Tal como se estaba previsto, este 31 de marzo el control del oficialismo sobre el poder legislativo garantizó que se aprobara una reforma que eliminó el último vestigio que aún quedaba de autonomía en la educación superior, que a partir de ahora queda supeditada a los intereses y conveniencias del régimen Ortega Murillo.
Con el voto de 75 de los 91 diputados de la Asamblea Nacional se aprobó la Ley de Reforma a la Ley número 582, Ley General de Educación y de Reforma y Adición a la Ley número 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior.
“Esta no es una ley que reforma la autonomía universitaria, es una ley que liquida la autonomía. La liquida porque le quita el derecho que las universidades obtuvieron en 1958 de decidir sus programas y proyectos académicos y curriculares. Ahora con la reforma, todo proyecto académico, programa y plan de estudio lo aprobará el Consejo Nacional de Universidades (CNU)”, señala Adrián Meza, exrector de la Universidad Paulo Freire, recientemente nacionalizada.
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El CNU lo que tiene son comisarios políticos
Meza añade que con la reforma desaparece de facto el Consejo Nacional de Rectores, que era el órgano que definía las políticas de la educación superior, por lo que lo importante no es solo si excluyeron o no la Universidad Centroamericana (UCA) de la distribución del 6 por ciento del Presupuesto General de la República que anualmente se les entrega a las Instituciones de Educación Superior (IES), sino también que elimina opciones y deja todo en poder estatal.
El exrector admite que en todos los países existen órganos rectores de la educación superior, el problema es que en Nicaragua el CNU no es autónomo, sino uno más de los brazos políticos del régimen.
“En el CNU lo que hay son comisarios políticos encargados de transmitir la voluntad del partido hegemónico que controla el país y ahora va a controlar también la educación superior. Es exactamente a la situación que tenía Nicaragua en la época del somocismo cuando no había autonomía universitaria”, asegura Meza.
Para el exrector la reforma también le resta facultades al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) porque ahora todo tiene que actuar en conjunto con el CNU. “De tal forma que lo que encontramos entonces en esta primera dimensión es un estatización de la educación superior, en donde ya no hay equilibrios esenciales… y para rematar y no dejar dudas de lo que se trata, el CNU se reserva el derecho de intervenir universidades. Esto es muy grave”, advierte Meza.
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Oficialismo defiende reforma y anuncia nueva Ley de autonomía
En representación del oficialismo, el diputado Wálmaro Gutiérrez defendió el derecho de su partido de hacer cambios la autonomía universitaria, aduciendo que la Constitución Política en su artículo 125 contempla ese derecho, pero lo subordina a lo establecido en la ley respectiva.
“En otras palabras, la Constitución Política protege y salvaguarda la autonomía. Pero no una autonomía autárquica (autosuficiente), sin ningún tipo de orden ni control. La Constitución dice preservamos la autonomía en base a lo que la ley de la materia dispone al respecto… Ninguno de estos artículos (referidos a la autonomía) está entre los reformados”, aseguró Gutiérrez.
Además, el diputado dejó abierta la posibilidad de aprobar una nueva Ley de autonomía porque considera que la actual ya está obsoleta. “Después de tres lustros de tener una ley de autonomía, la comunidad educativa demanda y justifica con toda razón histórica y moral, que esta Asamblea Nacional, al corto plazo, discuta una nueva Ley de autonomía universitaria”, señaló Gutiérrez.
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