé la desaparición es una de las formas más crueles de tortura que se puede dar, porque no afecta solamente al que la sufre sino que también se violan los derechos de los familiares, que vivirán por el resto de sus días con esa eterna angustia”, dijo.
Ella relató el trauma de cientos de madres de desaparecidos que ni siquiera dormían, esperando el regreso, vivo o muerto, del hijo ausente.
Tras la desmovilización y el establecimiento de la paz, las pesquisas sobre los desaparecidos sandinistas languidecieron y entraron en un período de olvido, hasta que la dictadura de los Ortega Murillo, en este 2025, empezó a detener, desaparecer y regresar en ataúdes sellados a nicaragüenses considerados “opositores”.
