Tres de las cuatro universidades públicas que Daniel Ortega montó sobre algunas de las casi treinta que cerró y confiscó, en 2023 absorbieron 481 millones de córdobas (13 millones de dólares al cambio oficial), de la partida del 6 por ciento del Presupuesto General de la República, que se entrega a las universidades; la cuarta no salió en la lista. A esta cifra se suman 47.5 millones de córdobas (1.30 millones de dólares), de las Rentas del Tesoro que le entregaron a la Casimiro Sotelo, instalada en la Universidad Centroamericana (UCA) robada a los jesuitas y que no reabrió sino hasta el inicio del ciclo 2024.
La entrega de este dinero a las tres universidades beneficiadas merma la posibilidad de que las antiguas universidades estatales reciban más recursos; además, se asignan a entidades que siguen cobrando aranceles a sus estudiantes.
Debido al crecimiento del monto total del Presupuesto, el año pasado la partida asignada a las universidades creció en 15 por ciento con respecto al 2022; el crecimiento porcentual más alto de la última década, ya que entre 2017 y 2021 el monto de esta partida permaneció estancado, con aumentos anuales cercanos al uno por ciento.
A pesar del fuerte incremento que registró la partida el año pasado, tras la confiscación masiva de universidades que Ortega realizó entre 2022 y 2023, la cantidad que recibieron las universidades públicas que existían antes de estos acontecimiento creció menos del 10 por ciento. En cambio, las asignaciones para las tres nuevas instituciones subió entre 23 y 5,800 por ciento.
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En 2024 la partida para las universidades creció 27 %
Con la ampliación de la lista de universidades estatales, los compromisos crecen. El Presupuesto de 2024 refleja que la partida del 6 por ciento crecerá en 27 por ciento en relación a la del 2023. De 6,315 millones de córdobas que se entregaron en 2023 pasará a 8,028.28 millones este año; esta expansión refleja un incremento levemente superior a la proyección de incremento de los ingresos que se calcula en 24 por ciento.
Con este aumento, el Estado tendrá que seguir garantizando el funcionamiento de las 11 universidades y la secretaría técnica del CNU que recibieron estos recursos. Pero también, tendrá que sumar los recursos para el funcionamiento de la extinta UCA, llamada ahora Casimiro Sotelo. También, incorporar a la lista de beneficiados a la estatal Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, con sede en León, que el Consejo Nacional de Universidades (CNU) creó en marzo de 2023 para atender a los estudiantes de las confiscadas Juan Pablo II y Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN).
Además, la asignación para el pago de servicios básicos (energía, agua y telefonía nacional) crecerá 18 por ciento en 2024. De 327.5 millones de córdobas que se destinaron para estos pagos el año pasado, en 2024 el monto subirá a 381.4 millones de córdobas.
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Para nuevas universidades subió entre 5,800% y 23%
Según el Informe de Ejecución del Presupuesto 2023, el año pasado las partidas que recibieron la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León y UNAN-Managua), Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y Universidad Nacional Agraria (UNA) crecieron entre 6.3 y 9.1 por ciento con respecto a las del 2022. La misma tendencia marcó la Universidad Internacional de Agricultura y Ganadería Antonio de Valdivieso (Uniav), que desde 2022 desplazó a la UCA dentro del CNU. Ver Infografía.
Sin embargo, la partida que le entregaron a la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés (UNMRMA), creció 5,800 por ciento; pasó de tres millones de córdobas en 2022 a 177 millones de córdobas el año pasado. Esta casa de estudios surgió de la fusión de las confiscadas Uhispam, UNEH, Uponic y UPF.
La UNMRMA recibe estos recursos estatales, a pesar de que al absorber a los estudiantes de estas cuatro entidades confiscadas, también se quedó con sus ingresos, ya que los estudiantes siguen pagando los aranceles y sin invertir en infraestructura, material ni equipos, ya que se quedaron con todos los bienes de las universidades confiscadas. Estos cobros los confirmó la presidenta del CNU, Ramona Rodríguez, en entrevista a medios oficialistas, donde aseguró que los estudiantes seguirían pagando, pero aranceles más bajos.
Además, este año la partida para la UNMRMA puede seguir creciendo ya que en diciembre de 2023 el CNU le asignó los bienes y estudiantes de la recién confiscada Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King (Uenic).
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No incluyeron a la Gaspar García Laviana
La segunda partida que más creció fue la que le entregaron a la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza, antes Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco (Ucatse), que pertenecía a la Diócesis de Estelí. Esta era una de las casas de estudios que, antes de la ola de confiscaciones, recibía apoyo del 6 por ciento para garantizar las becas a estudiantes de escasos recursos. En 2022 le entregaron 16.43 millones de córdobas, pero el año pasado cuando funcionó como estatal, la partida creció 357 por ciento, ya que subió a 75 millones de córdobas.
Lo mismo ocurrió con la Universidad Nacional Politécnica (UNP), antes Upoli, que también recibía apoyo estatal antes de ser confiscada. En los últimos años, la Upoli recibió unos 185 millones de córdobas anuales, para garantizar la entrega de becas a estudiantes de escasos recursos. Pero el año pasado, cuando se convirtió en estatal, a pesar que sigue cobrando mensualidades a sus estudiantes, la partida creció en 23 por ciento al elevarse a 229 millones de córdobas.
Mientras tanto, la estatal Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, creada en marzo del año pasado por el CNU para absorber los bienes, pero también a los estudiantes de las confiscadas Juan Pablo II y Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), no apareció en la lista de beneficiados del 6 por ciento, ni el ninguna partida especial del Informe de Liquidación del Presupuesto de 2023, tal como ocurrió con la UCA.
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Gastó C$47.5 millones sin funcionar
Después de décadas de entregar recursos a la UCA para que garantizara las becas a los estudiantes de escasos recursos, tras el estallido de la crisis sociopolítica, desde 2019 le comenzaron a reducir la partida y el año pasado se la eliminaron. Pero el Informe de Liquidación del Presupuesto 2023 refleja que le entregaron una partida de 47.5 millones de córdobas provenientes de la Rentas del Tesoro.
“El presupuesto anual actualizado de transferencia presupuestaria es de 47.5 millones de córdobas, con fuente Rentas del Tesoro, de los cuales 46.0 millones corresponde a gasto corriente y 1.5 millones a gasto de capital… La transferencia asignada a la Universidad es para la ejecución de los procesos administrativos necesarios para la atención de la población estudiantil, mantenimiento de la infraestructura y la seguridad interna de las instalaciones, para el logro de la atención de 5 mil estudiantes”, detalla el informe.
La Casimiro Sotelo gastó estos 47.5 millones de córdobas sin abrir sus puertas, ya que tras la confiscación de la UCA, en agosto pasado bajo la acusación de terrorismo, en reiteradas ocasiones anunció la reanudación de las clases, pero fue hasta en 2024 que retomó sus labores.
A criterio de especialistas, que por temor a represalias evitan identificarse, el incremento de estas partidas e incluso los gastos de la Casimiro Sotelo sin funcionar, demuestran lo caro que es sostener universidades, y que contrario a lo que siempre se dijo, especialmente de la UCA, los recursos que recibía “apenas y cubrían” los beneficios que la universidad de vocación jesuita y considerada la mejor del país, le entregaba a los estudiantes de escasos recursos que recibían beca.