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Dos factores saltan a la vista ahora que los Estados Unidos indicaron, a través de un informe, que este año retirarán de Nicaragua a su oficina de la agencia antidrogas del Departamento de Justicia, la DEA por sus siglas en inglés (Drug Enforcement Administration).
«Los Estados Unidos concluirá las operaciones de la (DEA) en Nicaragua en 2025, en parte por la falta de cooperación de las agencias nicaragüenses,» dice el Reporte sobre el Control Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado. Y agrega, «recursos de seguridad inadecuados tanto para las operaciones marítimas como terrestres dificultan severamente la capacidad del país a detener el (tráfico) de drogas.»
El primer factor es político. “Aunque (Daniel) Ortega ha hablado de un muro de contención contra las drogas en Nicaragua, eso solo es propaganda. La verdad es que ellos (régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo) nunca se sintieron que iban a ser aliados de Estados Unidos, sino alineados a Rusia y China. Siempre han visto a Estados Unidos como enemigo y había que aliarse también con Venezuela, que está metida en drogas”, indicó un analista político que prefiere el anonimato para evitar represalias por parte de los Ortega Murillo.
El segundo factor es una mezcla de urgencia de recursos económicos con una tradición de corrupción y enlaces con grupos narcos.
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Desde los años ochenta del siglo pasado, cuando Ortega estuvo a la cabeza del primer régimen sandinista, mantuvo nexos con grupos de narcotraficantes, pues en 1984, a cambio de dinero, le dio refugio en Nicaragua al capo colombiano Pablo Escobar y a otros jefes del Cártel de Medellín, cuando estos últimos huían de la justicia colombiana porque Escobar había ordenado el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla.
Luego, en los años noventa, cuando ya había perdido el poder, Ortega viajó a Colombia para reunirse con líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo guerrillero que, para autofinanciarse, recurrió al narcotráfico.
Más cerca en el tiempo, entre 2006 y 2008, el entonces embajador estadounidense en Managua, Paul Trivelli, en informes enviados a Washington indicó que durante la campaña electoral de 2006, Ortega obtuvo dinero del narcotráfico internacional, prometiendo que una vez llegara al poder iba a poner en libertad a narcotraficantes capturados por la Policía y el Ejército.
En otro de los cables que Trivelli envió a Washington, describió a Ortega como alguien sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa con tal de conseguir dinero.
A pesar de que desde 2007, cuando regresó al poder, Ortega trató de aparentar que su gobierno trabajaba de la mano con la DEA para luchar contra el narcotráfico, en 2018 las cosas cambiaron a partir de las protestas de abril de ese año.
En un informe titulado Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, difundido por el Departamento de Estado en marzo de este año 2025, las autoridades estadounidenses explican que las sanciones que se les impusieron a los Ortega Murillo, debido a los crímenes que desde entonces han venido cometiendo contra la población, hicieron que los dictadores fueran colaborando cada vez menos con la DEA y ahora la capacidad de Nicaragua para enfrentar al narcotráfico está muy debilitada.
Ortega, la Policía y el Ejército insisten en que siguen siendo un muro de contención, sin embargo, ante la falta de estadísticas fiables, Estados Unidos duda de ese argumento.
Una experta en seguridad nicaragüense, bajo condición de anonimato, dijo en junio pasado al diario español El País que el muro de contención ha sido un “mito” y que eso solo puede ser posible si las autoridades nicaragüenses trabajan de la mano con Estados Unidos.
Ese muro de contención del que habla la dictadura se ha puesto en duda en muchas ocasiones, como en enero de 2024, cuando en Rusia, en el Gran Puerto de San Petersburgo, se incautó más de una tonelada de cocaína procedente del puerto de Corinto, en Nicaragua. En mayo de ese mismo año, en Italia fueron incautados 116 kilos de cocaína que habían sido también embarcados en el puerto de Corinto.
Reacio desde el principio
Daniel Ortega se mostró reacio a colaborar con la DEA desde que regresó al poder en 2007, cuando dijo que Estados Unidos solo daba “migajas” a Nicaragua para luchar contra el narcotráfico y aseguró que Washington debía invertir más en apoyo al país. “Realmente deberían invertir aquí, porque aquí estamos haciendo el trabajo por ellos (Estados Unidos)”, dijo Ortega en un acto de la Policía, en febrero de 2007, un mes después de haber recuperado el poder.
Además, igualmente desde el inicio, Ortega se mostró opuesto a que Estados Unidos instalara bases en Centroamérica con el objetivo de combatir a los narcos.
“La tesis nuestra ha sido la siguiente, que fortalezcan los Estados Unidos a las instituciones correspondientes en los países centroamericanos. Hay que fortalecer en Honduras a la policía hondureña, a las fuerzas especializadas en la lucha contra el narcotráfico, hay que darles más recursos, más medios, más tecnología, pero no llenarla de bases norteamericanas. Ese no es el camino. Porque allí lo que están haciendo es ocupando el país y reduciendo totalmente, a su mínima expresión, lo que son las capacidades y la experiencia, lo que ha tenido allí Honduras, en cuanto a su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, dijo Ortega, por ejemplo, en 2013, al medio Rusian Today (RT).
Desde 2008, Ortega mostró su descontento con la DEA, cuando dijo que “altos jefes policiales reciben pagos de parte de la DEA”, lo cual habría provocado que muchos de ellos cayeran en desobediencia respecto a la primera comisionada Aminta Granera.
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Seguidamente, en marzo de 2010, Ortega desarticuló a un grupo especial de policías, que trabajaban de civil dedicados a combatir el tráfico de drogas y armas y que lo hacían coordinados con la DEA, alegando que ese grupo policial élite, llamado Unidad Anticorrupción, daba lugar a un “intervencionismo político” por parte de Estados Unidos.
Se trataba de un equipo de 35 policías, agrupados durante la administración de Enrique Bolaños, capacitados por la DEA para enfrentar al narcotráfico y también la corrupción dentro de la Policía misma.
Problemas con las incautaciones
Según un informe de las Naciones Unidas de 2011, titulado Cocaína desde Suramérica a los Estados Unidos, Nicaragua incauta “impresionantes cantidades de cocaína”, la mayoría de las cuales se realizan a lo largo de las costas, en zonas que están subdesarrolladas, como en el Caribe del país.
Sin embargo, Estados Unidos se queja de que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no es transparente tanto con la droga incautada como con el dinero ocupado.
La Policía informó, por ejemplo, que en los primeros nueve meses de 2024 se incautaron 1.29 toneladas de cocaína y que las incautaciones de dinero en efectivo aumentaron de 1.5 millones de dólares en 2023 a 2.1 millones en 2024, aunque no hubo detenidos en ese periodo.
En 2020, el medio alemán DW reportó que ese año la Policía decomisó más de10 millones de dólares al crimen organizado, pero reportaba menos cantidad de droga incautada, algo que fue visto por expertos como sospechoso.
Por su parte, Insight Crime, un organismo que se dedica al estudio del crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe, en un escrito firmado por el periodista Parker Asmann, en 2020, señaló: “La Policía Nacional de Nicaragua ha registrado la incautación de enormes cantidades de dinero del narcotráfico a la par que se reduce el decomiso de cocaína en comparación con años anteriores, lo que plantea la interrogante de cómo ese organismo encuentra el dinero y a dónde lo envía luego de su recuperación”.
Poco a poco, las cantidades de droga incautada en Nicaragua han ido disminuyendo, indica la DW, citando estadísticas de la misma Policía nicaragüense.
Entre 2007 y 2009, las autoridades incautaron 36,000 kilos de cocaína. Diez años más tarde, entre 2017 y 2019, la cantidad bajó a 16,000 kilos.
Sin embargo, el discurso de los Ortega Murillo, a través del jefe del Ejército, Julio César Avilés, es que en el país “impiden anualmente el trasiego de unas 700 toneladas (700,000 kilos) de drogas en el marco de la estrategia Muro de Contención”.
En cuanto al dinero, según Insight Crime, entre 2017 y finales de junio de 2020, la Policía decomisó 38 millones de dólares a los narcotraficantes.
No obstante, según indicó un experto en seguridad a la DW, “lo que más sorprende es no saber a dónde va a ese dinero”.
Algunos investigadores manejan que una tesis por la que pueden haber disminuido las incautaciones de drogas en los últimos años se debe a que la Policía y el Ejército se han ocupado más en perseguir a los opositores a los Ortega Murillo que al crimen organizado. En 2014, por ejemplo, la revista Envío indicó que los órganos de seguridad y de inteligencia estuvieron concentrados en perseguir a grupos armados que surgieron en esos años y no en la incautación de droga.
Otra razón para la reducción en las incautaciones sería que ahora el narcotráfico esté usando más la vía aérea o la marítima y Nicaragua no tiene suficientes medios aéreos o navales.
El factor político
En 2017, Daniel Ortega y el dictador ruso Vladímir Putin acordaron instalar en Nicaragua una estación satelital rusa para “combatir el narcotráfico”, algo que inquietó bastante a los Estados Unidos, rival de los rusos en todos los aspectos.
En ese sentido, expertos consultados por el diario El País indican que Centroamérica no es relevante ni para Rusia ni para los cárteles que operan con sus redes, por lo que la cooperación rusa con Nicaragua para combatir el narcotráfico “no puede tener un efecto real ni positivo”.
No obstante, la situación obedece a que, por razones políticas y también históricas, Ortega siempre mantiene una guerra verbal contra Estados Unidos y se ha alineado con países afines a Rusia, como Cuba, Venezuela, Irán, China y hasta Corea del Norte, situación que ha trasladado a todos los ámbitos del país, incluido el de la seguridad.
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Es de sobra conocida la relación que Ortega mantiene con Venezuela, país que recientemente fue acusado por Estados Unidos por narcotráfico, ya que asegura que los altos dirigentes del país encabezan el llamado Cártel de los Soles, especialmente el presidente Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
Incluso, en agosto pasado, Estados Unidos ofreció 50 millones de dólares de recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, convirtiéndolo en el principal objetivo del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP, por sus siglas en inglés).
Las relaciones de Ortega casi siempre son con personajes que están señalados a nivel internacional por crímenes o por narcotráfico. Uno de sus mejores amigos en la región fue el expresidente Juan Orlando Hernández, hoy condenado por narcotráfico en Estados Unidos, por ejemplo.
Así las cosas, y ahora con la DEA fuera del escenario nicaragüense, se cierne la duda de que si los Ortega Murillo llevarán o no a convertir a Nicaragua en un narcoestado, como ya está considerada Venezuela.
