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CONTENIDO EXCLUSIVO.Arturo McFields, quien hasta el mes pasado era embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), afirmó que la decisión del régimen de retirar a sus representantes del organismo y cerrar la sede del mismo en Managua obedece a dos razones: la primera como respaldo a Rusia —que fue expulsada como observador permanente ante la OEA— y segundo, por la “insostenible” relación entre el país y la organización.
“Antes de que yo me retirara de la OEA la situación era bien difícil, sin embargo, había cierto nivel de comunicación con los Estados (…) después del 23 de marzo (día en que él denunció en plena sesión a la dictadura de Daniel Ortega) la situación fue imposible o insostenible”, afirmó el exdiplomático a LA PRENSA.
Para McFields, cuando llegó el nuevo representante de Nicaragua, Orlando Tardencilla, a la OEA, ninguno de los estados estableció relaciones porque no se atrevían a tener un diálogo con un gobierno que había sido cuestionado por su propio embajador. “No pudo consumar su debut ante la OEA, porque no hizo la presentación oficial ante el Consejo Permanente, solo tuvo una ceremonia protocolar. El salirse de la OEA es una reacción ante una situación de un Estado paria porque nadie quería tener relaciones con ellos (el régimen). No sabemos si ese temor los hizo huir”, afirmó.
En un comunicado lleno de insultos y leído por el canciller Denis Moncada la tarde del domingo, el régimen orteguista dejó claro que “no tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento del mal llamada OEA”. Anunció que retiraba a sus representantes y cerraba la sede del organismo en el país. Posteriormente, los medios oficialistas publicaron videos y fotografías de las oficinas rodeadas de policías.
Viola la Convención de Viena
La acción —dijeron analistas y exdiplomáticos a LA PRENSA— es una clara violación a la Convención de Viena. “Lo que pasa es que el régimen de Nicaragua está acostumbrado a violentar las leyes, entonces violenta las leyes locales y cree que puede hacer lo mismo con el derecho interamericano”, afirmó McFields.
Como respuesta, la Secretaría General de la OEA publicó un comunicado diciendo que sus oficinas, archivos y documentos “gozan de la más absoluta inviolabilidad. Su violación por las autoridades nicaragüenses les hace internacionalmente responsables por sus consecuencias”.
Un experto en relaciones internacionales, quien demandó anonimato por temor a represalias, subrayó que la sede de la OEA “está protegida por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”, y recalcó que ese “edificio no es de soberanía nicaragüense, por lo tanto, no pueden ni deben hacer lo que están haciendo”. Cabe destacar que no es la primera vez que el régimen confisca instalaciones extranjeras, lo hizo el año pasado con la sede de la Embajada de Taiwán en Managua cuando rompió sus relaciones diplomáticas para restablecerlas con China continental.
Carlos Murillo Zamora, experto en derecho internacional, temas de integración y catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), dijo que se está violando la Convención, la protección e inmunidad de la sede de una organización intergubernamental, “porque una cosa es que se retire y otra que sin derecho alguno la sede de una organización internacional” sea intervenida.
También Carlos Cascante Segura, profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), indicó que “no le corresponde al Gobierno de Nicaragua definir qué va a hacer con la sede sino al organismo internacional”, y subrayó que, como pasó con la Embajada de Taiwán, esta acción “refleja que el gobierno de Ortega considera que dentro del derecho internacional no cabe el valor de la soberanía (de los organismos o gobiernos) que se impone sobre cualquier otro valor de convivencia, son medidas calculadas por el régimen”.
Viola acuerdo con la OEA
Un exdiplomático, bajo condición de anonimato, explicó que la oficina de la OEA en Managua está protegida por el Acuerdo General entre la Secretaría General de la OEA y el Estado de Nicaragua, sobre el funcionamiento de la oficina de este organismo y el reconocimiento de sus privilegios e inmunidad del 2 de octubre de 1989.
Ese acuerdo establece dos cláusulas que protegen la inmunidad. La novena, que dice: “La oficina, la Secretaría General y la Organización, así como sus bienes, sede, archivos y embarques gozarán en el país de inmunidad contra procedimientos ejecutivos, legislativos, judiciales y administrativos; y no podrán ser objeto de allanamiento, registro, requisición, confiscación, expropiación, embargo o cualquier otra medida de ejecución a excepción de los casos particulares en que esa inmunidad sea expresamente renunciada por el Director de la Oficina, debidamente autorizado para hacerlo por el Secretario General”.
Así como la décima, que establece: “Las sedes, bienes, archivos, correspondencia y embarques de la oficina, la Secretaría General y la Organización serán inviolables, en cualquier parte en donde se hallaren dentro del territorio del país y en poder de cualquier persona; y no podrán ser objeto de allanamiento, requisición, exploración, censura, registro embargo y cualquier otra medida de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo. Para que los agentes del Estado puedan penetrar en cualquiera de las sedes de la Secretaría General, sean la Oficina, los centros o los proyectos, deberá obtenerse el consentimiento previo del Director de la Oficina o del funcionario internacional responsable del proyecto de que se trate”.
¿Qué dice la Convención de Viena?
El artículo 22, en el primer inciso, se refiere a los inmuebles de los países y establece que “los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión”. Enseguida, deja por sentado que el Estado receptor —en este caso Nicaragua— tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad.
El inciso tres subraya que “los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución”. La Convención de Viena entró en vigor el 24 de abril de 1964, y Nicaragua la suscribió el 20 de diciembre de 1988.
¿Cuáles serían las consecuencias?
El experto nicaragüense, bajo la condición de anonimato, señaló que aunque la Secretaría General de la OEA no especifica cuáles serían las consecuencias, una de ellas podría ser “la suspensión de Nicaragua de la OEA y demandar a Nicaragua una indemnización”, por sus bienes.
Murillo Zamora, por su lado, dijo que “pueden ser sanciones, y se tiene que ver qué instancia de la Secretaría General presenta una denuncia contra el Gobierno de Nicaragua”.
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¿Qué busca el régimen?
Surge esta interrogante debido a que fueron los mismos medios oficialistas los que se encargaron de difundir las fotos y videos de los oficiales de la Policía apostados en la sede de la OEA en Managua, lo que a criterio de los expertos es visto como una forma del régimen para enviar un mensaje.
“Le está diciendo al mundo ‘miren, cuando no me gusta algo tomo la embajada, misión diplomática de esa organización o de cualquier país, me apodero de los bienes y salgan'”, una actitud que a lectura de Murillo Zamora le resulta “muy preocupante”.
McFields consideró que las acciones son “decisiones viscerales” del régimen. “Una decisión cerebral había sido estar en la OEA por un período de dos años, con la posibilidad de poder maniobrar y volver en cualquier momento que el Gobierno lo decidiera. La decisión era quedarse y reforzaron a los representantes en la OEA, eran tres al final, nunca la debilitaron. Es visceral porque no se midieron los impactos y consecuencias”, dijo.