El cierre de miles de organizaciones no gubernamentales (OSFL/ONG) por parte de la Asamblea Nacional y del Ministerio de Gobernación (Migob) ha mutado. Ahora, la modalidad para forzar la desaparición de estos organismos es la figura de “disolución voluntaria”.
Amaru Ruiz, investigador que ha recopilado los cierres de ONG en el país, valoró que la “disolución voluntaria” de muchas organizaciones en realidad es una decisión forzada como alternativa para proteger sus bienes y cumplir con los trámites de liquidación. “Detrás de eso hay una incidencia del régimen de Daniel Ortega para convencer a las organizaciones de que le conviene mejor cerrar de manera voluntaria antes que ser canceladas”, dijo Ruiz.
En La Gaceta, diario oficial, aparecen estas disoluciones. Una de las más recientes fue la de Cáritas Nicaragua y Cáritas Jinotega, el pasado 7 de marzo. Según el Migob, estas solicitaron sus cierres “voluntarios” el 31 de enero de 2023 y el 23 de diciembre de 2022, respectivamente. Sin embargo, se conoció que ambas estaban siendo orilladas a cerrar por las presiones del régimen y los ataques a la Iglesia católica.
“El cierre voluntario es la fachada que se utilizó para la disolución, pero la causa verdadera responde a los impedimentos y trabas impuestas por la dictadura sandinista”, dijo la abogada e investigadora Martha Patricia Molina.
Solo en el caso específico de Cáritas, el brazo social de la Iglesia, la abogada dijo que desde hacía meses la organización había sido impedida de realizar correctamente su trabajo, “las autoridades correspondientes han secuestrado la ayuda humanitaria enviada por la comunidad internacional” y su cierre perjudicará sobre todo a las comunidades que eran beneficiadas con su trabajo altruista.
Las peticiones de cerrar “voluntariamente”, valoró Ruiz, se dan para que las ONG puedan dar destino a sus bienes y estos no sean confiscados por el Estado.
También este miércoles 8 de marzo en La Gaceta, diario oficial del Estado de Nicaragua, se publicó que seis ONG más solicitaron su “disolución voluntaria” al Ministerio de Gobernación, institución encargada del control y regulación de las organizaciones sin fines de lucro. También se publicó la cancelación de la personalidad jurídica de 20 ONG más, que se suman a una lista de más de 3 mil canceladas desde 2018.
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Cierres inesperados
Ruiz señaló que el cierre de estas ONG se da de forma inesperada, en un contexto en el que ya han sido canceladas más de 3 mil ONG y en todos los casos el Ministerio de Gobernación delega a la Procuraduría General de la República a hacer el “traspaso” de los bienes a nombre del Estado de Nicaragua, es decir que los confisca.
Dos de los primeros casos de cierres voluntarios se dieron en febrero de 2021: la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que se dedicaba a promover el periodismo independiente y la libertad de prensa en Nicaragua, y el PEN Nicaragua, organización que impulsaba programas de estímulos a la lectura, de difusión de la cultura nacional y apoyo a los escritores nacionales.
Ambas organizaciones anunciaron su cese explicando que no se someterían a la Ley de Agentes Extranjeros, una legislación que según los críticos es un mecanismo de espionaje financiero contra ciudadanos, medios de comunicación, organizaciones y asociaciones sociales y opositoras que reciban recursos de agencias y gobiernos extranjeros. En el caso de Fundación Violeta Barrios, su directora Cristiana Chamorro estuvo presa más de un año por sus aspiraciones presidenciales y por ser una dura crítica del régimen dictatorial de Ortega.
Para ese entonces, la dictadura de Daniel Ortega ya había cancelado y despojado de sus bienes a nueve organizaciones representadas por opositores y críticos, en diciembre de 2018, en el contexto de la represión armada contra las protestas civiles, que dejó más de 300 muertos, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Otras “disoluciones voluntarias” emblemáticas fueron la de la Fundación Centro Empresarial Pellas (Centro Empresarial Pellas) a finales de 2022 y Fundación social Sincotex Cares en enero de 2023.
El investigador Amaru Ruiz recordó que muchas de estas organizaciones tenían proyectos más allá del año en que están cerrando, sus trabajadores no veían venir este cierre y se dan cuenta hasta que está pasando, ninguna de las organizaciones había anunciado su cierre, ni había detenido sus operaciones.
“Lo que tenemos aquí es mucha evidencia o indicadores que te permiten decir: hay algo detrás allí que te impulsó a cerrar y que no necesariamente va con el interés propio y voluntario, sino que fueron forzadas”, valoró Ruiz.
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El investigador precisó que cuando una organización cierra tiene que realizar varios procedimientos que requieren tiempo. “No es que de la noche a la mañana cerrar, vos vas a ir liquidando y no te comprometés a nuevos proyectos. Las organizaciones necesitan que el Ministerio de Gobernación le firme el acta de cierre, porque si no te firman el acta de cierre quedás como en el limbo”.
“Para el trámite de cierre o disolución vos tenés que actualizar tus estados financieros, reportar todos tus activos, bienes, etcétera, para establecer el cierre contable y administrativo y establecer el destino de los bienes, tanto el líquido como el físico, muebles e inmuebles, para poder darle una salida al cierre de esa organización”, agregó.
Población tiene miedo de denunciar
La socióloga Haydee Castillo manifestó que el derecho constitucional de asociación y organización pasa por momentos sumamente dramáticos en Nicaragua, lo que se puede ver en la cancelación de cientos de ONG.
“La dictadura resguarda su imposición y su absolutismo en un estado de terror. Ello está teniendo graves consecuencias en que la población tiene miedo de denunciar los arrebatos y en casos les lleva hasta adelantarse a la acción del Estado, como es el caso de quienes deciden solicitar por si mismos la disolución de las OSC (organizaciones de la sociedad civil) constituidas bajo la Ley de ONG en Nicaragua (147)”, expresó Castillo, quien dirigía en Nicaragua un instituto de promoción de liderazgo y democracia, que fue cancelado por el régimen en 2018.
A partir de diciembre de 2018, el régimen orteguista comenzó la cancelación de ONG dirigidas por personas críticas de su gobierno, en medio de un contexto de represión contra las protestas civiles que estallaron en abril de ese año. Antes de 2018, existían en el país 6,566 OSFL. Con estas depuraciones que comenzaron por medio de la Asamblea Nacional, ese número ha mermado a la mitad al menos.