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Todo comenzó con las tierras. Llegaban de noche con machete en mano, palas, barras y pancartas, derribaban los cercos, arrasaban las cosechas y como si de una conquista de guerra se tratara, izaban banderas y reclamaban la finca con nombre propio: “Barrio Rosario Murillo”.
Las confiscaciones de propiedades en Nicaragua, en la segunda dictadura del caudillo Daniel Ortega —un viejo creyente de repartir y apropiarse de los bienes ajenos—, comenzaron en abril de 2018 al calor de las protestas sociales que la dictadura sandinista aplacó con 355 asesinatos.
De la noche a la mañana, mientras sucedían marchas, masacres de paramilitares y protestas, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) activó su maquinaria humana de invasión de lotes y los medios de comunicación amanecían hablando de “tomatierras” encapuchados con lanzamorteros y llantas quemadas reclamando para sí las fincas de los empresarios privados.
Así que el origen de la monumental ola confiscatoria de la segunda dictadura sandinista comenzó de noche, con los rostros ocultos por pasamontañas y por la fuerza bruta…
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De los “tomatierras” al Ministerio del Interior
Así lo relató el fundador del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión, en octubre de 2024.
Entonces denunció ante la prensa en Costa Rica la campaña de confiscaciones del régimen sandinista, luego del anuncio oficial de un “paquete” de propiedades que manu militari que pasaban a ser propiedad del Estado por órdenes del matrimonio Ortega Murillo, un núcleo familiar fundado en una propiedad confiscada a un banquero somocista que muchos años después terminó aliado a la nueva dinastía.
La ola confiscatoria nunca se detuvo desde aquel abril de 2018 y, al contrario, se afinó a un sistema burocrático que anula la identidad legal de instituciones desde el Ministerio del Interior, luego se confisca a favor de la Procuraduría General del régimen y después manda a la Policía a tomar los edificios, un método igual de brutal que los rudos procedimientos de los primeros “tomatierras”.
En mayo del 2024, una investigación realizada por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) de Hagamos Democracia, reveló entonces que el régimen Ortega Murillo había confiscado de facto al menos 135 propiedades de ciudadanías desnacionalizadas, empresas, organismos no gubernamentales, medios de comunicación, universidades, Iglesia católica y sedes diplomáticas.
El informe, denominado La punta del iceberg de la nueva piñata Ortega Murillo, sumaba preliminarmente una deuda pública de más de 250 millones de dólares, pero el principal autor de la investigación, el periodista Wilfredo Miranda, dice hoy que la cifra se quedó realmente pequeña en comparación con el gigantesco impacto del latrocinio sandinista.
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Rapiña y poder
¿Qué buscaba, o busca, la dictadura con la confiscación de los bienes a empresas, ONG y opositores? Miranda, quien actualiza el informe de 2024 con todas las confiscaciones posteriores, tiene tres teorías a esa pregunta.
Primero, buscan infundir terror para silenciar a la población crítica; segundo, castigan por venganza a quienes ellos consideran “traidores a la patria” y tres, lo hacen por corrupción: buscan aumentar la cantidad de propiedades, negocios y bienes de los cuales echar mano para aumentar el caudal de riquezas de la familia y de los allegados al régimen.
Entre todo, dice Miranda, hay un gran simbolismo detrás de las confiscaciones: “Es manifestar una perversidad sin fin atacando el patrimonio de todos aquellos que lo adversan, demostrando que ellos no tienen escrúpulos y que pueden irse contra eso que es lo más sagrado de la democracia: el derecho a la vida y el derecho a la propiedad privada”.
“Ellos quieren demostrar que tienen el poder para quitarte, más que una casa o un bien, tu hogar, el origen de tu arraigo”, dice Miranda,
Para ello la dictadura retorció las leyes para convertir las confiscaciones en una herramienta de castigo y venganza contra todos los segmentos sociales que se le rebelaron en aquel abril de ruptura y no ha quedado un segmento social sin ser arrebatado.
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Hogares
A raíz de la declaratoria de“traición a la patria” y “desnacionalización” de 496 nicaragüenses desde febrero de 2023, la dictadura ha acompañado las espurias resoluciones judiciales con una orden de rapiña: los sentenciados no pierden solo el derecho a ser ciudadanos nicaragüenses, sino también sus bienes.
Periodistas, sacerdotes, abogados, activistas de derechos humanos, empresarios, campesinos, comerciantes, ambientalistas, han perdido sus casas y las de sus familias a manos del régimen, incluso, en muchos casos, hipotecadas con los bancos tras lo cual han perdido el inmueble y se han quedado con la deuda, ya que los bancos, insensibles a la tragedia, siguen cobrando…
LA PRENSA
En su guerra contra las libertades públicas y universales, el régimen le declaró la guerra, literalmente, a los periodistas y a los medios de comunicación, confiscando redacciones, equipos e insumos de producción.
El edificio del Diario LA PRENSA, el más antiguo medio de comunicación del país y un referente histórico del periodismo centroamericano, fue asaltado por la Policía al servicio de la dictadura en agosto de 2021.
Su redacción fue secuestrada, sus periodistas obligados al exilio y sus directivos apresados. Sus instalaciones, con sus muebles y maquinarias, desde entonces, fueron confiscados y convertidos en un centro de propaganda y entretenimiento juvenil.
Más allá de la maquinaria, se robaron los archivos fotográficos, la hemeroteca histórica, la biblioteca privada y obras de arte y muebles antiguos de las oficinas de sus directivos.
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Sede de la OEA
El 24 de abril de 2022, la dictadura de Nicaragua emitió un comunicado anunciando el fin de las relaciones del Estado con el foro de la Organización de Estados Americanos, tras una serie de incontables condenas y resoluciones del organismo contra los abusos de la represiva dictadura familiar.
A la par, patrullas policiales tomaron por asalto la sede ubicada en Carretera a Masaya y desmantelaron las oficinas.
El régimen decretó de inmediato la expulsión del personal diplomático y cuatro días después del asalto, la dictadura emitió otro comunicado declarando que todos los bienes, equipos, vehículos, mobiliarios y demás que pertenecían a la OEA, pasaban a ser parte de los bienes del Estado nicaragüense, incluyendo el edificio de 296.1 metros cuadrados que la OEA alquilaba a las hermanas Luz Marina y María Auxiliadora Navarrete Guevara.
La mansión fue otorgada a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, un recinto universitario bajo control de la dictadura.
En donde operó la OEA, la dictadura inauguró en febrero de 2023 el museo “Casa de la Soberanía Padre Miguel D’Escoto Brockmann”, que operó unos pocos meses y ahora permanece cerrada, tras la nula asistencia del público.
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El campus de la UCA
El 16 de agosto de 2023, la juez sandinista Gloria María Saavedra Corrales escribió su nombre en la historia de la infamia, al ordenar la confiscación de la más antigua e importante universidad privada de Nicaragua: la Universidad Centroamericana (UCA).
La UCA, fundada y administrada por la Compañía de Jesús en 1960, fue declarada “centro de terrorismo” por la juez de los Ortega Murillo, quien ordenó la confiscación del recinto, sus cuentas bancarias y todos sus bienes.
Esta universidad fue el epicentro de las protestas sociales de abril de 2018, semillero de los principales líderes estudiantiles que lideraron la rebelión y centro de formación de la mayoría de los periodistas independientes del país.
También formó a la mayoría de abogados defensores de derechos humanos, ambientalistas y sociólogos que denunciaron y documentaban las múltiples violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.
El régimen no sólo la confiscó, como a 31 universidades más, sino que le cambió el nombre por un guerrillero sandinista muerto en 1967 a balazos en un combate con la Guardia Nacional; también expulsó a los rectores, docentes, trabajadores y a estudiantes considerados “opositores”.
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El prestigio internacional del Incae
41 días después de confiscar a la UCA, la dictadura dio zarpazo icónico al disolver la personalidad jurídica del prestigioso Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae).
El campus Francisco de Sola, sede del Incae, fue tomado por patrullas policiales el 26 de septiembre de 2023 tras declararse un día antes su disolución por la dictadura.
El enorme centro de educación superior, de prestigio internacional, tiene una extensión de 95 manzanas de tierra en una privilegiada zona de Managua y estaba valorado en más de 30 millones de dólares, según las estimaciones de sus directivos.
En 2018 había sido sede del diálogo nacional entre los representantes de la dictadura y los líderes de la oposición, en los momentos más álgidos de las protestas.
Un año después de la confiscación y ocupación, la dictadura entregó las instalaciones al Ministerio de Salud y anunció la construcción de un centro de atención médica del cual no se tiene información de su utilidad pública.
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Los tesoros del INHCA
El afán de las confiscaciones de la dictadura llevó también a apropiarse de los invaluables tesoros históricos que albergaba el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA), construido en el campus de la UCA.
El Instituto albergaba un acervo histórico de 70,000 documentos que abarcaban desde el siglo XVI, que se dividían en tres grandes categorías con documentos no editados, fotografías, mapas, archivos audiovisuales y objetos de incalculable valor histórico, incluyendo libros, tesis y estudios sobre la historia, sociología, literatura, y otros campos relacionados con Nicaragua y Centroamérica.
Albergaba, además, el Museo de las Madres de Abril, que recoge los objetos y testimonios de las progenitores de las víctimas de la masacre sandinista del 2018. Al asaltarlo, la dictadura anunció que el INHCA abriría el Museo de la Alfabetización Nacional, un jornada educativa de los años 80 bajo la primera dictadura sandinista.
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Las oficinas del Cenidh
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y su personal y directorio fue el primer organismo de derechos humanos anulado y confiscado en Nicaragua a raíz de la crisis de 2018.
Fundado en 1990 por la exmagistrada sandinista Vilma Núñez de Escorcia, la organización se ubicaba en un modesto edificio a escasas cuadras de la secretaría del FSLN y vivienda de la familia Ortega Murillo, que la habita desde que se la confiscaron en 1979 al exbanquero somocista, Jaime Morales Carazo.
El Cenidh fue anulado en diciembre de 2018 por la Asamblea Nacional bajo control de la familia dictatorial, tras una larga campaña de descalificación, cortes de agua y luz, agresión a sus miembros, denegación de permisos de operaciones, cancelación de su personalidad jurídica, allanamiento de su local y robo de bienes vía policial.
En 2021, tras varios años clausurado, la dictadura demolió las instalaciones del Cenidh y construyó una supuesta clínica materna a la que casi nadie llega por estar en los perímetros de la residencia confiscada de la familia Ortega Murillo.
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Adiós al Cosep
El sector privado, que en su momento fue un aliado estratégico del régimen Ortega-Murillo, también ha sido blanco de las confiscaciones que han marcado la política represiva en Nicaragua desde 2018.
Las afectaciones han alcanzado bienes inmuebles a título personal, empresas, cuentas y las sedes y oficinas de las principales cámaras empresariales del país.
En marzo de 2023, el régimen decapitó al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), uno de los bastiones del empresariado nicaragüense, y confiscó su sede ubicada en el exclusivo residencial Las Colinas, en Managua.
Este hecho simbolizó el inicio de una ofensiva contra las organizaciones que habían representado al sector privado en su alianza con el régimen Ortega Murillo.
A partir de entonces, la dictadura inició una cacería indiscriminada contra sus antiguos aliados, aprensando y desterrando a varios y obligando al exilio a otros. Hasta abril de 2024, al menos 35 cámaras y asociaciones empresariales habían sido cerradas y sus oficinas y bienes ocupados.
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Centro Humboldt
Antes de 2018, una de las organizaciones más respetadas e influyentes en Nicaragua en materia ambiental era el Centro Humboldt, una organización que denunció con amplia base científica las atrocidades que el fallido proyecto de canal interoceánico estaba destinado a hacer en el lago Cocibolca y los recursos naturales del país.
La dictadura nunca olvidó aquel gesto de ese organismo ambiental y en marzo de 2022 anuló la personería jurídica del centro que tenía 32 años de operaciones, para asaltarlo vía policial en julio de ese mismo año.
El edificio, valorado en unos 450 mil dólares que habían sido donados por la comunidad internacional para el cuido de los recursos naturales, fue donado al Ministerio de Salud para alojar un centro de atención a las mujeres.
También le fueron confiscadas dos fincas de estudios y prácticas en Río San Juan y Jinotega.
En la ola de expropiaciones la dictadura anuló y confiscó a otras organizaciones ambientalistas como la Fundación del Río, que denunció el proyecto fracasado del canal, los negocios mineros del régimen y la explotación maderera de empresas ligadas a militares, policías, políticos y dirigentes del sandinismo.
Orfanatos, clínicas, colegios y universidades católicas
Una de las instituciones que más ha sufrido los embates de la represión sandinista ha sido la Iglesia católica y sus diferentes expresiones.
El régimen de los Ortega Murillo ha anulado y confiscado propiedades que representaban la máxima expresión de caridad y humanismo como orfanatos, centros escolares, asilos de ancianos, clínicas de monjas, comedores para indigentes, fincas de autocultivo para alimentos de campesinos católicos, talleres de capacitación para religiosos e incontables bienes.
Uno de ellos, representativo de todo lo asaltado, es la Universidad Católica Juan Pablo II en Managua, anulada y confiscada en marzo de 2023.
El recinto operaba desde 1995 como centro de educación superior, pero tenía permiso de universidad desde agosto de 2002. Su sede principal estaba en Managua y había crecido a tres sucursales en Chontales, Matagalpa y Granada.
La universidad pertenecía a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y beneficiaba a los familiares pobres de los sacerdotes, monjas, laicos católicos y estudiantes de pocos recursos de las comunidades rurales.
Igual que en el caso de la UCA, a la Universidad Juan Pablo II le pusieron el nombre de otro guerrillero muerto en acciones terroristas contra el régimen de la dictadura Somoza en los años 60.
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Los vestidos de Sheynnis
La voracidad expropiatoria de régimen sandinista no se limitó a confiscar empresas, medios de comunicación, ONG, orfanatos, comedores, clínicas y más: también alcanzó a los promotores de los concursos de belleza.
En octubre de 2023, cuando Sheynnis Palacios sorprendió al mundo al ganar la corona de Miss Universo 2023, una inesperada expresión de simpatía en las calles del país generó la rabia del régimen, que inició una campaña contra los concursos de belleza, sus promotores y patrocinadores.
No sólo anuló la principal organización de concursos de belleza y calificó tales eventos como “actos de provocación y terrorismo”, sino que exilió a la organizadora de Miss Nicaragua, apresó y condenó a su familia y finalmente, tras tomar sus bienes, los desterró sin nacionalidad.
En el colmo de los abusos, las maletas con los vestidos y maquillajes que había usado Sheynnis Palacios en el concurso en San Salvador, fueron requisados y detenidos por la Policía “para investigación”, aunque finalmente fueron devueltos a la familia de la belleza ganadora que desde aquella fecha vive fuera de Nicaragua.
