El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dirigió una carta a la presidenta del Consejo Permanente del organismo, Elizabeth Darius-Clarke, en la que expone la situación de la oficina de la OEA en Nicaragua, luego de que el régimen de Daniel Ortega expulsara al personal y ocupara la sede en Nicaragua.
«La acción de Nicaragua es absolutamente despreciable en términos jurídicos, políticos y éticos», señala Almagro en la carta con fecha del 25 de abril, en la que se refiere a las acciones del régimen orteguista al expulsar y cerrar la sede del organismo ubicada en Las Sierritas de Santo Domingo, en Managua, donde permanecen oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP).
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Almagro detalló que el domingo 24 de abril, el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua anunció en conferencia de prensa que el Gobierno «por la presente expulsa a la Organización de los Estados Americanos», calificando al Consejo Permanente y a los demás órganos de la OEA, entre otros, como «monstruosidades».
En esa misma conferencia de prensa, Almagro informa al Consejo Permanente que el ministro declaró cerrada la Oficina de la Secretaría General de la OEA: «Inmediatamente después, la Policía ocupó las instalaciones de esa oficina, incautando sus archivos, junto con todo lo demás allí», denunció.
El secretario general de la OEA alertó que «los miembros del personal de la Secretaría General pueden estar en grave riesgo».
«Ni en las peores dictaduras»
Sin duda, Almagro denunció que las acciones ejecutadas por el régimen de Ortega sobrepasaron los límites al asegurar que «nunca ello había ocurrido ni en tiempos de las peores dictaduras de la región, incluidas las que había vivido Nicaragua».
Además advirtió que «estamos ante la violación de las más elementales normas que regulan las relaciones entre Estados y organizaciones internacionales», por lo que afirma que se «está abriendo un precedente que la región no había conocido hasta ahora».
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El secretario general de la OEA mencionó que el 19 de noviembre de 2021 el Gobierno de Nicaragua presentó su denuncia a la Carta de la OEA, con la que inició su proceso de salida del organismo, pero destacó que este mismo dura dos años, por lo tanto «la denuncia será efectiva hasta el 19 de noviembre de 2023, siempre y cuando para entonces haya cumplido con todas sus obligaciones».
Resalta que «no hay posibilidad de dar por terminada su condición de miembro de la OEA antes de esa fecha. Hasta entonces Nicaragua estará sujeta a todas las obligaciones que emanan de la Carta y de los acuerdos que en su marco han celebrado».
Almagro pide al Consejo Permanente «acciones»
Almagro en su misiva también hace hincapié al Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la OEA con sus Estados, y condena que las acciones del Ejecutivo nicaragüense sean contrarias a lo establecido.
Comunica al Consejo Permanente que el Ministerio de Relaciones Exteriores informó el propio 24 de abril sobre el cierre y cancelamiento de la oficina en Nicaragua. «Así lo hizo mediante el uso de la fuerza», denuncia Almagro.
Por lo que insiste en indicar que «esta es una flagrante violación de todas las normas» incluidas la Carta de la OEA y el Acuerdo sobre Inmunidades. Agrega que «es contrario a los más fundamentales principios que regulan las relaciones entre los Estados parte de organizaciones internacionales y sus funcionarios, dependencias y pertenencias. En ningún caso estas normas admiten el cierre de oficinas unilateralmente. En todos los casos se requiere el acuerdo o consentimiento de la Secretaría General».
El secretario general de la OEA condenó y repudió las acciones del régimen orteguista, por lo que la carta finaliza avizorando acciones por parte del Consejo Permanente: «Se pone en conocimiento del Consejo Permanente para ulteriores acciones de la Organización y de sus Estados Miembros este informe de los hechos».