El gobierno de Daniel Ortega estaría aprovechando las regulaciones financieras internacionales de lucha contra actividades ilícitas y fiscalidad para perseguir a sus adversarios, tales como la Ley Especial de Ciberdelitos, la de Agentes Extranjeros y la reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias y la Ley de Concertación Tributaria, entre otras. Esto explicaría entonces por qué, pese a todas esas leyes y reformas, Nicaragua continúa sin mejorar sus indicadores internacionales relacionados, incluido el de fiscalidad.
El Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios (Iniet) organizó una conferencia internacional para abordar las normas contra el lavado de activos y fiscalidad, donde participaron diferentes especialistas que explicaron las tendencias internacionales del lavado de dinero en tiempos de pandemia, la posición de Nicaragua en este tema y las repercusiones de una marejada de leyes que ha aprobado y reformado la Asamblea Nacional.
El problema, según el presidente del Iniet, Julio Francisco Báez, es que el paquetazo de leyes antes mencionado nació en un contexto de inestabilidad política. “En 2019 la Ley de Concertación Tributaria mueve la fiscalidad y mueve el control financiero y puedo atreverme a decir que pone más riesgo (a la economía), hay menos mecanismos de control por la parte del lavado de activos, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva”, aseveró.
Y es que la reforma fiscal implementada desde el 2019 elevó el nivel de desempleo. Por ende, la informalidad creció, asimismo el comercio ilícito de cigarrillos fue evidente y las grandes empresas cooperantes de este sector se vieron obligadas a vender sus activos y abandonar el negocio, por ejemplo.
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Por su parte, la Ley 1040 trajo una alteración nacional, dice Báez. Se refiere que la Ley de Agentes Extranjeros, con la que se busca suprimir y controlar las donaciones recibidas. Para ello, se ordena el registro de las organizaciones sin fines de lucro, pese a que estas en sí ya son controladas por otras leyes, para evitar que las mismas sean usadas para actividades ilícitas, tal como advierten las regulaciones internacionales.
Sin embargo, Báez sostiene que la finalidad de la misma es controlar los sujetos que están gestionando financiamiento en términos políticos. “Esto significa que las personas que son destinatarias de financiamiento en términos de partidos políticos, movimientos electorales, en términos de campañas ciudadanas que llaman a la presencia cívica de los nicaragüenses, eso está prohibido, eso no se permite”, según su interpretación.
Esto siempre bajo la excusa de que las normativas internacionales invitan a que se dé seguimiento a los organismos no gubernamentales (ONG), porque pueden ser entidades relacionadas con actividades ilícitas, como ocurre a nivel mundial.
“Entonces esta ley (Ley 1040) inhibe políticamente, castra las donaciones y crea un ambiente de cómo nosotros vamos a conducirnos, lejos de presentarlo como una ley demoníaca, prefiero presentarla como una ley confusa”, expresó durante el foro virtual.
Báez asegura que la Ley 1040 es muy compleja y carece de reglamentos. “En esta Ley 1040 está la antítesis de la Ley de Unidad de Análisis Financiero y la Ley Reguladora del Combate al Lavado de Activos, porque aquí ya los organismos sin fines de lucro son agentes extranjeros per se, esto significa que solo las asociaciones en lo que respecta a no lucro, de carácter religioso, no son agentes extranjeros, entonces ese punto, antes de entrar en cualquier crítica preguntémonos: ¿está la lógica presente? ¿Por qué un organismo sin fines de lucro religioso no es agente extranjero y uno de promoción cívica, de educación social, de capacitación campesina, sí es agente extranjero?”, se cuestionó.
Si bien es cierto, los organismos financieros recomiendan poner atención en las ONG porque pueden ser financiadoras de delitos o terrorismo, Nicaragua queda expuesta por cuanto las leyes antilavado ya las regulaba y estaban enfocadas en supervisarlas para evitar prácticas ilícitas.
Juan Miguel del Cid, economista y catedrático español, participó en el debate y explicó los riesgos con estas organizaciones sin fines de lucro y los debates en torno a las regulaciones internacionales. Al respecto, dijo que estas organizaciones pueden recaudar fondos muchas veces y tener objetivos declarados como el de ayudar a personas necesitadas, pero después pueden destinar el dinero para fines no declarados.
“Es imprescindible que sepamos quiénes son las personas que están detrás de las organizaciones benéficas, que sepamos cuál es su reputación, cuáles son sus antecedentes, y si realmente están haciendo las operaciones en cuanto al dinero que recaudan, que tiene declarado o si se están beneficiando ellos mismos de esos recursos, o si están haciendo inversiones de carácter especulativo y mal elaboradas”, dijo.
Las organizaciones sin fines de lucro pueden estar recaudando fondos y puede que el fin sea lícito y después el dinero se transfiera a otros países u otras jurisdicciones, alerta Del Cid. “Piensen que muchas veces esa recaudación se hace con motivo religioso, pero luego vemos que ese dinero puede acabar en otra jurisdicción y acabar para causas terroristas, como en el Estado Islámico”, ejemplificó.
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Ortega creó un enjambre legislativo
Otra ley que castiga con cárcel a cualquier que posea información en un dispositivo digital que el gobierno de Ortega considere como amenaza, es la Ley de Ciberdelitos. Este último es un debate que existe a nivel internacional y que el Gobierno la aprobó con esa excusa.
La situación empeora con la Ley de Cadena Perpetua, precisó Báez, que señala que la misma sin duda tiene razones políticas, al igual que la reforma de ley que amplió a 90 días de detención de una persona sin ser acusada de un delito. “Las 48 horas de detención cuando no tenías cargos en tu contra se amplió hasta 90 días, entonces las regulaciones punitivas apuntan en la dirección de control”, sentenció.
Más incongruente le resulta a Báez que el Estado sea usuario y consumidor en la reforma a la Ley 842 y que además se obligue a los bancos a tener relaciones con sancionados por Estados Unidos o familiares de estos.
“La banca privada comercial en cualquier parte del universo tiene corresponsalías, más en una economía pobre. En Centroamérica es el país con menos banca, menos financieras y la pone (la reforma de ley) en contacto no tan cordial con los bancos corresponsales”, consideró el tributarista.
Pese a todas esas leyes, Nicaragua no mejora su posición internacional en materia de lucha anticorrupción, actividades ilícitas y de financiamiento al terrorismo. Y muestra de ello es que la misma reforma de Ley de los Consumidores podría empujar al país a pasar de la lista gris del GAFI a la lista negra, donde están Corea del Norte e Irán, excluidos del sistema financiero mundial.
“En Nicaragua falta una ofensiva nacional desde el Estado para mostrar no el rostro de la persecución, del castigo, del delito, sino que buscar el rostro de la educación, del manejo y del conocimiento”, consideró Báez.
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Controles aumentan costos e incumplimientos de leyes
En el evento participó Abelardo Medina, economista guatemalteco y miembro del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). En el mismo advirtió que muchas veces los países que tratan de seguir las disposiciones de organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional, al incorporar mayores controles terminan incrementando los costos de las empresas.
“En muchas oportunidades, por tratar de perseguir a un sujeto, lo que terminan haciendo es elevando el nivel de control a todos los demás sujetos en economía y puede darse por supuesto que la sumatoria de los costos asociados para el cumplimiento de esa legislación, que es un esfuerzo importante, debe de tener en cuenta cuán costoso es el cumplimiento y que puede terminar afectando a otros grupos empresariales y a los individuos”, expresó.
El índice de combate al lavado de dinero emitido por el Instituto de Basilea, en su trayectoria de 2012 a 2020, muestra que en Centroamérica, Nicaragua y Panamá son los que expresan mayor riesgo de lavado de dinero.
“Nicaragua ha manifestado una trayectoria creciente (de riesgo) a partir del año 2018, que todos conocemos que es el año cuando se inició una seria de protestas en nuestro hermano país nicaragüense, producto de fuertes problemas de conflictividad social, eso quiere decir que en el mundo actualmente Nicaragua es el país de la región que se percibe como más riesgoso, seguido por Panamá”, detalló.
Además señaló que si Nicaragua sigue siendo considerado, al igual que Panamá, como paraíso fiscal y por eso está dentro de la lista gris del GAFI, es porque sus esfuerzos contra el lavado de dinero son insuficientes e inefectivos.