El incremento de invasiones de tierras productivas y otras propiedades privadas ordenadas por el gobierno de Daniel Ortega, además de agudizar el problema de inseguridad jurídica que ya enfrentaba el país, quebranta aun más el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.
La invasión de propiedades viola un sinnúmero de principios, derechos y valores constitucionales. “Entre ellos los comprendidos en los artículos 5 (de la Constitución Política de Nicaragua), referido al reconocimiento del Estado sobre el derecho a la propiedad que se relaciona también con el artículo 44 sobre la propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y los instrumentos de producción. También, viola, entre otros artículos, el 6, 27, 98, 99, 103 y 130 de la Constitución”, detalla Gabriel Álvarez, especialista en Derecho Constitucional.
Lea también: Ingobernabilidad y omisión de la Policía propician tomas de tierras en Nicaragua
“Dichas invasiones violan el derecho a la propiedad establecido en la Constitución y ponen en evidencia la descomposición casi total de la Policía Nacional que por un lado comete crímenes por acción, pero también está faltando a su deber por omisión, porque una cosa fue que en la mesa de diálogo les hayan dicho que se acuartelaran, pero no para dejar de cumplir sus deberes, sino para que dejaran de reprimir a la población”, explica Álvarez.
La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) denunció que las invasiones de propiedades se están extendiendo en todo el país, desde Managua, Rivas, Chinandega, Estelí, Carazo, Granada, entre otros. Estima que más de 4,000 manzanas de tierras están invadidas.
Organismos lo señalaban
La invasión masiva de tierras que Ortega ha orientado contra el sector privado, en represalia por el reclamo de este por su salida del poder, ha empeorado la situación de la tenencia de las tierras en Nicaragua, una situación que ya ha sido advertida por distintos organismos internacionales.
En los últimos años los organismos internacionales insistieron en la necesidad de resolver los conflictos de propiedad y señalaron los serios problemas que enfrentaba el país en la tenencia de la propiedad.
“Los reclamos sobre las mismas parcelas de tierra y la tenencia de la tierra sin garantía han limitado en parte la inversión en el sector agrícola, lo que socava los aumentos en la productividad de la tierra”, advirtió el Banco Mundial en un diagnóstico país publicado el año pasado.
Puede leer también: Siembra de primera en riesgo por incremento de las tomas de tierras
En el mismo informe el organismo estima que entre el 35 y 40 por ciento de toda la tierra en Nicaragua enfrenta algún tipo de disputa o conflicto.
También el Foro Económico Mundial en su Índice de Competitividad Global ha advertido este problema. En el Índice 2017-2018, en el indicador sobre derechos de propiedad, el país ocupó el puesto 122 de 137 de economías evaluadas.
Va más allá de la inseguridad jurídica
Para el también jurista y exdiputado liberal José Pallais, el panorama ha cambiado porque antes se hablaba de inseguridad jurídica, porque cuando se invadían propiedades el Estado de Derecho no funcionaba a favor del afectado.
“Pero ahora es más grave, porque son tomas dirigidas, coordinadas y apoyadas desde las más altas autoridades del Estado, es decir, que los niveles de inseguridad y falta de garantías se elevaron hasta un máximo insospechado y unas dimensiones de inseguridad que nunca se habían alcanzado, porque tenemos al poder desbordado mandando a invadir, apoyando y sosteniendo la invasión”, lamenta Pallais.
También puede leer: Invasiones de tierra en todo el país ahuyentan la inversión
Pese a que en Nicaragua la seguridad jurídica que proporciona cierta predictibilidad para que las personas sepan a qué atenerse en sus relaciones con el poder y con el resto de ciudadanos no existe, es evidente según Álvarez, que ninguna denuncia contra estos abusos progresará.
Agotar instancias
Sin embargo, considera que los afectados deben agotar los recursos que les proporciona la Ley y presentar su denuncia ante los órganos competentes, tanto a nivel local como internacional.
“Porque cuando se recuperen las bases mínimas para reconstruir el Estado de Derecho es importante establecer las responsabilidades civiles y penales contra los responsables de estos abusos… Además, el Estado es responsable patrimonialmente de las lesiones que cause y puede perseguir la responsabilidad patrimonial en los funcionarios o autoridades que las haya causado”, señala Álvarez.
Puede leer también: Upanic denuncia invasión masiva de propiedades de los productores en Nicaragua
Por su parte Pallais considera que de momento los afectados no tienen ninguna opción, ya que no hay ante quién quejarse. “Más que denunciarlo ante los organismos internacionales para que quede evidencia, pero mientras el país no se enrumbe hacia la restauración del Estado de Derecho no hay nada qué hacer”, sostiene Pallais.
Imagen país destruida
Los especialistas consideran que las implicaciones legales que representan estas invasiones, junto con la violación masiva de los derechos humanos y el ser un país donde el riesgo a la vida es una realidad que afecta a todos los que viven en Nicaragua, deterioraron a su máximo nivel la imagen país de Nicaragua.
“Por esa destrucción de la imagen país, nadie está pensando en invertir en Nicaragua e incluso muchos de los que ya tenían inversiones en Nicaragua están pensando o dando pasos para retirar esas inversiones del país. Eso significa que el deterioro de Nicaragua como destino de inversión ha sido absoluto y la recuperación de esa confianza será difícil”, advierte Pallais.
Por su parte el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, considera que el restablecimiento de la seguridad jurídica está condicionado a la solución integral que busca el país a través de la democratización.
También lea: Ocupación masiva de tierras pone en riesgo producción agrícola
“En el caso de las personas hay inseguridad ciudadana por la situación de parapolicías y terceros armados y la toma de tierras es una réplica en el ámbito de la propiedad que afecta tanto a personas particulares como a las empresas”, indica Aguerri.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos incorporó esta semana la toma de tierras como otra violación a los derechos humanos que se están cometiendo en Nicaragua en el marco de la crisis.
Aparecía en indicadores
En los últimos años, Nicaragua siempre obtuvo bajas calificaciones en los temas relacionados con la tenencia de la tierra y la propiedad. En términos de registro de propiedades, Nicaragua tiene una clasificación de 146 en el informe Doing Business, que considera, además, que la calidad de la administración de la tierra es baja (índice de 6.5 en una escala de 0-30).
La problemática de las tierras en Nicaragua abarca disputas de límites, restituciones de derechos pasados, falta de documentación para probar la propiedad legal o reclamos de pueblos indígenas sobre territorios ancestrales que se superponen con otras tierras.
El Banco Mundial advirtió que el conflicto que vivió el país en el pasado tuvo una influencia importante en la seguridad de la tenencia de la tierra y los derechos de propiedad actuales.
Nuevas confiscaciones
Para el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, la invasión de propiedades que se ha registrado en los últimos días es “una forma de confiscación impulsada, según lo que hemos conocido por personas vinculadas al Estado” y considera que cuantificar su impacto en el valor futuro de las propiedades es complejo y depende de muchos factores. “Por ejemplo, si se toman un terreno aledaño a un futuro proyecto, el valor del terreno baja y los precios se reducen no solo porque los terrenos aledaños puedan estar tomados, sino por la propia crisis”, dice Aguerri.