*Este artículo fue publicado el 27 de mayo, cuando Cristiana Chamorro no había acusada aún por la Fiscalía
La exdirectora de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), Cristiana Chamorro Barrios, ahora precandidata presidencial independiente, acudió este jueves 27 de mayo a la segunda citatoria que le hizo la Fiscalía General de la República. A Chamorro Barrios la están investigando por cuatro delitos: falsedad ideológica, gestiones indebidas, actos ilícitos o indebidos y lavado de dinero, según confirmó a LA PRENSA su abogada Eilyn Cruz.
Antes de ingresar a la Fiscalía, a eso de las 11:25 de la mañana, Chamorro Barrios manifestó claramente que la habían citado para el miércoles, sin embargo, ella solicitó a través de su abogada reprogramar la cita para hoy jueves. “Sí, me citaron desde ayer y yo reprogramé está visita para hoy a las 11 de la mañana y he venido a ejercer mi derecho al acceso a la información pública, quiero saber por qué me están cargando esos delitos de falsedad ideológica, gestiones indebidas, actos ilícitos y lavado de dinero”, precisó la precandidata presidencial.
La abogada Cruz explicó a este Diario brevemente que son cuatro delitos por los que la están investigando: “Ellos están investigando, están dirigiendo una investigación donde supuestamente desde la Fundación se realizó un conjunto de delitos”.
¿Qué dice el Código Penal sobre los cuatro delitos?
De acuerdo con el Código Penal de Nicaragua, el delito falsedad ideológica está establecido en el artículo 285 del capítulo delitos de falsedad, y son “las penas previstas para la falsificación material de instrumento o documento público o privado son aplicables a quien inserte o haga insertar en un documento o instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar”. Por este caso, según la abogada Cruz, la pena puede ser hasta de cinco años de prisión.
En el mismo Código, pero en el artículo 278 del capítulo delitos societarios, se encuentra el delito de gestión abusiva, cuando “el directivo, gerente, vigilante, auditor, representante legal, administrador de hecho o de derecho o socio de una entidad mercantil o civil, con o sin fines de lucro, que adopte o contribuya a tomar alguna decisión o acuerdo abusivo en beneficio propio o de terceros, en grave perjuicio de la empresa o entidad”. Por este delito, según el Código la persona será penalizada con prisión de uno a tres años e inhabilitación especial.
Y añade que la misma pena se impondrá cuando las personas mencionadas en el párrafo anterior alteren cuenta o información financiera con el objetivo de presentar una situación distorsionada de forma idónea para causar perjuicio económico de la entidad, a alguno de los socios o terceros.
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Del tercer delito por el cual están investigando a Chamorro Barrios, el Código precisa en el mismo capítulo, en el artículo 279, que la autorización de actos indebidos, se comete cuando “el directivo, gerente, vigilante, auditor o representante legal de derecho o de hecho, de una sociedad constituida o en formación que, a sabiendas, preste su concurso o consentimiento para la realización de actos contrarios a la ley o a los estatutos, de los cuales pueda derivar algún perjuicio para su representada o el público, será penado con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por el mismo período para ejercer cargo, profesión, oficio, industria o comercio”.
La pena podrá ser incrementada hasta el doble en sus límites mínimo y máximo, cuando el delito se ejecute a través de una entidad que realiza oferta pública de títulos valores.
Sobre el cuarto delito, el Código señala en el capitulo lavado de dinero, bienes o activos, en el artículo 282, que se comete cuando a sabiendas o debiendo saber, por sí o por interpósita persona, realiza cualquiera de las siguientes actividades:
- a) Adquiera, use, convierta, oculte, traslade, asegure, custodie, administre, capte, resguarde, intermedie, vendiere, gravare, donare, simule o extinga obligaciones, invierta, deposite o transfiera dinero, bienes o activos originarios o subrogantes provenientes de actividades ilícitas o cualquier otro acto con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos vinculados entre sí, independientemente que alguno de estos haya ocurrido dentro o fuera del país.
- b) Impida de cualquier forma la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o vinculación de dinero, bienes, activos, valores o intereses generados de actividades ilícitas; o asesore, gestione, financie, organice sociedades y empresas ficticias o realice actos con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos vinculados entre sí, independientemente que hayan ocurrido dentro o fuera del país
- c) Suministre información falsa o incompleta a, o de entidades financieras bancarias o no bancarias, de seguros, bursátiles, cambiarias, de remesas, comerciales o de cualquier otra naturaleza con la finalidad de contratar servicios, abrir cuentas, hacer depósitos, obtener créditos, realizar transacciones o negocios de bienes, activos u otros recursos, cuando estos provengan o se hayan obtenido de alguna actividad ilícita con el fin de ocultar o encubrir su origen ilícito
- d) Facilite o preste sus datos de identificación o el nombre o razón social de la sociedad, empresa o cualquier otra entidad jurídica de la que sea socio o accionista o con la que tenga algún vínculo, esté o no legalmente constituida, independientemente del giro de la misma, para la comisión del delito de lavado de dinero, bienes o activos o realice cualquier otra actividad de testaferrato
- e) Ingrese o extraiga del territorio nacional bienes o activos procedentes de actividades ilícitas utilizando los puestos aduaneros o de migración: terrestres, marítimos o aéreos o cualquier otro punto del país;
- f) Incumpla gravemente los deberes de su cargo para facilitar las conductas descritas en los literales anteriores.
Estas conductas, según el Código, serán castigadas con una pena de cinco a siete años de prisión e inhabilitación especial por el mismo período para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo, y multa de uno a tres veces el valor del dinero, bienes o activos de que se trate.
“Juicio macabro”
Al entrar y al salir de la Fiscalía, Chamorro Barrios, sostuvo que su llegada a esa institución pública no era para declarar o dejarse entrevistar, sino para saber por qué la están “acusando de esta manera indebida”.
“Yo no vengo a entrevistarme, yo vengo a saber por qué me están acusando de esta manera indebida, ya dijo también la agencia -USAID- de Estados Unidos que aquí no hay lavado de dinero. Aquí me quieren montar un ‘juicio macabro’ y es un juicio contra todos nosotros, contra toda la prensa independiente, contra la libertad de expresión y contra las libertades públicas de los nicaragüenses, es un juicio contra nuestro derecho a ir elecciones el próximo 7 de noviembre”, afirmó.
Añadió que en esta ocasión cuestionó a los fiscales de la investigación y por su parte, ella se abstuvo de declarar amparada en el artículo 34 de la Constitución Política, porque sostiene que “yo soy inocente, y mientras soy inocente no tengo nada que declarar”.
Por su parte, la abogada Cruz, dijo a LA PRENSA que evidentemente ella se abstuvo de declarar y explicó lo que debería de hacer la Fiscalía. “Ella se abstuvo de declarar haciendo uso de su derecho constitucional (…) no deberían volverla a citar porque ella compareció y ella manifestó que se abstuvo de declarar, por consiguiente deberían de respetar esa garantía constitucional que ella tiene (…) lo procedente es seguir el curso de la investigación sin estar requiriendo a la persona investigada”, señaló.
“Ni un peso para ir al mercado”
La precandidata aprovechó para denunciar que los abogados defensores tanto de la Fundación, de su persona y de los periodistas están siendo acosados y añadió que reclamó por qué mantienen inmovilizadas sus cuentas bancarias.
“Vine a reclamar que por qué me tienen mis cuentas detenidas, porque no he tenido ni un peso para ir al mercado, vine también a exigir mi derecho (…) ellos no han contestado nada, ellos dijeron que no éramos culpables y entonces les dije que sino somos culpables ¿por qué me detienen mis cuentas? ¿por qué? ellos dicen que están en un proceso de investigación buscando la verdad”, afirmó Chamorro Barrios.
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“He venido a saber por qué están arremetiendo contra la prensa independiente”
Enseguida sostuvo que su llegada a la Fiscalía se da en defensa del periodismo independiente para “saber por qué están arremetiendo contra todos ustedes”, en relación a los 16 periodistas que fueron citados por la institución pública para entrevistarlos por el caso contra ella.
“Y he venido también en defensa del periodismo independiente a saber por qué están arremetiendo contra todos ustedes, porque ustedes tienen el derecho a seguir trabajando en libertad y a seguir informando a los nicaragüenses y llevándole la verdad a cada uno de los nicaragüense”, remarcó Chamorro Barrios.
Hasta ahora los entrevistados y citados han sido María Lilly Delgado, periodista y corresponsal de Univision; Roberto Mora, periodista de Radio ABC Stereo; José Adán Silva, periodista y director de la plataforma Literal; Fabio Gadea Mantilla, director y propietario de Radio Corporación; Verónica Chávez, periodista y exdirectora ejecutiva de 100% Noticias; Ludwin Loáisiga, periodista independiente; Francisco Gadea, director de Radio Stereo Romance; Jaime Arellano, comentarista político; Aníbal Toruño, director de Radio Darío; Argentina Olivas, de Radio Vos; Paula Smith, representante legal de Radio La Costeñísima; Amparo Aguilera Irías, del medio Qué tal Ocotal; y Carlos Herrera, fotógrafo de Divergentes.
En esa misma línea, la precandidata presidencial independiente dio a conocer que ha interpuesto un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra los tres fiscales que la investigan: Giscar Moraga, Manuel Rugama y Heydi Ramírez debido a que tanto ella como los exfuncionarios de la extinta Fundación se sienten “amenazados” por la persecución que han emprendido.
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“He venido también a decirle que puse un recurso de amparo en contra de los fiscales porque nos sentimos amenazados, yo y a todo mi equipo de la Fundación a quienes nos andan persiguiendo, y el recurso es contra el fiscal Giscar Moraga, fiscal Rugama y contra la fiscal Heydi Ramírez. He venido a denunciar que no me aceptaron un escrito en el Ministerio de Gobernación en defensa de mis derechos, porque yo tengo derecho a la defensa”, resaltó la exdirectora de la FVBCH.
El caso de Cristiana Chamorro
El caso que inició el Ministerio de Gobernación (Migob) y pasó de un día para otro al Ministerio Público en contra de Chamorro Barrios, es por supuestas inconsistencias en los reportes de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro del período de 2015 a 2019. Ella era directora de esa organización no gubernamental (ONG) que cerró en febrero de este año, debido a la amenaza de la Ley de Agentes Extranjeros.
Según el Migob, “la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia incumplió gravemente sus obligaciones ante el ente regulador y del análisis a los estados financieros del período 2015-2019, en los que se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero, por lo que el Ministerio de Gobernación ha informado al Ministerio Público para la investigación correspondiente”.
