Aunque es una violación a un derecho laboral, adquirido hace veinte años por los funcionarios del Poder Judicial, los especialistas celebran que la dictadura Ortega Murillo los haya despojado del Fondo de retiro que tenía unos 786.22 millones de córdobas. Estos recursos se recaudaron durante casi veinte años principalmente a través de los ingresos por cobros por agilización de trámites y dinero procedente de las incautaciones judiciales; y en menor proporción por el aporte de los funcionarios de la Carrera Judicial.
Además, no se descarta que el mal manejo de estos recursos haya provocado que a finales del año pasado, encarcelaran, destituyeran y condenaran a varios años de cárcel en un juicio secreto, a varios funcionarios de ese poder del Estado, entre ellos a Berman Martínez, que en su calidad de secretario general administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estaba a cargo del manejo de estos recursos. Martínez también ocupaba el cargo de secretario de organización del Frente Sandinista en esa entidad.
“Esa era una prebenda que les daban para mantener chantajeado a los funcionarios del Sistema Judicial. Nunca hubo razón para recibieran ese beneficio. En el Estado debe imperar la igualdad de derechos, por tanto debieron darlo a todos o a ninguno. Pero ni siquiera dentro del Sistema Judicial era parejo, solo beneficiaba a unos 2,500 de los más de 8 mil empleados. Entonces es mejor que lo haya eliminado, porque como dice el refrán: o todos somos hijos o todos entenados”, asegura un especialista en Seguridad Social que por temor a represalias solicita omitir su nombre.
Lea además: Asamblea aprueba las reformas que le quitan a los funcionarios judiciales su fondo de ahorro
Fondo tenía unos C$786.22 millones
El Fondo de Beneficios de los funcionarios en retiro del Poder Judicial se creó en octubre del 2004 mediante la aprobación de la Ley 501, Ley de Carrera Judicial, para beneficiar a los funcionarios de la Carrera Judicial, que según esa misma ley incluye a: los defensores públicos, secretarios judiciales, secretarios de sala, oficiales notificadores, jueces locales, jueces de distrito, magistrados de tribunal de Apelaciones, secretarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los magistrados de la CSJ, estos últimos, “como integrantes del órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, integran la Carrera Judicial como categoría especial”.
LA PRENSA tuvo acceso a un estudio actuarial que le realizaron a ese Fondo en 2015 y en él se detalla que en ese momento tenía una reserva de 252.23 millones de córdobas. Sus ingresos registraban un crecimiento promedio anual del 15 por ciento, por lo que según el especialista, al cierre del 2023 habría llegado a 786.22 millones de córdobas.
El estudio también dice que unos 2,500 empleados que tenían derechos a los tres beneficios que ofrecía: jubilación, invalidez-muerte y servicios pasados, estaban en un franco proceso de envejecimiento y que a partir de 2016 los primeros 120 funcionarios llegarían a la edad de jubilación y el Fondo tendría que empezar a cumplir con los compromisos establecidos.
Ingresos de la CSJ iban al Fondo de retiro
El estudio detalla que el aporte del 3 por ciento del salario que entregaban los funcionarios, solo representaba el 13.3 por ciento del total del Fondo. El principal flujo de recursos se obtenía a través de los ingresos que percibía el Poder Judicial a través de algunos servicios.
Entre ellos, el 50 por ciento de los ingresos que cobraban los Registros Públicos por agilización de trámites, este aporte representaba el 36 por ciento del total. También, el 40 por ciento de los ingresos que obtenía mediante el cobro por servicios varios, partida que representaba el 15 por ciento del total; y el resto de los recursos se conseguían a través de la distribución de dinero incautado. Cabe recordar que la CSJ ya no cuenta con algunos de estos ingresos, porque la dictadura le quitó el control de los Registro Públicos.
Además, ahora debe manejar mejor sus ingresos porque en noviembre de 2023 la dictadura Ortega Murillo reformó la Constitución para eliminar la asignación no menor al 4 por ciento del Presupuesto General de la República que le otorgaba al Poder Judicial. Esta reforma se refrendó en enero pasado y con ella la partida asignada en el Presupuesto pasó de 4,210 millones de córdobas en 2023 a 3,952 millones este año, la reducción afectó principalmente la partida asignada al gasto corriente, es decir
Fondo de retiro con beneficios onerosos
Cuando se hizo el estudio actuarial, del monto total cerca de 83 millones de córdobas procedentes de la distribución de dinero incautado, estaban en los bancos en certificados de deposito de plazo fijo. 55 millones estaban en certificados en dólares a 12 meses de plazo con una tasa de interés anual anual de 4.4 por ciento; y cerca de 28 millones de córdobas en certificados en dólares a 12 meses de plazo por lo que recibían una tasa de interés anual de 3.75 por ciento.
Según el estudio, debido a los “onerosos” beneficios que le ofrecía, al 2015 el Fondo tenía una reserva equivalente a 252.23 millones de córdobas para cubrir beneficios que requerían cerca de 2 mil millones, por lo que se determinó los ingresos que crecían en promedio a 15 por ciento anual no permitirían cubrir los compromisos y se generaría un déficit de 1,734 millones de córdobas.
La recomendación fue eliminar los beneficios y crear un Fondo de ahorro, similar al que tiene el Banco Central de Nicaragua (BCN) al que los trabajadores aportan 4 por ciento y la institución pone a través del convenio colectivo, un porcentaje similar, y al momento de jubilarse cada funcionario reciba lo ahorró durante su vida laboral, más los intereses devengados por su dinero. También, mejorar las inversiones para que el incremento de los rendimientos oxigenara al sistema. Y advirtió que de no hacer estos cambios en 2024 el Fondo de reserva se agotaría.
¿Cuánto dinero tenía el Fondo que pasó al INSS?
Sin embargo, el especialista dice que en lugar de mejorar el portafolio de inversiones comenzaron a utilizar los recursos para hacer préstamos con tasas de interés similares a las de los bancos. También, algunos funcionarios señalaban a Martínez de malversas esos recursos. Eso llevó a muchos a pedir que les regresaran sus aportes y según el especialista a muchos les devolvieron su dinero.
Sin embargo, la reforma estableció que: “los fondos: provenientes de los certificados de depósito a plazo, así como los intereses por inversiones, préstamos, recursos provenientes de aranceles, cualquier título, sea inversión, participación o dividendos y por servicios prestados, existentes o que tengan al momento de aprobación de esta ley, del Fondo de Beneficios de los Funcionarios en retiro de la Carrera Judicial, serán transferidos al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), para los fines propios y específicos del mismo”.
En la reforma no se menciona cuanto dinero había al momento de trasladarlo al INSS, tampoco ningún funcionario de la CSJ ni diputado de la Asamblea Nacional que aprobó la reforma, se han referido al monto del dinero “incautado” a los trabajadores del Poder Judicial.