El informe “Disolución de universidades nicaragüenses y violaciones de derechos humanos”, presentado por el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), con sede en Argentina, revela que la personería jurídica de 30 universidades les fue “cancelada arbitrariamente” por la Asamblea Nacional o por el Ministerio de Gobernación entre 2021 y 2023.
Según Calidh, esto conlleva a crímenes de lesa humanidad de persecución política. En 2022 el régimen mantuvo un “ritmo imparable del Estado para cancelar universidades”, una cifra récord de 18, según el estudio. En 2021 una universidad fue cancelada y en lo que va de 2023, 11.
Danny Ramírez Ayérdiz, secretario ejecutivo de Calidh, dijo para LA PRENSA que el informe es un acercamiento para conocer la destrucción de las universidades que ha perpetrado el régimen.
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“Establecemos que el Estado de Nicaragua cometió el crimen de persecución cada vez que se dirigió contra un sector de la población con la finalidad de dañar derechos fundamentales establecidos en el derecho internacional que no pueden ser violentados de ninguna manera”, subrayó.
El informe detalla que los responsables penales de todos los actos en contra de las universidades en el país son: María Coronel Kinloch, ministra de Gobernación; Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Wendy Morales, procuradora general de la República, entre otros funcionarios.
Según Calidh, «el régimen nicaragüense se asoció ilícitamente en un engranaje en el que cada funcionario cumplía una función perfecta en esa armazón de destrucción” y como resultado concluyeron que los funcionarios señalados han cometido 21 delitos.
El documento detalla que es así como los nazis usaron al Estado, sus estructuras y funcionarios completamente “para la destrucción del espacio civil de Alemania en los primeros años de esa dictadura y después a millones de víctimas…”.
Ramírez Ayérdiz explicó que el informe público está dividido en varias secciones porque “el equipo se encontró con una gran cantidad de violaciones de derechos humanos y de utilización de la legalidad, supuestamente vigente y de actos que no están previstos en la ley que requirieron que nosotros ordenáramos el informe de una manera en la que se pudiera dar una luz, porque esto no es un informe definitivo, esto es un informe inicial y creemos que a los organismos estudiantiles y organismos de docentes en el exilio les corresponde profundizar en estos aspectos”, apuntó.
En detalle
La organización ejecutora del informe recordó que Daniel Ortega y Rosario Murillo actuaron de manera furibunda contra las universidades y ordenaron a Gustavo Porras decretar la cancelación de las primeras alma mater y después esta “tarea ilegal” la asumió la ministra de Gobernación, María Coronel Kinloch.
Porras desde el parlamento aprobó una serie de leyes y perfeccionó el mecanismo “jurídico” para sustentar la disolución de universidades nicaragüenses y violaciones de derechos humanos, mientras las cancelaciones las perpetraba Coronel.
“Allí detectamos aproximadamente cinco leyes que se utilizaron para ir arrinconando a las organizaciones, pero en específico a las universidades, entre ellas la Ley 977 sobre lavado de dinero, donde se criminaliza a todas las señaladas”, explicó Ramírez.
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El informe detalla que una vez canceladas las personerías jurídicas de las universidades, Rodríguez junto con la procuradora de la República, Wendy Morales, se encargaron de “trasladar los bienes al Estado” y consumar “la confiscación inconstitucional de los patrimonios universitarios”.
Por su parte, el director de la Policía Nacional, Francisco Díaz, suministró “la fuerza irracional y las camionetas llenas de policías para hostigar, después, a los directivos, profesores y estudiantes de las universidades disueltas”.
En este contexto, el régimen violó la libertad de asociación, de educación superior, libertad académica y no discriminación, reafirma Calidh.
Daño al derecho humano
En cuanto a la sección de violaciones de derechos humanos, según Calidh lograron “reconstruir las conductas dolosas de la ministra de Gobernación y de la Asamblea Nacional en todo este proceso que han sufrido las comunidades universitarias en estos tres años y no sabemos si parará, por lo menos para las universidades que no están ligadas al orteguismo, como la UAM, la UdM, la UCN, la Unica, entre otras”, apuntan.
Respecto a la violación de otros derechos como la libertad de asociación, de educación superior, libertad académica y no discriminación, a diferencia de los informes precedentes, el centro decidió recoger testimonios y utilizar las denuncias que ha recibido de exdocentes, estudiantes y trabajadores de universidades públicas y confiscadas.
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“Han hecho actos horrorosos, entrevistamos a estudiantes y extrabajadores que sufrieron persecución, por ejemplo, a una estudiante que le quemaron su casa en 2020 porque se negó a pedir un aval político para entrar a la universidad pública”, reveló el dirigente de Calidh.
