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Entre las ONG canceladas por el régimen está el la Asociación Misioneras de la Caridad. LA PRENSA/Archivo

Estragos del cierre masivo de ONG en Nicaragua: 23,483 desempleados y 3.4 millones desatendidos

Un informe de Fundación del Río muestra las consecuencias que ha dejado la feroz persecución contra las organizaciones sin fines de lucro en el país desde 2018

El cierre masivo de organizaciones sin fines de lucro (OSFL/ONG) en Nicaragua ha dejado a 23,483 personas en el desempleo y pérdidas de US$255 millones, así como 3.4 millones de beneficiarios desatendidos, reveló este jueves un informe presentado por la Fundación del Río, que dirige el biólogo Amaru Ruiz.

Lea además: Régimen ha cancelado 3,362 organismos no gubernamentales

El análisis de datos se realizó con base en un monitoreo de las cancelaciones de personalidad jurídica de ONG, que comenzaron en diciembre 2018. Se cuantificaron 58 gacetas que oficializan el cierre de las organizaciones, el 81 por ciento de estas gacetas fueron solo en el año 2022.

El registro del Ministerio de Gobernación y del Estado de Nicaragua confirma que antes de 2018 existían 7,227 OSFL; con las cancelaciones hasta 2022, el espacio cívico de ONG se redujo en un 44.4 por ciento de las personerías jurídicas existentes.

Los resultados arrojaron que la dictadura de Daniel Ortega ha utilizado cuatro tipos de instrumentos legales para cancelar los OSFL: Decreto de la Asamblea Nacional, Acuerdo Ministerial, Resolución Ministerial y mediante Ley Especial de Cambio de Régimen Jurídico.

La Policía de la dictadura de Daniel Ortega saqueó y se tomó en diciembre de 2018 las sedes de las primeras nueve ONG canceladas, entre estas Popol Na, Cenidh, Instituto de Liderazgo Las Segovias y el Centro de las Investigaciones para la Comunicación (Cinco). LA PRENSA/Archivo

El reporte explica que en octubre de 2022, Manuel Orozco, del Diálogo Interamericano, presentó un breve análisis del impacto de las cancelaciones de las ONG a nivel nacional, el cual contó con la colaboración de diversas organizaciones que accedieron a facilitar los datos sobre la cantidad de trabajadores y miembros antes del cierre, ejecución promedio anual y cantidad de beneficiarios directos.

Lea además: “Disolución voluntaria”, la máscara con la que el régimen fuerza el cierre de ONG

Para la construcción de la muestra se seleccionaron los primeras 1,000 ONG nacionales canceladas, de estas el 53 por ciento estaban activas; se tomaron solamente los activos que eran 537 organismos y se tomó como muestra representativa del 10 por ciento (53 ONG). Los resultados de esta muestra evidenciaron que el impacto del cierre generó más de 2,000 personas en el desempleo, una pérdida de 42 millones de dólares en ejecución anual en proyectos de desarrollo y la desatención de más de un millón de beneficiarios.

“Una estimación conservadora, utilizando la mediana de los datos obtenidos en el estudio del Diálogo Interamericano, nos arroja que el impacto del cierre de las 1,021 OSFL nacionales activas podría significar una pérdida de 23,483 personas en el desempleo, 255 millones de dólares en ejecución anual de proyectos de desarrollo y la desatención de 3.4 millones de beneficiarios de estos proyectos”, explica el análisis.

Gran parte estaban activas

El promedio de operación de las OSFL canceladas en el país era de 19 años y al menos el 39 por ciento del total estaban activas al momento del cierre.

El análisis señala que el desglose permite evidenciar que el 37 por ciento de las ONG nacionales estaban activas, mientras que el 63 por ciento estaban inactivas. En el caso de las ONG internacionales, el 52 por ciento estaban activas y el 48 por ciento no reportaban actividad desde 2018. “Es importante mencionar que este análisis se hizo a partir de reportes públicos de actividades de estos OSFL, por lo que las cifras pueden ser mucho mayores”.

Criminalización de la labor de las ONG

El análisis además identificó cuatro motivos detrás de las cancelaciones: la criminalización de la labor de las ONG, la desarticulación del tejido territorial, el control de la cooperación al desarrollo y la hegemonía sobre el bien común y la ayuda humanitaria.

Al menos cuatro de los organismos cancelados presentaron peticiones ante la CIDH tras agotar la vía legal nacional, otros monitorean las cancelaciones y unos 25 se han constituido fuera del país para seguir funcionando.

Otros datos

Desde 2018, el régimen Ortega Murillo inició una feroz persecución contra los organismos no gubernamentales, al punto de contabilizar 3,211 ONG canceladas, lo que representa una reducción del 44 por ciento de las personerías jurídicas en Nicaragua. A muchas de estas además las ha confiscado.

Lea además: Dictadura ha eliminado la mitad de ONG que existían antes de 2018

De este total, el 52 por ciento tenía domicilio en el departamento de Managua, mientras que el 40 por ciento de las ONG internacionales canceladas eran originarias de Estados Unidos.

El 38 por ciento de las OSFL nacionales canceladas atendían temáticas de derechos humanos y el 74 por ciento de las internacionales canceladas se dedicaban a la cooperación al desarrollo.

Sandinistas celebraron la transformación de la Upoli a una universidad estatal en 2022, tras la cancelación de su personería jurídica y su toma por la parte de la dictadura de Daniel Ortega. LA PRENSA/Tomada de las redes sociales

Motivación detrás de las cancelaciones

El análisis determinó cuatro motivos del régimen que están detrás del cierre de las OSFL, entre estos la criminalización de la labor de los organismos. También la desarticulación del tejido territorial, que los organismos habían construido y la confianza de la población hacia los programas y proyectos que estas entidades venían implementando.

“Estos tejidos territoriales fueron protagonistas de las protestas de abril de 2018 o simplemente mostraron su inconformidad con lo que estaba sucediendo, por este motivo la desarticulación es un objetivo primordial para controlar el estado de ánimo de la sociedad nicaragüense, sobre todo a nivel rural”.

Otro interés del régimen es centralizar y controlar la cooperación al desarrollo: “El régimen de Ortega-Murillo trata de controlar y centralizar la cooperación al desarrollo, para que los fondos de la cooperación internacional, que los países están dispuestos a aportar al país, sean administrados y gestionados únicamente por las instituciones del régimen. El hecho de ir cercenando el espacio cívico es una forma de reducir las formas que estos países tienen de cooperar con Nicaragua”.

Y por último, hegemonía sobre el bien común y la ayuda humanitaria: “El régimen quiere tener la hegemonía total sobre quien genera solidaridad, ayuda o gestiona el bien común con la ciudadanía nicaragüense, inclusive desconfían hasta de los OSFL que eran aliados o afines a sus políticas”.

Política Nicaragua ONG universidades canceladas archivo

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