La iniciativa Ley de Reforma a la Ley número 582, Ley General de Educación y de Reforma y Adición a la Ley número 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, fue dictaminada este miércoles por la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional, y probablemente será aprobada este jueves, 31 de marzo, por los diputados orteguistas.
De acuerdo con el dictamen, las instituciones consultadas por esa comisión fueron el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), es decir, ninguna institución ni experto independiente. Por el CNU asistió su presidenta, Ramona Rodríguez; Jaime Francisco López, su secretario técnico, y Linda Ramírez Cabrera, su directora ejecutiva. En tanto por el CNEA se presentó su presidenta, Maribel Duriez González.
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La jurista María Asunción Moreno hizo un análisis sobre la reforma a la Ley 89 y afirmó que esa iniciativa en primer lugar propone una nueva conformación del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y excluye del mismo a la Universidad Centroamericana (UCA).
Moreno, miembro del Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia por el sector académico, explicó que esa medida, además de dejar sin becas a miles de estudiantes de escasos recursos económicos, es inconstitucional porque “viola la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, reconocida en el artículo 125” de la Constitución Política de Nicaragua.
“La iniciativa propone una nueva conformación del CNU, que estaría integrado por las universidades estatales tradicionales, UNAN, UNA, UNI y las universidades que fueron despojadas de sus personerías jurídicas e intervenidas por el CNU, a las cuales se les impuso un nuevo nombre. Además, el CNU designará a una universidad privada, privada entre comillas, para ser parte. Excluye a la Universidad Centroamericana como miembro del CNU y del 6 por ciento, dejando sin beca a miles de estudiantes de escasos recursos que estudian en esta casa de estudios jesuita, según la reforma que quieren hacer al artículo 56”, expresó la letrada.
En el artículo 4 —añadió Moreno— consideran como Instituciones de Educación Superior (IES) a los centros e institutos de estudios e investigación por Ley, para emitir títulos y grados académicos a la par de las universidades públicas y privadas.
El papel del CNU
La jurista señaló que otro cambio trascendental que se propone en la reforma es el papel asignado al CNU, que pasa de ser “un órgano de coordinación y asesoría de las universidades y centro de Educación Técnica Superior a un órgano rector”.
“Las atribuciones que se le asignan en el artículo 58 son con el objetivo de centralizar el control sobre las IES, incluidas facultades de intervención”, expresó la miembro de la Alianza Cívica.
Y en el artículo 51 se faculta al CNEA la definición de las categorías docentes de las universidades. “Eso es una aberración técnica, ya que una institución de acreditación como el CNEA no puede ser juez y parte”, denunció Moreno.
La “cubanización de la educación en Nicaragua”
Moreno se refiere a esa iniciativa como una “cubanización de la educación en Nicaragua, debido a que el régimen la quieren controlar.
“Es una reforma con la que se pretende legalizar el control sobre las universidades públicas, a través de la eliminación de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, y de esta forma someter a las universidades al dominio total del régimen. Es un retroceso del subsistema de educativo superior a los años 80 con circunstancias agravantes para el sistema educativo, en la que la universidad como un centro de pensamiento, crítica y de aporte a la sociedad, desaparece. El control se extiende hasta los centros de Educación Técnica Superior, al derogarse el artículo 14 de la ley vigente”, indicó.
Moreno añadió que el CNU será la instancia que decida a quién dar o no recursos del 6 por ciento presupuestario. “Incluso, pueden beneficiar a otras universidades que sean designadas por el mismo CNU, por ejemplo, la UAM podría ser beneficiada si así lo designa el CNU”, comentó la jurista.
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Moreno insistió en que los grandes perdedores de esa decisión de la dictadura Ortega Murillo son los jóvenes del país.
“Estamos pues, ante una iniciativa que es el acta de defunción de la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y de la universidad como centro de pensamiento y crítica. Los grandes perdedores son los jóvenes, a quienes se les está violando el derecho a una educación de calidad, inspirada en principios democráticos, éticos y de libertad”, finalizó la académica.