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CONTENIDO EXCLUSIVO.En medio del avance silencioso del recorte de plazas en las instituciones estatales y municipales, para reducir el gasto en salarios, el régimen Ortega Murillo recortó asignaciones y quitó ingresos, que elevarán la disponibilidad de recursos en el Presupuesto General de la República. Bajo esta lógica afectó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a los beneficiarios de los bienes incautados al narcotráfico, al Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) y ahora, a las universidades públicas que perdieron unos 10 millones de dólares que recibían cada año para pagar los servicios básicos de los centros de estudios.
Para disponer de estos recursos, el régimen ha reformado leyes e incluso la Constitución, y según los especialistas el objetivo es «disponer de más dinero para cumplir los compromisos que el país tiene con sus acreedores». Pagos que en los últimos años crecieron en casi 200 por ciento, ya que pasaron de alrededor de 200 millones de dólares anuales a más de 600 millones.
A criterio del economista y exreo político desterrado, Juan Sebastián Chamorro, el acelerado incremento de la partida que Nicaragua necesita cada año para amortizar la creciente deuda pública externa, está empujando al régimen a «optimizar» las asignaciones, aún a costa de afectar a aliados que en otra época no habrían permitido estos recortes.
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CSJ entre la que más presupuesto perdió
Algunas de las afectaciones más evidentes son la de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que con una reforma a la Constitución y otra a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que la aplanadora oficialista de la Asamblea Nacional aprobó en noviembre del año asado, le quitó el 4 por ciento del Presupuesto que la Constitución le otorgaba. Ahora ese poder del Estado recibirá la partida que el Ministerio de Hacienda considera suficiente para cubrir sus necesidades.
Posteriormente les quitó a los funcionarios del Poder Judicial un fondo de retiro que en los últimos veinte años acumuló unos 786.22 millones de córdobas provenientes cobros por agilización de trámites, dinero procedente de las incautaciones judiciales; y en menor proporción el aporte de los funcionarios de la Carrera Judicial. Estos recursos se trasladaron al Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS). Con excepción de los aportes de los funcionarios, los otros ingresos se destinaron al Presupuesto General de la República.
En junio de este año, otra reforma, en este caso a la Ley 735, Ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados, eliminó el anterior esquema de reparto de estos recursos y los trasladó a “cubrir necesidades presupuestarias”.
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También el Intur y las universidades
A finales de julio una reforma a la Ley 495, Ley General de Turismo, estableció entre otros cambios, que una amplia lista de recaudaciones y tributos que antes se identificaban como “patrimonio exclusivo del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur)” y que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tenía que entregar al Intur, ahora son recaudaciones del sector turístico para financiar el Presupuesto General de la República.
La semana pasada la estrategia tocó a las universidades públicas, que en 1990 y 2006, mientras Daniel Ortega dirigió la oposición, paralizaban el país constantemente con huelgas y asonadas, pero ahora aceptaron gustosas que una reforma a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, las dejara sin una partida de alrededor de 10 millones de dólares anuales que recibían para pagar los servicios a agua, luz y teléfono.
Según los diputados, este recorte hará que las instituciones de educación superior sean más eficientes en el manejo de los recursos que reciben a través de la partida del 6 por ciento del Presupuesto que les otorga la Constitución, pero también más amigables con el medio ambiente, ya que ahora harán mejor uso de los servicios básicos.
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Estrés generado por el endeudamiento
A criterio de Chamorro todas estas medidas son empujadas por el «estrés financiero que les está provocando el endeudamiento», y advierte que debido al cumplimiento de los periodos de gracia en los próximos años estos compromisos seguirán creciendo y con ello las presiones para obtener los recursos para cubrirlos.
Según los reportes de deuda pública externa del Banco Central de Nicaragua (BCN), en 2017 el saldo de la deuda pública externa era de 5,546.1 millones de dólares y esos compromisos demandaban abonos anuales de 224.4 millones e dólares anuales.
Sin embargo, a partir del estallido de la crisis socio política en 2018, el régimen Ortega Murillo recurrió a varios créditos que, a finales de 2023 elevaron hasta 8,549 millones de dólares el saldo de la deuda externa pública. En respuesta a la represión con que el régimen reaccionó a las protestas sociales, provocando más de 350 muertos, miles de heridos y encarcelados, y el éxodo de más de 800 mil nicaragüenses, los organismos multilaterales que otorgan recursos concesionales suspendieron la aprobación de nuevos créditos.
Esto obligó al régimen a recurrir al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que ofrece financiamiento más caro. De tal manera que, según los informes de Deuda Pública del Ministerio de Hacienda, entre 2017 y 2023 el saldo de la deuda pública externa creció en cerca de 40 por ciento, al pasar de 5,546 millones de dólares a 8,549 millones, el monto destinado al pago anual de estos créditos creció en 170 por ciento, subió de 224.4 millones de dólares en 2017 a 606 millones de dólares en 2023; y este año sigue aumentando, ya que en el primer semestre se abonaron 340 millones de dólares.
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