La dictadura de Daniel Ortega solicitó, por medio del Ministerio Público, la inhibición de la opositora Cristiana Chamorro de optar a cualquier cargo público “por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos”. De esta forma, Daniel Ortega sepulta cualquier intención de Chamorro para la silla presidencial.
La abogada María Asunción Moreno explicó que “debemos tener claro que desde el punto de vista legal, Cristiana goza de la presunción de inocencia, ya que no ha sido procesada ni condenada por ningún delito, por lo tanto está en pleno goce de sus derechos políticos. La privación o inhabilitación para ejercer cargos públicos sólo puede imponerse mediante sentencia firme condenatoria, ya que está inhabilitación no es una medida cautelar sino una pena que se impone una vez la persona procesada sea condenada”.
Agregó que entre las medidas cautelares previstas en el art. 166 y 253 del Código Procesal Penal (CPP) no está la inhabilitación. “La finalidad de medidas cautelares es para garantizar la presencia del acusado en juicio, ello no significa que la persona sea culpable”, aclaró.
“Es decir que estamos ante un caso de inhibición ilegal en el que el régimen pretende limitar el ejercicio de los derechos políticos de Cristiana”, aseveró Moreno.
Por otro lado, la Fiscalía anunció la tarde de este martes, por medio de un comunicado, que ya presentó una acusación formal en contra de Chamorro por “gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos”.
De acuerdo con el Código Penal de Nicaragua, el delito falsedad ideológica está establecido en el artículo 285 del capítulo delitos de falsedad, y son “las penas previstas para la falsificación material de instrumento o documento público o privado son aplicables a quien inserte o haga insertar en un documento o instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar”. La pena por este delito puede ser hasta de cinco años de prisión.
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Por otro lado, en el artículo 278 del capítulo delitos societarios, se encuentra el delito de gestión abusiva, que se da cuando “el directivo, gerente, vigilante, auditor, representante legal, administrador de hecho o de derecho o socio de una entidad mercantil o civil, con o sin fines de lucro, que adopte o contribuya a tomar alguna decisión o acuerdo abusivo en beneficio propio o de terceros, en grave perjuicio de la empresa o entidad”. Por este delito, según el Código la persona será penalizada con prisión de uno a tres años e inhabilitación especial.
Y añade que la misma pena se impondrá cuando las personas mencionadas en el párrafo anterior alteren cuenta o información financiera con el objetivo de presentar una situación distorsionada de forma idónea para causar perjuicio económico de la entidad, a alguno de los socios o terceros.
Medidas precautelares
También solicitó medidas precautelares de retención migratoria, prohibición de concurrir a determinadas reuniones y lugares y prohibición de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados, para la periodista María Lilly Delgado Talavera y los extrabajadores de la Fundación, María Lourdes Arróliga Vanegas y Guillermo José Medrano.
“Estas mismas medidas se solicitaron en contra de la señora Cristiana María Chamorro Barrios, más la inhabilitación para cargos públicos”, informó la Fiscalía.
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Delgado, Arróliga y Medrano inicialmente fueron citados como testigos pero al salir de la entrevista en el Ministerio Público salieron imputados en la investigación contra la FVBCH.
La acusación de la Fiscalía se da menos de dos semanas después de que el Ministerio de Gobernación anunció una investigación porque supuestamente encontró irregularidades en los estados financieros de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en el período entre 2015 y 2019, de la que Chamorro Barrios era presidenta hasta enero de este año.
En el proceso de investigación, que pasó al Ministerio Público un día después del anuncio de Gobernación, las autoridades han citado a más de 20 testigos, entre ellos varios periodistas y propietarios de medios de comunicación, para entrevistarlos sobre los vínculos que tuvieron con la Fundación.
El procedimiento judicial
El abogado penalista Julio Montenegro explicó que si el Ministerio Público procedió a presentar una acusación, la autoridad judicial de oficio orienta a las autoridades correspondientes las restricciones migratorias o de inhabilitación para cargos público. En el caso de la inhibición política, Montenegro explicó que el Consejo Supremo Electoral (CSE) tiene que acatar la orden judicial que indica que el acusado no está en goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal.
“Lo que hace el Ministerio Público, en vista de que no es una institución deliberante, sino que lo más que puede es solicitar al juez que se gire de oficio y que se ponga en conocimiento (de las autoridades correspondientes). Entonces se va a girar la orientación a Migración y Extranjería, para efecto de que se cumpla el mandato de que ella no puede salir del país; se va a girar a la Policía Nacional para que ella no se pueda acercar a determinado lugar. Y en el caso del Consejo Supremo Electoral para que le sea comunicado la medida de acusarla, para efecto de que se inhiba como candidata y que ya no tiene derechos civiles y políticos, porque ha sido acusada”, manifestó el abogado.
Montenegro dijo que ya al decir “acusar” quiere decir que eso ya está bajo el conocimiento de la autoridad judicial. “Como dicen acusar, quiere decir que ya metieron la acusación”, insistió Montenegro. El siguiente paso es la selección del juez por sorteo y automáticamente esté tendrá conocimiento del escrito enviado por la Fiscalía.
Inscripción en la Alianza Ciudadana
Este mismo martes, horas antes del anuncio de la Fiscalía, Cristiana Chamorro sostuvo una reunión con miembros del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y anunció oficialmente su intención de inscribirse como precandidata presidencial en el mecanismo que mantiene abierto la alianza encabezada por CxL.
Chamorro llegó a la sede de CxL a entregar su carta de intención y a la vez aprovechó para presentar una propuesta de cuatro puntos, con el fin de “mejorar” el peso de los métodos del mecanismo de selección del candidato opositor único que pretende enfrentar al régimen de Daniel Ortega el próximo 7 de noviembre.
Proceso continúa
El su comunicado, el Ministerio Público anunció que continuará con las “diligencias investigativas necesarias para esclarecer los hechos. Hemos llamado y seguiremos llamando a todas aquellas personas que aparecen como beneficiadas por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro”.
Condenan inhibición de facto
José Miguel Vivanco, director para las Américas del organismo Human Rights Watch calificó de “aberración jurídica” la decisión contra Chamorro y las medidas contra María Lilly Delgado.
Nueva aberración jurídica del régimen de Ortega
El Ministerio Público pide inhabilitar a la candidata a presidenta @chamorrocris e impedir la salida del país de varios periodistas (incluida la corresponsal de @UniNoticias) y ex funcionarios de la ONG @FundVioleta. pic.twitter.com/Z9meI3gwSP
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) June 2, 2021
El periodista y director de Confidencial y de los programas Esta Noche y Esta Semana, Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana, a través de su cuenta de Twitter condenó la inhibición de facto por parte de la dictadura Ortega Murillo, y también la catalogó que es una “aberración jurídica”.
“Fiscalía la ‘inhabilita a cargos públicos, por encontrarse en proceso penal’, sin sentencia”, denunció.
INHIBICION DE FACTO/2. Ortega ordena elecciones no competitivas. Primero puso bajo arresto domiciliar de facto a precandidatos @maradiaga, @Jschamorrog y @MedardoMairena. Después canceló personería al PRD. Ahora inhibe a mi hermana Cristiana Chamorro @chamorrocris, precandidata.
— Carlos F Chamorro (@cefeche) June 2, 2021
A esa condena se unieron los precandidatos presidenciales opositores. Félix Maradiaga manifestó su absoluto “rechazo” contra la injusta persecución política contra Cristiana, según él, porque “nace del miedo que la dictadura le tiene a un proceso electoral libre. La acción arbitraria del régimen, amerita el más amplio repudio nacional e internacional”.
Expreso mi más absoluto rechazo a la injusta persecución política contra @chamorrocris, que nace del miedo que la dictadura le tiene a un proceso electoral libre. La acción arbitraria del régimen, amerita el más amplio repudio nacional e internacional.
— Maradiaga (@maradiaga) June 2, 2021
Por su parte, Juan Sebastián Chamorro, aseveró que es “otra absurdidad legal” el que la dictadura orteguista pretenda inhibir a Cristiana. “Sólo puede inhibirse a un candidato en caso de sentencia firme y aquí ni siquiera hay un proceso”, asestó a través de su cuenta oficial de Twitter.
Otra absurdidad legal de la dictadura pretender inhibir a Cristiana. Sólo puede inhibirse a un candidato en caso de sentencia firme y aquí ni siquiera hay un proceso.
— Juan Sebastián Chamorro (@Jschamorrog) June 2, 2021