A medida que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo escala sus acciones represivas contra los nicaragüenses considerados críticos a su Administración lo hace con el objetivo de imponer su narrativa oficial y silenciar las voces disidentes, utilizando un patrón represivo que busca no dejar evidencias, denuncian abogados y defensores de derechos humanos en Nicaragua.
Los consultados por LA PRENSA aseguraron que el régimen, a través de la Policía Nacional, encarcela a ciudadanos sin el debido proceso y además los funcionarios del poder judicial no graban en el Sistema Nicarao el ingreso de las acusaciones.
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Yader Morazán, exfuncionario del poder judicial y especialista en Administración de Justicia, explicó que dicho patrón data desde la detención y acusación contra el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez; los sacerdotes que ha encarcelado tras la excarcelación de las 222 personas presas políticas desterradas a EE. UU., la acusación y confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), y las estudiantes encarceladas en dicho contexto.
Patrón represivo incrementó
“El patrón represivo lo cambian después de la expulsión y excarcelación de los 222, porque a muchos ni siquiera les están haciendo la famosa audiencia de los 90 días, de un solo los están acusando y condenando y las causas no se les están grabando en el Sistema Nicarao, que no es nuevo, pero ahora no hay nada de información, ya no están grabando desde el caso de Víctor Ticay. Los familiares no saben qué hacer y no tienen forma cómo llegar al proceso a través de la defensa porque no hay expedientes”, señaló Morazán.
Añadió que al ocultar la información busca “eliminar todas las posibilidades de que las personas puedan tener contacto con la documentación o expediente, eso está conducido a no dejar evidencia para que la persona pueda denunciar, protestar y visibilizar los atropellos y arbitrariedades que van desde la violación al principio del debido proceso, el derecho a la defensa”.
El experto apuntó que otra de las muestras del cambio del patrón es que ahora a los detenidos arbitrariamente no los están llevando a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) Evaristo Vásquez, mejor conocida como el nuevo Chipote, sino a los sistemas penitenciario tanto a La Modelo como a La Esperanza.
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Por su parte, la abogada y defensora de derechos humanos, Yonarqui Martínez, manifestó que el patrón de ocultar información, a pesar de que no es nuevo, “incrementó a medida de los meses y años desde el 2018”, a tal punto que “si antes te ocultaban un 30 por ciento, después fue de 60 por ciento y ahora no tenés acceso a la información. Es decir, actualmente ocultan todo, no hay información de las causas”.
Martínez explicó que ocultar información ocasiona que tanto los familiares como los presos políticos estén desorientados, y de la misma manera a que los abogados defensores no se preparen bien para la presentación de pruebas e identificar las anomalías que se están dando en el proceso. La defensora de derechos humanos recordó que en el 2018 “tuvimos reportes de muchos casos de que los detenidos no tenían causas y aún así estaban en los penales y nosotros como abogados teníamos cómo probarlo”.
Una abogada penalista, bajo la condición de anonimato por temor a represalias, denunció que se violentan dos leyes: la Norma Procesal Penal y la Ley 621 o Ley de Acceso a la Información que compete a todos los poderes, pero “ellos restringiendo todo tipo de información al público para que nadie conozca ni quiénes son los funcionarios involucrados, ni por qué delitos los procesan, quiénes están ejerciendo defensas, no quieren dejar evidencia de eso”.
Curia de Matagalpa sigue tomada
La toma policial de la Curia de la Diócesis de Matagalpa donde monseñor Álvarez, cinco sacerdotes y tres laicos permanecieron durante 16 días bajo “casa por cárcel”, evidencia lo denunciado, explicó Morazán debido a que al obispo Álvarez se le condenó a 26 años de cárcel por los supuestos delitos de conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción de la justicia y desacato a la autoridad.
El 19 de agosto del 2022, oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) asaltaron la sede de la Curia a eso de las 3:00 de la madrugada para secuestrar al obispo y sus acompañantes. El obispo actualmente tiene siete mes de estar encarcelado en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro mejor conocido como La Modelo, en Tipitapa.
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Particularmente, en este caso Martínez señaló que la causa de monseñor Álvarez en principio no aparecía en el sistema y después comenzó a aparecer, pero “no toda la información completa, recordemos que ellos son maestros en violar los plazos procesales, en violar el debido proceso. Es parte de este esquema de ocultar información, más aún cuando no tienen argumentos”.
Morazán explicó que la situación de la Curia “ni valorando desde el punto de vista legal con una razón creíble tendría una justificación desde el derecho, porque ya se conocieron los delitos individuales (en este caso monseñor Álvarez) no están relacionados con el edificio, porque se secuestra un edificio cuando es consecuencia del ilícito, una situación que no es así, porque no hay lavado de dinero, ni de narcotráfico, es un bien que no tiene relación con los delitos imputados”.
Sacerdotes encarcelados
El reciente 8 de septiembre en horas de la noche, oficiales de la Policía secuestraron al exdirector de Cáritas Diocesana Estelí, párroco Osman Amador Guillén, de 36 años, cuando se encontraba en la Diócesis de Estelí. Recientemente en una misa había dicho: “Viva la Iglesia católica y viva monseñor Rolando José Álvarez”.
El domingo 9 de julio, en horas de la noche, el sacerdote Fernando Zamora Silva, canciller de la Curia de la Diócesis de Siuna, fue apresado tras salir de una misa de la parroquia San Luis Gonzaga, de Managua.
En mayo pasado, la Diócesis de Estelí confirmó la detención de los sacerdotes Eugenio Rodríguez, de la parroquia Divina Providencia de Jalapa, Nueva Segovia, y el padre Leonardo Guevara Gutiérrez, de la Catedral de Estelí, quienes fueron “requeridos” por la Policía el sábado 20 y lunes 22 de mayo pasado, respectivamente, para un proceso de investigación “sobre asuntos administrativos” de la extinta Cáritas Diocesana de Estelí, cancelada por el Ministerio de Gobernación (Migob).
El sacerdote Jaime Montesinos fue detenido el 23 de mayo de este año, en San José de los Remates, Boaco, está siendo investigado por supuestos actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación. En un comunicado la Policía aseguró que el religioso fue capturado por encontrarse en una supuesta actitud sospechosa en una camioneta Hilux blanca, doble cabina, que estaba estacionada en la vía, a la altura del kilómetro 104 carretera hacia Esquipulas. El religioso Montesinos fungía como párroco de la parroquia Juan Pablo Segundo, en Sébaco.
Acusación de terrorismo a la UCA
El régimen orteguista a través de la jueza Gloria María Saavedra Corrales, titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua, giró el pasado 16 de agosto un oficio acusatorio por “terrorismo” contra la UCA, centro de estudios superiores jesuita fundado en 1960 en Nicaragua, con el que abrió paso a la confiscación de facto, debido a que la jueza ordenó incautar todos los bienes materiales y económicos del alma mater y pasarlos al Estado de Nicaragua.
La experta en Derecho Penal explicó que el oficio que recibieron las autoridades administrativas de la UCA, girado por la jueza Saavedra, se conoce en derecho penal como “un auto”, es decir, que es un acto de “mera providencia que se hace durante todo el proceso, ella dictó como una sentencia, en términos comunes se saltó todas las etapas, no cumplió con todas las etapas procesales para llegar la apropiación de bienes. Ellos confiscan bienes, pero nunca señalan quiénes son las personas investigadas”.
De hecho, el sacerdote jesuita José María Tojeira, designado como portavoz en la crisis que enfrenta la Compañía de Jesús en Nicaragua, se refirió a dicha acusación asegurando que es un “capricho judicial de cerrar la UCA en una situación en la que ni siquiera hubo proceso, hay una acusación de terrorismo y la jueza inmediatamente declara que es un nido de terrorismo y tiene que ser incautada, sin que se haya habido un proceso, una audiencia, un derecho a la defensa, nada, no hay Sistema Judicial son funcionarios del poder ejecutivo”.
Denunció que el origen de la confiscación de la UCA que se repite una y otra vez fue cuando en 2018 la universidad jesuita “abrió las puertas a la gente que huía de una manifestación disuelta a balazos por parte del Ejército, eso es lo que da origen de usar estos términos de nido de terroristas, etc.”.
Universitarias encarceladas
Las jóvenes activistas estudiantiles Adela Espinoza Tercero, Gabriela Morales y Mayela Campos Silva, detenidas tras la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), y privadas de libertad en el Sistema Penitenciario Integral de Mujeres, conocido como La Esperanza, fueron sometidas a juicio el sábado 2 de septiembre bajo el cargo de Ciberdelitos.
Las tres jóvenes fueron trasladadas a La Esperanza el pasado 23 de agosto. Del caso de las universitarias, Martínez explicó que “es inusual que se haga un traslado en una misma semana de reos de una preventiva al sistema penitenciario porque sí existen ciertos canales y procedimientos que un reo normal se da y no es en una semana. Por ejemplo si hay un reo por robo a veces pasan un mes esperando traslado, y ¿qué pasa con los presos políticos?, lo hacen de un solo a los sistemas penitenciarios”.
En este caso, la abogada experta en Derecho Penal subrayó que la falta de acceso a la información en el Sistema Nicarao en el caso de las jóvenes universitarias determina la restricción a la información pública que hay en Nicaragua, pero refiere que el hecho de que no exista información obedece a dos vías: “Se está dando un proceso completamente en silencio o en desaparición forzada, aunque ya se confirmó que están bajo custodia policial”.
Añadió que ocultar información expone que a las personas presas políticas se “le están violentando sus garantías, se violenta a la familia porque desconocen qué pasa y ellos mismos también desconocen la magnitud del caso”.
A estas detenciones se suman la de la socióloga y activista, Melba Damaris Hernández, de 54 años, quien participaba en las marchas estudiantiles desarrolladas hasta 2020 en el campus de la confiscada UCA, denunció la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Hernández también se encuentra detenida en La Esperanza.