Karen Vanessa Chavarría Morales es la jueza Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua quién atenderá la acusación contra la exdirectora de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y precandidata presidencial independiente a la que el régimen de Daniel Ortega a través del Ministerio Público busca “inhibir” de cara a la contienda electoral, Cristiana Chamorro.
La jueza que ordenó este miércoles la captura de Chamorro al igual que el allanamiento de su vivienda por supuestos delitos de acusada por los delitos de “gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”.
Chavarría es originaria de Managua, se graduó de abogada en la Universidad Centroamericana (UCA) en el año 2002 y seis años después, en 2008, cuando todavía no estaba instaurada la normativa de la Ley de Carrera Judicial y los nombramientos de los jueces se hacían discrecionalmente, Chavarría ya era jueza Local Único de La Concordia, en el departamento de Jinotega, hasta el 2015, cuando dejó ese cargo y fue trasladada a Managua como jueza Octavo Local Penal, cargo en el que fungió hasta el 2017.
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En su momento, según el exfuncionario judicial Yader Morazán, fue becada y graduada con dinero de la cooperación internacional en el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ), una iniciativa promovida por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
#IroníasDeLaVida |
La jueza #KarenChavarría, quien llevará las primeras audiencias de #CristianaChamorro por trabajar con dinero de la cooperación, fue becada y graduada con dinero de la cooperación, saliendo junto a mi de la maestría regional de acceso a justicia PIFJ/OEA 🤦🏼 pic.twitter.com/dsnmmtPyWB— Yader Morazán 💪🇳🇮 (@YaderMorazan) June 2, 2021
“Saliendo junto a mí de la maestría regional de acceso a justicia PIFJ/OEA”, tuiteó Morazán.
Coordinadora política del FSLN
Morazán describe a Chavarría como una persona “manejable”. “Yo pienso que a ella la envolvieron”, dice y añade que Chavarría “es la que dirige a los Comités de Liderazgos Sandinistas (CLS) del Poder Judicial, es la que anda activa en temas políticos dentro de su área”.
Lo dicho por el exfuncionario judicial concuerda con lo que mencionan fuentes de los juzgados de Managua, quienes afirman que Chavarría comenzó a ascender dentro del organigrama político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en los juzgados de Managua y para 2018, ya era coordinadora del partido del régimen en el área de los juzgados locales.
De ser coordinadora política en el área de los juzgados locales de Managua, ahora es la coordinadora política del FSLN en los juzgados de Distrito Penal. Siempre es ella quien manda informes de cómo es la fidelidad de los trabajadores de los juzgados de Managua al partido.
Las fuentes de los juzgados de Managua la describen como una persona “tranquila. No es malcriada ni mal encarada. Ella es calladita, no se mete con nadie, pero cuando te tiene que meter el puñal en cuestiones políticas te lo mete. Es la que quema a los trabajadores para que los corran”, señalan.
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Las mismas fuentes afirman que ella le enviaba informes al entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, sobre quiénes eran los empleados de los juzgados de Managua que estaban criticando al régimen, pero Solís no corría a nadie. “Los corridos empiezan cuando se va Solís y (el magistrado Marvin) Aguilar llega a los juzgados como jefe político”, agregan.
La presidenta y el vicepresidente de la CSJ, Alba Luz Ramos Vanegas y Marvin Aguilar García, respectivamente, en conjunto con el magistrado Gerardo Rodríguez Olivas, presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, entregaron el 12 de febrero reconocimientos a nueve jueces y cinco magistrados de la Circunscripción Judicial Managua, entre ellos a Chavarría, según el sitio web del Poder Judicial.
La jueza a cargo de enjuiciar a presos políticos
En el año 2018, Chavarría llevó varios casos de reos políticos tras las protestas de abril de ese año. Por ejemplo mandó a juicio a los reos políticos Sergio Beteta y Ruth Matute y cuando esta última se encontraba en grave estado de salud, la mandó a prisión preventiva.
También declaró culpable y ordenó la captura y allanamiento de la casa de la excarcelada política Irlanda Jerez. Chavarría es la misma jueza que negó la defensa para los presos políticos José Santos Sánchez Rodríguez y Douglas Antonio Baltodano Pérez, a cargo de María Oviedo, abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Recientemente, Chavarría mandó a juicio al excanciller Francisco Aguirre Sacasa por el caso de la compra de las campanas robadas de una iglesia de Granada.