La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior (Ley 89), enviada por el dictador Daniel Ortega, que le quita la exención del pago de los servicios públicos (agua, electricidad, teléfono, correos).
Lea también: ¿Por qué la existencia de la confiscada Universidad Casimiro Sotelo está en riesgo?
La reforma, concretada este miércoles 25 de septiembre, fue hecha al artículo 55, sobre el “Patrimonio de las universidades y centros educativos técnicos superior”, que antes establecía que las universidades y centros de educación técnico superior “estarán exentos del pago de los servicios públicos (agua, electricidad, teléfono, correos), los que le serán brindados de manera gratuita por el Estado y sus instituciones”.
Reforma al cálculo del 6 %
El artículo 55 también es el que establece el 6 por ciento del Presupuesto General de la República a las universidades. Ese párrafo fue modificado para calcular el 6 por ciento sobre el total de los ingresos ordinarios y extraordinarios del Presupuesto.
“El aporte ordinario del Estado, como garantía mínima para hacer efectiva la Autonomía Universitaria, que no debe ser menor del 6 por ciento del Presupuesto General de Ingresos de la República, debe calcularse sobre el total de los ingresos ordinarios y extraordinarios establecidos en el Presupuesto General de la República para el año correspondiente, independiente del origen de dichos ingresos”.
Lea también: Universidades privadas en Nicaragua sufren “persecución silenciosa”
Antes de la reforma decía: “El aporte ordinario y extraordinario del Estado. El aporte ordinario no podrá ser menor del 6 por ciento del Presupuesto General de Ingresos de la República, como garantía mínima para hacer efectiva la Autonomía Universitaria”.
La diputada sandinista y presidenta de la Comisión de Educación, Ángela Espinoza, manifestó que la asignación del 6 por ciento “hace posible la capacidad de pago de las instituciones de educación superior”.
“Esta reforma llevará a nuestras instituciones de educación superior a ser más amigables con el medioambiente, ahorrando energía, el vital líquido como lo es el agua y la telefonía. De manera que las instituciones de educación superior deben de tomar las medidas necesarias, a fin de cumplir con el pago de estos servicios”, dijo la diputada oficialista.