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Por qué las cancelaciones de personería jurídica a universidades son “confiscaciones encubiertas”

Esta es la razón de por qué estas confiscaciones pasarán factura a la economía de Nicaragua en el futuro. Analistas explican las ilegalidades

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El régimen de Daniel Ortega ejecutó de manera arbitraria y fuera del marco de la ley el despojo de personerías jurídicas a universidades privadas, una acción que ya había emprendido contra la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), cuyo control de las instalaciones, al igual que de las otras casas de estudio, fue adjudicado al Consejo Nacional de Universidades (CNU) y la Unan-Managua, ambos instrumentos del orteguismo.

Hasta ahora el régimen de Ortega no ha dicho si el Estado pagará a los dueños de las universidades privadas algún tipo de indeminización por las instalaciones que ahora están bajo el control del CNU, que ha anunciado que continuará cobrando aranceles a la comunidad estudiantil.

Entre los argumentos que utiliza el orteguismo para quedarse con las universidades privadas figura que estas no han reportado sus estados financieros con desglose detallados conforme a los periodos fiscales y cuyas juntas directivas se encuentran acéfalas, impidiéndole al ente regulador identificar quiénes son los representantes y los asociados de la entidad.

Cabe mencionar que la dictadura asegura que muchas de estas violaciones datan desde hace varios años, sin embargo y pese a que las regulaciones nacionales contemplan mecanismos de sanciones, las mismas continuaban operando y otras habían afrontado obstáculos para cumplir con la ley debido a que Gobernación se negaba a recibir los documentos y estados financieros en los últimos dos años, lo que preparaba el camino al despojo de la personería jurídica.

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¿Cuál era el procedimiento que el orteguismo ignoró antes de pedir la cancelación de la personería jurídica de las universidades y de las otras organizaciones sin fines de lucro que también fueron asaltadas por la dictadura?

Según la Ley General sobre personas jurídicas sin fines de lucro, que también rige a las universidades, el artículo 22 establece multas administrativas de hasta 5,000 córdobas en caso de incumplimiento de las regulaciones del Ministerio de Gobernación, también ordena que el ente regulador puede intervenir por un “plazo estrictamente necesario” a la organización para que esta corrija las irregularidades, incluso aunque se trate de reincidencia.

De hecho esas sanciones son aplicables para incumplimientos en las obligaciones de estas organizaciones tales como la presentación de los estados financieros ante el Ministerio de Gobernación al final de cada año fiscal, que es uno de los principales argumento que usó el orteguismo para quitar personería jurídica.

Además la Ley 147 ordena que Gobernación dé espacio para que estas organizaciones corrijan incumplimientos incluso relacionados con los reportes que deben presentar sobre donaciones provenientes del exterior así como otras obligaciones contenidas en el artículo 13 de dicha ley.

Cabe mencionar que el Ministerio de Gobernación debe emitir cada año una carta de cumplimiento a las organizaciones una vez que las mismas cumplen con sus obligaciones, la cual se debe presentar en algunas operaciones financieras y fiscales que estas entidades realizan con otras dependencias del Estado.

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Orteguismo allanó el camino para confiscaciones

Una especialista jurídica, que pide no ser citada, dijo que efectivamente no se están siguiendo los procedimientos legales establecidos, que abarca incluso notificación, auditoría, intervención y solo si no se subsanan los errores se pasa a la Asamblea.

Pero ¿cuáles son las razones por la que una organización puede perder su personería jurídica? La Ley 147 establece seis causales, entre las que menciona “obstaculizar el control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones, habiéndosele aplicado de previo las medidas establecidas”, es decir lo explicado anteriormente.

En la exposición de motivo, Gobernación no ha informado si ya había aplicado medidas correctivas a las universidades y las otras organizaciones a las que les dejaron inhabilitadas para seguir funcionando, pero todo a punta a que no se siguieron los procedimientos.

Por ejemplo, las autoridades de la Universidad Paulo Freire el 18 de enero de este año emitieron un comunicado donde informaron que el 27 de enero del año pasado Gobernación se negó a recibir los estados financieros correspondiente al 2020.

En el comunicado informaban que “jamás” recibieron observaciones a los estados financieros de la universidad correspondiente a los años 2018 y 2019 y prueba de esto es que recibieron las cartas de cumplimiento por parte de las autoridades. Además dijeron que desconocían la razón de por qué no les querían recibir la documentación correspondiente.

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Acciones arbitrarías traerán consecuencias al país

El sociólogo Óscar René Vargas y el economista Enrique Sáenz coincidieron que las acciones del régimen de Ortega contra las universidades privadas, al quedarse con las instalaciones de estas, son confiscaciones encubiertas que generarán una deuda pública en el futuro a Nicaragua cuando los dueños de las mismas demanden al Estado por la expropiación de las mismas.

“Las confiscaciones de los bienes de las universidades, evidentemente los dueños tienen que valorar cuánto es el monto que significan los edificios e inmobiliarios. Va a haber incremento en la deuda pública interna (en el futuro)”, advierte Vargas.

Vargas reconoce que estas universidades son inversiones privadas y que los dueños de las mismas podrán demandar al Estado en caso de que no reciban retribución por las instalaciones. No obstante, indicó que antes de meter reclamaciones en instancias internacionales, primero estos deberán utilizar los canales judiciales internos y si no hay respuesta a sus reclamos pueden recurrir al derecho internacional.

El sociólogo recordó por ejemplo que la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) forma parte de una red internacional de iglesias bautistas. “Ortega se metió en un enredo en esto”, advierte. En el caso de los bienes de la Iglesia, si la dictadura de las toma, estas forman parte del Vaticano.

“En términos generales estas confiscaciones buscan cómo eliminar las protestas posibles en el futuro de los jóvenes, que son los que han llevado la batuta de las protestas del 2018, y por otra parte están matando a cualquier pensamiento crítico que se esté generando en esas universidades”, advierte.

Violentan la Constitución y autoridades deberían estar presas

El economista Sáenz dice que “efectivamente, se trata de confiscaciones encubiertas y, aunque en su mayoría son organizaciones sin fines de lucro, se trata de propiedad privada. Por supuesto que en el futuro pueden reclamar indemnizaciones al Estado, aunque no podríamos denominarnas como inversiones privadas, son una de las formas de propiedad que la Constitución reconoce”.

A criterio de Sáenz el CNU al apoderarse de estas instalaciones universitarias violenta el artículo 44 de la Constitución Política que prohibe las confiscaciones. “Se prohibe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.

Además recuerda que “estas acciones también están tipificadas como delito en el Código Penal. Por ejemplo, el artículo 432 del código penal vigente establece: “La autoridad, funcionario o empleado público que con abuso de su cargo, o función, ordene o cometa cualquier acto contrario a la Constitución Política de Nicaragua, leyes o reglamentos en perjuicio de los derechos de cualquier persona, será sancionado con pena de seis meses a dos años de prisión e inhabilitación para ejercer el cargo o empleo público de seis meses a cuatro años”.

Pero ¿qué dice la ley sobre los bienes de las organizaciones sin fines de lucro? La Ley 147 establece en el artículo 25 que una vez cancelada la personería jurídica “los bienes y acciones que pertenezcan a la asociación tendrán, previa liquidación, el destino previsto en el acto constitutivo o en sus Estatutos. Si nada se hubiere dispuesto sobre ello pasarán a ser propiedad del Estado”.

Cabe mencionar que las universidades a las que el orteguismo despojo de su licencia de operación, amanecieron tomadas por agentes policiales y por autoridades del CNU al día siguiente de la maniobra del orteguismo en la Asamblea Nacional, que no ordenó iniciar un proceso de liquidación de las instalaciones de estas entidades.

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