El hermetismo de la dictadura de Daniel Ortega hace difícil conocer la razón real por la cual funcionarios orteguistas han sido apartados de sus cargos tras incursiones policiales en sus casas o en sus oficinas. Sin embargo, el silencio del mismo oficialismo y de los mismos funcionarios afectados confirma las purgas reportadas extraoficialmente.
Entre los casos más conocidos de funcionarios caídos en desgracia está el de la magistrada y presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, quien fue sacada de su oficina el 24 de octubre de 2023, tras la intervención policial a la Corte, lo que es considerado por los críticos una destitución de facto, porque hasta el día de hoy no se ha hecho oficial.
Según los reportes extraoficiales, Ramos se mantiene bajo vigilancia policial en su casa, en una condición de casa por cárcel.
Como presidenta de la CSJ, Ramos permitió numerosos procesos judiciales anómalos contra opositores políticos y sentencias de hasta 200 años de prisión a personas que fueron encarceladas por manifestarse en contra de la dictadura Ortega Murillo.
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Arlette Cristiana Marenco Meza, la destituida viceministra general de Relaciones Exteriores y secretaria de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores, es otra exfuncionaria que supuestamente se encuentra bajo detención policial desde julio de 2024.
En el caso de Marenco Meza, sí se oficializó su destitución el 23 de julio de 2024, sin embargo, no se conoce el paradero de ella ni de su esposo, Reynaldo Vidaurre Benavídez, que también era trabajador del Estado. Tampoco se abrió un proceso judicial contra ellos por supuestos delitos de corrupción, que es de lo que supuestamente se les acusa.
En agosto pasado se conoció la sorprendente detención del comisionado general Marcos Alberto Acuña Avilés, jefe de escoltas personales del dictador Daniel Ortega hasta ese momento. La Policía orteguista confirmó a través de un comunicado que fue dado de “baja deshonrosa” y que sería juzgado por el delito de “incumplimiento de deberes, desobediencia e insubordinación”.
«Desobedeció flagrantemente órdenes superiores, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana», según el comunicado oficial.
Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), es otro personaje que fue leal y cercano al dictado y quien ahora está bajo casa por cárcel desde que la Policía descubrió que era miembro del grupo de Whasapp «La Comuna», donde participaban otros funcionarios públicos que supuestamente hacían uno que otro comentario crítico sobre el régimen orteguista.
A finales de agosto pasado el Ministerio Público —al servicio de la dictadura de Daniel Ortega— acusó por «robo al pueblo nicaragüense» a los integrantes de ese grupo de WhatsApp, sin embargo, Fonseca fue el único que no apareció en la acusación de la Fiscalía.
Los acusados son: Gustavo Antonio Zapata, Alejandro José Taleno Rueda, Ernesto Rafael Paredes Pérez, Cristian Eduardo Bermúdez Roque, José Antonio Bermúdez Sobalvarro, Isaías Alejandro Bonilla Chamorro, Frank Eduardo Matus Rodríguez y Rigoberto José Ramos, informó la Fiscalía en una nota de prensa publicada en medios oficialistas.
El asesor presidencial Steadman Fagoth es otro de los casos más recientes de funcionarios detenidos. Fue capturado por el Ejército, que le atribuyó a actividades vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado.
Allegados a Fagoth, sin embargo, aseguraron que su detención fue en represalia por declaraciones que brindó para advertir que, de no detenerse la invasión de colonos al territorio indígena de Bosawas, por la devastación del hábitat, la flora, la fauna y los recursos hídricos que están provocando, en unos quince años la nación Mayangna desaparecerá.
Foto tomada del portal oficial El 19 Digital.
¿Presos políticos? Ahí está el dilema
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas reconoció que estos exfuncionarios no están incluidos en la lista de presos políticos, en parte porque sus familiares no han denunciado su detención y hay muchas dudas sobre la razón por la que fueron apartados de sus cargos.
«Somos muy rigurosos con los procesos por esto de la credibilidad y transparencia de la lista y el trabajo continuo de los últimos seis años. A ellos los tenemos identificados, pero no tenemos certeza de los hechos y principalmente no hay información clara de sus casos de parte de su familia», dijo el Mecanismo ante consultas de LA PRENSA.
«Las familias de ellos deben estar muy vigilados para que no denuncien pero también lo han estado cientos de familias estos años y logran vencer el miedo. El reconocimiento de una persona como presa política es de mucha responsabilidad y debe ser asumida por ambas esferas, las organizaciones de ddhh (Mecanismo, en este caso) pero también pasa por el reconocimiento y aceptación de la familia que su ser querido es un preso político», explicó una fuente del Mecanismo que pidió no ser identificada.
En el último corte de la lista de presos políticos del mes de septiembre, el Mecanismo sumó a 4 trabajadores del estado, siendo «la primera vez que se logró que un caso con perfil así logremos ingresarlo», dijo la fuente.
«Esto se debe a que las amenazas, intimidación y control social de la dictadura para con las familias de los detenidos es muy alta y cuando son sus funcionarios o simpatizantes peor. Hemos conocido decenas de casos de funcionarios que están detenidos o en casa por cárcel, pero sin un contacto, enlace o autorización de la familia no se puede ingresar a la lista. Aún si se hace un análisis y se pueda intuir que la motivación sí es política, la familia tiene la última palabra», explicó la fuente del Mecanismo.
Muerte de Humberto Ortega agitó el debate
El dilema de si los funcionarios estatales o allegados al régimen que han solapado –o en los casos más graves que han sido parte fundamental del aparato represor del Estado– cobró intensidad por el caso del hermano del dictador, el general en retiro Humberto Ortega, quien murió aislado e incomunicado por ofrecer una entrevista sobre sus valoraciones políticas.
A consideración de la abogada y ex presa política desterrada, Ana Margarita Vijil, el general Humberto Ortega sí era un preso político, porque fue privado de su libertad por expresar su opinión. La opositora manifestó que bajo la dictadura Ortega Murillo todo mundo está en riesgo y a merced de los designios del régimen, no solos los activistas opositores, como ha quedado demostrado con la detención de ex funcionarios y familiares.
Diferencia entre preso político y preso de conciencia
Vijil además explicó que el término «prisión política» tiene un uso más amplio que el reconocido por los estándares internacionales bajo el concepto de «preso de conciencia».
«En los estándares internacionales, un preso de conciencia es una persona encarcelada por ejercer su derecho a la protesta, la libertad de expresión o cualquier tipo de oposición pacífica al gobierno. En Nicaragua, hemos optado por no utilizar ese término, prefiriendo uno más amplio: persona presa política. Esto responde al patrón de represión más extenso que utiliza el régimen, en el que cualquiera puede ser detenido y encarcelado por razones políticas. No solo los activistas enfrentamos ese riesgo», refirió Vijil.
Vijil valoró que el término «preso político» no es una categoría jurídica, sino un mecanismo para describir un fenómeno de persecución por razones políticas.
«Abarca a personas que sufren dicha persecución incluso sin ser activistas. En esta categoría hemos visto a familiares de activistas y a personas que, sin haber participado en protestas o ser críticas del gobierno, el régimen identifica como opositoras y las trata como tal. También incluye a personas dentro del mismo Frente Sandinista o trabajadores del Estado que el régimen percibe como amenazas, ya sea por haber hecho un comentario crítico en un grupo de WhatsApp como ‘La Comuna’ o por renunciar a sus cargos o querer salir del país a buscar una mejor vida, lo que los convierte en sospechosos», agregó Vijil.
«Hay una enorme diferencia»
Por su parte, el político opositor Juan Sebastian Chamorro sí diferenció a las personas que están siendo encerradas por la dictadura de Daniel Ortega. Dijo que los funcionarios que son detenidos bajo acusación de corrupción no se convierten automáticamente en opositores, sino que son funcionarios del régimen a quienes se les está castigando por «corrupción no autorizada».
«Digo no autorizados porque sabemos que la dictadura es completamente corrupta y reparte prebendas entre sus allegados, pero no es muy amigo de permitir de que manera independiente estos funcionarios también hagan sus transacciones privadas, esos no son presos políticos», dijo Chamorro.
Chamorro tampoco cree que es comparable un disidente reciente a una persona conocida por sus convicciones y principios democráticos de vieja data o sin antecedentes de apoyar a la dictadura.
«Se podría argumentar de que están presos por razones políticas, pero hay una enorme diferencia entre un disidente muy reciente, que vivió del erario y vivió allegado a la dictadura hasta el día de hoy, y un luchador por la democracia, que tiene años de estar luchando y que ha sufrido vejámenes o incluso la muerte. Yo separaría o marcaría una línea de diferenciación entre ambos grupos», agregó el opositor.
En Nicaragua, la dictadura familiar de Ortega y su esposa han encarcelado a cientos de personas por expresar sus inconformidades sociales y políticas desde 2018. La mayoría han sido excarceladas y desterrados del país, pero aún hay una lista de al menos 45 presos políticos reconocidos por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas que quedan dentro de las cárceles del país.
