La decisión del régimen de Daniel Ortega de quitar de manera sorpresiva la personería jurídica a la Asociación Universidad Hispanoamericana (Uhispam) golpeó a casi 4,000 estudiantes de dicha alma mater, lo que ha generado incertidumbre especialmente en los que están en la última etapa de las carreras.
En el sitio web de la universidad se informa que la Uhispam tiene una comunidad universitaria de 3,980 estudiantes que están distribuidos entre 15 carreras de ingenierías y licenciaturas, así como siete programas técnicos superiores y 10 posgrados y maestrías. Igualmente la universidad cuenta con cinco cursos y diplomados.
Este lunes la dictadura ordenó a la Asamblea Nacional quitar la personería jurídica de la Asociación Universidad Hispanoamericana, así como el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), ambas organizaciones dirigidas por el empresario y sandinista Leonardo Torres, quien incluso participó como miembro del bloque orteguista en el diálogo que la oposición montó con Daniel Ortega en el 2018.
La Uhispam tiene cinco recintos localizados especialmente en el Pacífico: Managua, Carazo (Jinotepe), Rivas, Granada y Masaya. Además, en su sitio web se detalla que tienen convenio con 24 alcaldías, 14 hoteles, 18 instituciones de diferentes áreas, así como nueve universidades internacionales, entre otros.
En la orden de cancelación la dictadura ordenó que el Departamento de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro procedieran en un plazo de 72 horas cancelar la inscripción de Uhispam y Conimipyme, además de poner en conocimiento a los representantes legales de ambas entidades para que estos entreguen los libros de ley, el sello de la asociación y demás documentos que requiera Gobernación.
Esta mañana se apostaron estudiantes en las afueras de la universidad en Managua en busca de información, pero los portones de la misma se encuentran cerrados.
Torres y su papel en tres años de crisis
Pero más allá de la medida arbitraria, Torres era un fiel defensor de la economía y abogaba en todo momento que lo económico se antepusiera a lo político y además recordaba que era fácil destruir y difícil reconstruir. Además es miembro del consejo directivo del Banco Central de Nicaragua.
No está claro en qué momento Torres cayó en desgracia ante la dictadura, que incluso ordenó impedir, al igual que a otros sandinistas, la salida del país a través del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, donde le quitaron el pasaporte en semanas recientes.
En su momento el hasta ahora rector de la Uhispam se sumó a los esfuerzos del sector privado de reclamar un diálogo y respuesta a la crisis que había generado la fallida reforma a la Seguridad Social en el 2018, que fue el detonante de la inestabilidad política que perdura hasta hoy.
Pero su vínculo fuerte con el sandinismo generaba dudas y recelos entre los grupos de empresarios en el 2018, por lo que Torres meses después apareció como delegado por el régimen de Ortega para participar en la mesa de negociación con la oposición.
En junio del 2018, pocos meses después del estallido social, Torres es llamado a sustituir a José Adán Aguerri, en ese momento presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), en la silla que el sector privado tiene en el Banco Central de Nicaragua.
Aguerri salió de la junta directiva del BCN tras poner su renuncia, tras conocerse que el Gobierno preparaba su expulsión de dicha entidad en represalia por la posición de Cosep de reclamar cambios institucionales y democráticos en Nicaragua, que incluya la salida del poder de Ortega.
La posición y aparición de Torres en la mesa de diálogo, que era mediada en su momento por la Iglesia católica, sorprendió a varios directivos de Conimipyme, que promovieron la destitución de este del cargo de presidente, dando paso a una fuerte pugna interna en la organización hasta que este consiguió quedarse con la organización a través de resoluciones gubernamentales.
Torres además era un fiel defensor de las políticas económicas del régimen de Daniel Ortega, así como de la información que proveía el Banco Central, mucha de la cual había sido cuestionada por organismos financieros internacionales en cuanto a la calidad de estas.