La vicepresidenta designada y primera dama, Rosario Murillo, anunció este martes que el edificio donde funcionaba la representación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Nicaragua es declarado de «utilidad pública».
«La Procuraduría General de la República informa que el bien inmueble que ocupaba la oficina de la deplorable OEA, despreciable OEA, ha sido objeto de declaratoria de utilidad pública y pasará al Estado de Nicaragua, quien a través de la unidad ejecutora, en este caso el Instituto de Cultura, va a desarrollar el museo de la infamia», dijo en su alocución diaria en los medios oficialistas.
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Fuentes ligadas al organismo que solicitaron el anonimato, informaron a LA PRENSA que el edificio era rentado, además de las oficinas de la OEA, ubicadas en la primera planta, también fueron desalojados otros inquilinos, «ni tiempo les dieron para poder sacar nada», indicaron.
«Qué más infamia que ese ministerio de colonias y este acuerdo que ha dado a conocer la procuradora entrará en vigencia al publicarse en La Gaceta», agregó. «Todo esto es buena nueva», celebró Murillo.
«Expulsar y confirmar la expulsión y la ratificación además de la OEA como infame, como una infame y despreciable ministerio de colonia», añadió.
El anuncio de Murillo se da dos días después que el régimen de Daniel Ortega, a través del canciller Denis Moncada, anunció el retiro de las credenciales de los representantes de Nicaragua ante la OEA.
Almagro realizó reclamo
Este martes fue dada a conocer una carta enviada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a la presidenta del Consejo Permanente del organismo, Elizabeth Darius-Clarke, en la que expone la situación de la oficina de la OEA en Nicaragua.
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«La acción de Nicaragua es absolutamente despreciable en términos jurídicos, políticos y éticos», señala Almagro en la carta con fecha del 25 de abril, en la que se refiere a las acciones del régimen al expulsar y cerrar la sede del organismo ubicada en Las Sierritas de Santo Domingo, en Managua, donde permanecen oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP).
Almagro denunció que las acciones ejecutadas por el régimen de Ortega sobrepasaron los límites al asegurar que «nunca ello había ocurrido ni en tiempos de las peores dictaduras de la región, incluidas las que había vivido Nicaragua».
«Estamos ante la violación de las más elementales normas que regulan las relaciones entre Estados y organizaciones internacionales», por lo que afirma que se «está abriendo un precedente que la región no había conocido hasta ahora», señala Almagro en la carta.
Con la ocupación de las oficinas de la OEA, analistas consultados por LA PRENSA explicaron que el régimen está violando el marco jurídico internacional y un acuerdo firmado entre el organismo y el mismo gobierno sandinista que dirigía Ortega en 1989.
Antecedente
Esta no es la primera vez que el régimen de Ortega confisca sedes diplomáticas, pues, tras romper relaciones con el Gobierno de Taiwán y expulsar del país a la misión diplomática, el 26 de diciembre pasado, antes de su partida del país el Gobierno de Taiwán donó a la Arquidiócesis de Managua la sede diplomática donde esta operó en Managua, pero horas más tardes, el régimen de Daniel Ortega ordenó que la misma pasara a manos de China Popular y amenazó con cárcel a los que intenten reclamar los bienes de la isla.
Al caer la noche del 26 de diciembre, la dictadura emitió un comunicado donde informó que en el marco del reconocimiento el 9 de diciembre de China como nación soberana y que Taiwán es parte de ese territorio, eso implica «el inmediato registro de todos los bienes inmuebles, muebles, equipos y medios , a favor del Estado reconocido; la República Popular China, con absoluta e irrestricta propiedad y dominio».
Y advirtió que «aquellas entidades que insistan en ilegítimos e ilegales reclamos, quedarán expuestas a los Tribunales y Acciones Judiciales correspondientes», puntualiza el comunicado emitido por la Procuraduría General de la República, controlado por la dictadura.
