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Universidades

Universidad Nacional Casimiro Sotelo. Foto tomada del portal oficial El 19 digital

¿Por qué la existencia de la confiscada Universidad Casimiro Sotelo está en riesgo?

Régimen de Daniel Ortega revela que la confiscada Universidad Centroamericana (UCA) está operando con "las uñas", así como las otras casas de estudios arrebatadas por la dictadura

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En medio de la propaganda que justifica el robo de las universidades, incluida la Centroamericana (UCA) a la congregación de sacerdotes jesuitas, alegando que fue para “restituir el derecho a la educación pública gratuita y de calidad”, a la Casimiro Sotelo solo le dieron 248 millones de córdobas de la partida del 6 por ciento del Presupuesto. El monto es menor al que recibió en 2017 para otorgar becas, por tanto es imposible que cubra los gastos necesarios para garantizar el funcionamiento y mantenga la calidad de la extinta universidad jesuita, que por ser pública ahora no cobra aranceles.

“La única respuesta clara que encuentro es que o inventan algo, o en definitiva no es cierto que los estudiantes no van a pagar, porque con los 248 millones de córdobas que le asignaron es imposible que pueda funcionar. Si aplicamos el sentido común, no creo que la dejen morir eso sí que no, no lo creo porque sería la admisión de una derrota política enorme, pero con esta gente uno nunca sabe, ellos son capaces de todo”, asegura Adrián Meza, exrector de la confiscada Universidad Paulo Freire (UPF).

La partida anual del 6 por ciento constitucional que el Presupuesto asignó este año a los centros de estudios superiores es de 8,028 millones de córdobas, monto superior en 27 por ciento con respecto a los 6,315 millones destinados en 2023 y que a criterio de exrectores universitarios es llamativo, ya que la partida nunca creció tanto de un año a otro.

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Las otras nacionales se quedan con el 74 %

Además, la partida se repartió de una forma muy desigual entre una decena de universidades públicas. Las antiguas estatales UNAN-Managua, UNAN-León, Nacional de Ingeniería (UNI) y Nacional Agraria (UNA) se quedaron con el 74 por ciento del monto total, que equivale a 6,041 millones.

En cambio, las también universidades nacionales Casimiro Sotelo montada en la antigua UCA, la Politécnica en la antigua Upoli, la Francisco Luis Espinoza en la Ucatse y la Ricardo Morales Avilés, que surgió de la fusión de casi treinta universidades privadas que confiscaron, solo recibieron alrededor del 11 por ciento del monto total, equivalente a 844 millones.

Las dos universidades de la Costa Caribe, junto a la Antonio Valdivieso de Rivas, se quedaron con el 10 por ciento, equivalente a 755 millones de córdobas. Y el restante 5 por ciento, que equivale a 384 millones de córdobas, se lo entregaron a la Secretaía Técnica del Consejo Nacional de Universidades (CNU), que además sufrió una reducción del 55 por ciento en su partida que en 2023 fue de 866 millones de córdobas.

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Nuevas universidades con menos dinero

El recorte que le aplicaron a la Secretaría Técnica contrasta con el crecimiento del 27 por ciento que registró la partida anual del 6 por ciento y que solo se trasladó a la UNAN-León cuya partida creció en 60 por ciento; a la UNAN-Managua con un incremento del 32 por ciento, y a la UNA que le aumentaron 27 por ciento.

Para Ernesto Medina, exrector de la Universidad Americana (UAM), si la Casimiro Sotelo mantiene el mismo número de estudiantes, el mismo número de carreras y quiere seguir ofreciendo la calidad de la educación que brindaba la UCA, “debe estar teniendo serios problemas de calidad para seguir funcionando”.

La partida de 248 millones de córdobas que le asignaron este año es similar a lo recibido por la UCA en 2016 y 2017, es decir hace más de siete años, cuando los salarios y otros costos eran más bajos. Además, en esos años ese dinero se utilizaba únicamente para garantizar la educación de los estudiantes becados, ya que más de la mitad de los alumnos pagaba los aranceles que garantizaban el funcionamiento del centro de estudios que en esos años tenía un presupuesto de alrededor de 500 millones de córdobas anuales.

Medina, quien fue despojado de su nacionalidad, asegura que esa partida “obviamente que no da para investigación, ni para renovar suscripciones de la biblioteca”, ni para otros gastos necesarios para mantener los estándares de calidad de la educación que impartía la UCA.

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¿Tiene problemas financieros la Casimiro Sotelo?

Para Medina, en aras de la transparencia “si es que existe todavía”, la Casimiro Sotelo debería explicar cuál es la realidad que enfrenta con ese presupuesto, que incluso es menor que el de la Secretaría Técnica del CNU a la que este año le entregaron 384 millones de córdobas.

“A todas luces es absurdo que una universidad con la infraestructura, las carreras y con la pretensión de mantener el mejor estándar de calidad que tenía antes de la confiscación del año pasado, tenga un presupuesto que es menor al de la Secretaría Técnica del CNU”, señala Medina y añade que cabe la pregunta sobre cuál es el mecanismo que utilizan para definir la distribución de los recursos, sobre todo por los cambios de los últimos años.

Incluso, Medina considera que el incremento que registró la partida de la Secretaría Técnica del CNU entre 2021 y 2023 cuando pasó de 334 a 866 millones refleja que la estaban preparando para la masiva confiscación de universidades que se registró en ese periodo, y ahora que eso ya se concretó el monto de la asignación que le entregan volvío a los niveles previos a ese periodo.

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Universidades nacionales que cobra

Por su parte, Meza considera que al entregarles únicamente el 11 por ciento del total de la partida del 6 por ciento, que equivale a 844 millones de córdobas, a las cuatro surgidas de la “liquidación y absorción de la educación superior”, el régimen Ortega Murillo refleja la importancia que les da a esta universidad.

“Eso da una idea de la importancia y del rango político que efectivamente, el Gobierno le da a las universidades, a los estudiantes, a los docentes y a los funcionarios que quedaron aglutinados en las nuevas públicas entre comillas, creadas sobre la ruina y el patrimonio de las universidades privadas que confiscaron… La verdad es sencilla, los estudiantes de esas nuevas universidades públicas entre comillas serán obligados a pagar aranceles como si siguieran estudiando en universidades privadas, ya que es la única forma de que con esas partidas que les dan puedan seguir funcionando”, señala Meza.

En el caso de las antigua Upoli y Ucatse y la Ricardo Morales Avilés que surgió de la fusión de varias confiscadas, se ha confirmado que siguen cobrando aranceles a sus estudiantes. Pero en el caso de la Casimiro Sotelo, aunque inicialmente se dijo que mantendría cobros, luego se aseguró que sería totalmente gratuita, por eso los exrectores consideran imposible que pueda funcionar con los recursos que le asignaron.

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¿En qué gasta el CNU C$384 millones?

Mientras Medina considera que en los años previos elevaron las partidas de la Secretaría Técnica del CNU para que asumiera los problemas que surgirían tras la confiscación de casi treinta privadas y ahora que ese se concretó volvieron al nivel previo, Meza cuestiona qué funciones asumirá ahora esa instancia que de un año para otro perdió el 55 por ciento de los recursos que le entregaban, ya que su partida pasó de 866 millones de córdobas en 2023 a 384 millones este año.

“¿Qué ocurre ahora con todas las tareas que antes desarrollaba el Consejo Nacional de Universidades? Porque ahora las funciones son eminentemente políticas, ya no tiene el consumo de recursos que tenía el CNU de Telémaco Talavera que se preocupaba por el desarrollo de los componentes de ciencia y tecnología, de recursos didácticos y académicos es decir, vivía de una u otra forma atento al desarrollo científico y tecnológico de las universidades que estaban aglutinadas cuando yo era miembro del Consejo Nacional de Rectores”, cuestiona Meza.

Medina y Meza coinciden en que es necesario que el CNU, las nuevas universidades públicas Casimiro Sotelo, la nueva Politécnica, la Francisco Luis Espinoza y la Ricardo Morales Avilés rindan cuentas sobre su situación financiera, el uso de los recursos públicos que reciben y el manejo de los aranceles que cobran a sus estudiantes.

Esta rendición de cuentas también deben cumplirla las antiguas casas de estudio públicas, especialmente la UNAN-León y UNAN-Managua, cuyos presupuestos crecieron este año en 60 y 32 por ciento, respectivamente.

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