El exrector de la UAM, Ernesto Medina, se encuentra en el exilio en Europa. LA PRENSA/ ARCHIVO

Ortega quiere convertir a las universidades en una «masa de gente que no piensa», advierten

Los universitarios fueron el origen de las protestas civiles de abril de 2018, que pusieron en crisis al régimen orteguista. Especialistas analizan la última reforma a las leyes de la educación superior

El exacadémico y opositor desterrado, Ernesto Medina, manifestó que el régimen de Daniel Ortega reafirmó su objetivo de someter bajo su control a las universidades con las nuevas reformas a las leyes que rigen la educación superior en el país, las cuales ya habían tenido una primera enmienda en marzo de 2022. Según Medina, esta nueva reforma estaría encaminada además a reducir gastos, bajando el nivel de los académicos y personal de las universidades.

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Medina recordó que desde las reformas de 2022, la dictadura orteguista oficializó al Consejo Nacional de Universidades (CNU) como «interventor» de las entidades de educación superior, lo que para él «no se corresponde con el principio de autonomía universitaria».

El exacadémico dijo que Ortega quiere convertir a las universidades «en órganos para proveer al gobierno de una masa de gente que no piensa, que únicamente va a obedecer órdenes y que va a convertir en la fuerza de choque del partido de gobierno, cuando tenga necesidad de movilizar a las masas para defender su gobierno».

A Medina no le sorprende que la dictadura siga tratando de controlar todo a su alrededor, y más las universidades que fueron el origen de las protestas civiles de abril de 2018, que pusieron en crisis al gobierno.

Los universitarios encabezaron diversas protestas en contra del régimen Ortega-Murillo en 2018. LA PRENSA/Archivo

Advierte merma en presupuesto a universidades

El exacadémico valoró que la nueva enmienda a la Ley General de Educación (Ley 582) y a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior (Ley 89), creó nuevas instancias ambiguas, con «criterios tan generales y tan abstractos que es muy difícil decir que eso va a contribuir a mejorar la situación de las universidades y del financiamiento de las universidades».

«Con la mentalidad populista, clientelista que está detrás de todos los actos de este gobierno con relación a las universidades, lo más probable es que va a tener como resultado una reducción drástica del presupuesto de las principales universidades del país, con las consecuencias que esto va a tener en el futuro sobre la calidad de estas instituciones, sobre todo si van a mantener su palabra de que no se va a cobrar ni un centavo por ningún concepto en las universidades de Nicaragua, eso está por verse», dijo.

En la distribución del presupuesto a las universidades, la reforma establece que corresponderá al rector proponer al Consejo de Dirección el proyecto de presupuesto general, para ser enviado al CNU que es el que modifica y aprueba. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobará la política y distribución de los fondos asignados al CNU y a cada universidad, en cumplimiento con el presupuesto del 6 por ciento establecido por Ley.

La reforma cambió la figura del decano por un «director por área de conocimiento» que será la máxima autoridad académica y ejecutiva de la respectiva «área de conocimiento», antes llamada Facultad. El antes decano ya no podrá proponer el nombramiento, cancelación o modificación del nombramiento del personal docente ni al rector.

El CNU será el encargado de nombrar las «direcciones de nivel central» que serán instancias para verificar el cumplimiento de las líneas de trabajo.

Medina, exrector de la Universidad Americana (UAM) en Nicaragua, expresó tener muchas dudas sobre cómo va a funcionar la relación de las áreas de conocimiento y las áreas específicas con las carreras, que son las nuevas instancias creadas.

Orteguismo busca reducir gastos

Detrás de todos estos cambios Medina cree que hay un objetivo de «querer dar la impresión de que ellos (el régimen) están haciendo una transformación total de las universidades de Nicaragua, para convertirlas en las universidades del futuro» y la otra razón es económica, porque están «compactando la universidad, reduciendo el nivel de los cargos, para pagar menos a los académicos».

«Seguramente ellos tienen la idea de que un área de conocimiento tiene menos categoría y por lo tanto, si acaso va a haber directores de estas áreas les van a pagar mucho menos de lo que le pagaban a un decano, que me parece un mecanismo mezquino y alejado de la realidad y la naturaleza de una universidad», dijo Medina, quien fue amenazado y perseguido por la dictadura de Ortega tras sus críticas al sistema.

Recordó que desde antes de estas reformas «anduvo el rumor de que se iban a eliminar las facultades» y lo que se dijo en ese momento es que «los gastos de personal, los salarios de estos cuadros intermedios, los decanos, los secretarios de facultad, etcétera, se lleva una buena parte del presupuesto».

Reforma de 2022

La reforma del año pasado a la Ley 582 y a la Ley 89 estableció que todo proyecto académico, programa y plan de estudio lo aprobará el Consejo Nacional de Universidades (CNU), algo que antes era una atribución de cada universidad como parte de las prácticas de su autonomía. Esta anterior enmienda también le dio al CNU la facultad de intervenir las instituciones de educación superior (IES) cuando incumplan las normativas del CNU o del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA); cuando sea una solicitud del órgano de la administración pública por el incumplimiento de las obligaciones de ley y por denuncias relacionada con el abuso de las facultades que le confiere la ley de la materia y su instrumento constitutivo.

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Tras un año de la aprobación de esa reforma, quedó confirmado que esas nuevas disposiciones han sido usadas con discrecionalidad por la dictadura de Ortega, a través del CNU, a la hora de cancelar y confiscar casi 30 universidades privadas, por la participación de sus estudiantes en las protestas civiles de 2018. El caso más emblemático fue la confiscación y cierre de la Universidad Centroamericana (UCA), una institución con prestigio internacional, fundada en los años sesenta por la orden religiosa Compañía de Jesús.

La dictadura Ortega Murillo confiscó la Universidad Centroamericana (UCA) y la nombró Universidad Casimiro Sotelo. Foto: Tomada de Canal 2.

Desde la reforma de 2022, el régimen orteguista estableció una nueva conformación del CNU, que estaría integrado por las universidades estatales tradicionales, UNAN, UNA, UNI y las universidades que fueron despojadas de sus personerías jurídicas e intervenidas por el CNU, a las cuales se les cambió el nombre. Desde entonces, todas esas alma mater confiscadas se convirtieron en instituciones bajo el control del régimen orteguista, a través del CNU, que es un órgano que responde a los intereses del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que encabeza el dictador Ortega.

Mientras que la reforma del pasado jueves 30 de noviembre a las mismas leyes, aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional orteguista, le quitó a las universidades la facultad de hacer cambios por «sí mismas» y establecer requisitos que estas mismas señalen para sus estudiantes. Las autoridades de las universidades ya no podrán nombrar ni remover a su personal docente, académico ni administrativo; tampoco pueden seleccionar a sus alumnos, al igual que tampoco pueden elaborar el presupuesto interno ni hacer gestiones financieras.

La nueva reforma estableció que todo eso se hará «de conformidad con esta Ley», que otorga el control al CNU.

Uniforme con otros países socialistas

A Medina le llama la atención que la dictadura no haya convertido al CNU en un «ministerio de educación superior», como funcionan los órganos de control universitario en Cuba y otros regímenes socialistas, sin embargo, con esta nueva reforma, para el exacadémico «queda claro que le dan al CNU la potestad total de convertirse en el órgano supremo» de las universidades nicaragüenses.

María Asunción Moreno, abogada y exacadémica de la UCA. LA PRENSA/Archivo

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La también abogada y exacadémica de la UCA, María Asunción Moreno, se refirió a las primeras reformas como una “cubanización de la educación en Nicaragua» y aseguró que se trata de la «eliminación de la autonomía universitaria».

«Es una reforma con la que se pretende legalizar el control sobre las universidades públicas, a través de la eliminación de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, y de esta forma someter a las universidades al dominio total del régimen. Es un retroceso del subsistema educativo superior a los años 80 con circunstancias agravantes para el sistema educativo, en la que la universidad como un centro de pensamiento, crítica y de aporte a la sociedad, desaparece», manifestó Moreno a LA PRENSA tras esa primera reforma.

Política CNU Daniel Ortega Nicaragua universidades archivo

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