Gloria María Saavedra Corrales, titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua, es el nombre de la jueza que aparece plasmado en el oficio acusatorio por “terrorismo” contra la Universidad Centroamericana (UCA). Saavedra fue una de los verdugos judiciales que desterró y confiscó a 94 nicaragüenses el 15 de febrero pasado.
Desde 2019, Saavedra sustituyó al juez Carlos Solís cuando ostentaba el cargo de titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua. Antes era coordinadora de la Oficina de Apoyo Judicial de los Juzgados de Managua.
Saavedra se graduó de la Licenciatura en Derecho de la UCA, según la certificación publicada en el diario oficial La Gaceta el 9 de septiembre de 2008, la misma universidad contra la que giró el oficio para confiscarla.
Siendo aún muy joven, en el año 2015, Saavedra fue nombrada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como coordinadora de la Oficina de Apoyo Judicial del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), un cargo muy sensible dentro de la administración de justicia en Nicaragua, pues para el puesto que ella ocupaba normalmente se postularía a un juez local no una coordinadora de un cargo administrativo.
Lea detalles en: Dictadura confisca la Universidad Centroamericana
Para justificar el nombramiento de Saavedra en el año 2015, la CSJ publicó una nota de prensa, firmada por el periodista Carlos Ferrey, en la que se explicaba: “Pese a su juventud tiene una considerable experiencia, pues antes había laborado en varias oficinas de atención a usuarios y en tramitación de causas”.
“Nunca fue juez suplente”
Fuentes de los juzgados de Managua explicaron a LA PRENSA, en agosto de 2021, pidiendo el anonimato por temor a represalias, que en mayo de 2020 Saavedra entró directamente a ser jueza, sin antes siquiera haber sido jueza suplente, debido a contactos de familiares con un magistrado de la CSJ, encargado por el Poder Judicial de supervisar el sistema de justicia en la capital.
Las fuentes de los juzgados de Managua aseguran que Saavedra Corrales no tiene la capacidad para administrar justicia. “Nunca fue (juez suplente). Los secretarios tramitadores son los que redactan las resoluciones mientras ella dicta un guión preestablecido. Los fiscales y defensores públicos se ríen y comentan sus resoluciones”, manifestó una de esas fuentes anónimas, quien agregó que el esposo de ella también labora en los juzgados de Managua.
Mientras, Saavedra labora en el área penal, su cónyuge supuestamente trabajaba en lo civil, indicaron las fuentes en ese momento.
En una entrevista que Saavedra le concedió al sitio web del Poder Judicial, relató que comenzó como pasante y luego estuvo en la Oficina de Atención al Público, de ahí dio el salto hasta la titularidad del Juzgado de Audiencias.
“Comencé como pasante en distrito civil y después tuve la oportunidad de hacer un interinato en la Oficina de Atención al Público. Ahí pude retroalimentarme de esa experiencia, porque estuve en ventanillas que dan atención a abogados y particulares. Con los particulares tenés la oportunidad de guiarles para darles la ubicación y estado del asunto”, explicó Saavedra en 2015.
El abogado nicaragüense y exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán, compartió lo referido por las anteriores fuentes y en su cuenta de Twitter señaló que “apenas dos años atrás Gloria Saavedra, ocupaba el cargo administrativo de coordinadora de Apoyo Procesal del CJCM” y cuestionó “¿en qué momento hizo carrera judicial a como lo manda la ley?”.
Lea también: ¿Quién es la jueza que ordenó la captura de Cristiana Chamorro?
Enseguida, sostuvo que Saavedra “pasó por encima de hasta jueces locales que esperan vacantes y que tienen décadas haciendo carrera judicial a como lo manda la ley”.
Desde que llegó a esa posición de poder en el Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencia no permitía la entrada de periodistas a las salas incluso si eran casos no relacionados con la política. Y si permitía la cobertura, no dejaba que tomaran fotos ni de ella ni de los acusados, a pesar que los juicios son públicos.
Verdugo de presos políticos
La jueza Saavedra Corrales también ha actuado en contra de los presos políticos como parte de la red de funcionarios que han subordinado sus decisiones a la voluntad del régimen.
En mayo de 2021, fue la jueza que amplió a 90 días el plazo para investigar a Walter Antonio Gómez Silva y Marco Antonio Fletes Casco (ahora ex presos políticos y desnacionalizados) por el supuesto delito de “lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad” que el Ministerio Público abrió en contra de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
También es la misma funcionaria que en agosto de 2021 ordenó la inhibición contra la candidata a la vicepresidencia de Ciudadanos por la Libertad (CxL), Berenice Quezada, a quien también se le impuso 90 días de arresto domiciliario por los delitos de “odio e incitación a la violencia” por pedir a sus seguidores salir a votar y a la calle como en 2018, cuando se registraron las protestas civiles contra Ortega-Murillo.
Lea detalles en: Max Jerez no logró darle el último adiós a su madre, doña Heidi Meza fue enterrada este sábado
En septiembre de 2021, Saavedra negó el permiso extraordinario para que el entonces preso político Max Jerez le diera el último adiós a su madre Heidi Meza.
En diciembre de 2022, fue la jueza de audiencia que envió a juicio al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez Lagos y también admitió las causas contra el sociólogo Oscar René Vargas, excarcelado el 9 de febrero pasado y desterrado junto a 221 expresos y expresas políticas.
La misma funcionaria admitió la acusación contra la doctora Anely Pérez Molina, integrante de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), quien detenida y acusada por un delito desconocido en perjuicio del Estado de Nicaragua. La doctora fue desterrada hacia Estados Unidos junto a su esposo e hijos.