Una nueva ola de confiscaciones a terrenos y espacios que están bajo la administración de la Iglesia católica se verá en los próximos meses, advirtió la especialista Martha Patricia Molina, autora de informes sobre la violación a los derechos de la Iglesia en Nicaragua.
Este lunes LA PRENSA confirmó que la casa pastoral en San Pedro del Norte, perteneciente a la Diócesis de León, fue confiscada por las autoridades chinandeganas conteniendo grandes artículos de valor en su interior.
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“En el caso de esta propiedad, dice que tenían muchos objetos adentro y todos se los robaron. Ahí se utilizaba para hacer la formación de los delegados de la palabra. Y se tiene información que van a confiscar más propiedades”, detalló Molina.
Según detalles, la confiscación de la propiedad se dio el viernes 15 de diciembre y fue el alcalde del municipio de San Pedro quien encabezó la confiscación.
Molina explicó que la nueva modalidad de confiscación es el involucramiento de los alcaldes, “me mandaron documentos donde se refleja que son los alcaldes los encargados de hacer el trabajo sucio en cada municipio, a veces notifican, pocas veces notifican y dejan pruebas, pero parece que ya se están arrepintiendo de dejar la prueba de notificación y por eso mejor te llegan a quitar el lugar y todo”.
Caso UCA
Según Molina, la casa pastoral era de una ONG llamada Juan XXIII, la cual pertenecía a la confiscada Universidad Centroamericana (UCA) y la directiva decidió donar a la Iglesia el inmueble que ahora fue confiscado por la dictadura.
“Entonces posiblemente estas propiedades también se las están quitando por motivo de estos daños colaterales de la UCA”, subrayó la investigadora.
Molina reveló a LA PRENSA que “los curas tienen información de que va a haber más confiscación, no de parroquias, sino de terrenos que pertenecen a las parroquias o de casas pastorales o conventos”.
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Desde el año 2018 la Iglesia católica ha soportado 740 ataques en su contra. Solamente en el año 2023 se realizaron 275 agresiones, “podemos calificar este año último como el de más ataques en contra de la Iglesia católica en el quinquenio reciente”, apuntó Molina.
Actualmente son 176 religiosos que obligatoriamente no están ejerciendo su ministerio en Nicaragua debido a que fueron expulsados, se les prohibió el ingreso o que fueron enviadas al destierro por la dictadura.
Además, según la cuarta entrega del informe “Nicaragua: una Iglesia perseguida”, un total de 3,639 expresiones piadosas populares (procesiones) han sido prohibidas en todo el país.
