La empresa canadiense Calibre Mining Corp respondió a las denuncias sobre las cinco concesiones mineras que el régimen de Daniel Ortega a través del Consejo Regional de la Costa Caribe Sur entregará a dicha empresa y dijo que «estas concesiones solicitadas no están en territorio indígena ni en ninguna (ningún) área protegida».
En un comunicado, la empresa dijo que en cumplimiento a la Ley 28 de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe y de acuerdo con lo establecido en la Ley 387 sobre Exploración y Explotación de Minas, Calibre Mining inició en el 2020 la solicitud de cinco concesiones mineras ubicadas principalmente en el municipio de Paiwas, en el Caribe Sur de Nicaragua.
En Nicaragua, Calibre Mining Nicaragua SA es subsidiaria de la empresa canadiense.
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Enseguida indica que las solicitudes de concesiones —Acacia, Ágata, Monarca, Colibrí y Amapola— fueron presentadas inicialmente al Ministerio de Energía y Minas, al Consejo Regional Autónomo Costa Caribe Sur (CRACCS) y al Concejo Municipal de Paiwas.
«Como parte del proceso de relacionamiento transparente, miembros del equipo de Calibre explicaron en qué consisten las labores proyectadas en las concesiones y respondieron a las consultas de las autoridades locales, durante múltiples encuentros. Además, miembros del Consejo visitaron proyectos de exploración de Calibre para conocer las buenas prácticas realizadas por la empresa», explicó Calibre Mining.
Realización de estudios
La empresa argumentó que cuando recibió la adjudicación de las concesiones, el primer paso fue la prospección minera o realización de estudios de reconocimiento geológico.
«Los estudios contemplan actividades de muestreo de rocas y de suelos para su análisis a nivel general y así determinar si se avanza a una etapa de estudios más detallados. Las fases de reconocimiento podrían extenderse durante varios años», aseveró.
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En esa misma línea, señaló que para la realización de estudios más detallados en la exploración minera «se requieren de permisos ambientales y consultas con las comunidades en las áreas de interés. Las áreas para prospección y exploración son áreas de estudio».
Enumeró que las estadísticas de la industria minera a nivel mundial muestran que «de cada 10,000 prospectos, solo uno termina consolidándose como una mina en explotación».
La primera en el Caribe Sur
Las organizaciones ambientalistas en el país como la Fundación del Río e INANA-AIP-Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, alertaron y denunciaron esta semana el otorgamiento de estas concesiones. Se espera que este viernes el Consejo Regional del Caribe en la Cuarta Sesión Ordinaria de Pleno ratifique dichas concesiones.
Amaru Ruiz, ambientalista y director de la Fundación del Río —cuya personería jurídica fue cancelada en diciembre 2018— expresó a través de sus redes sociales su preocupación debido a que la inmensa área concedida a la empresa minera es casi el equivalente al tamaño de la Reserva Biológica Indio Maíz.
Las cinco concesiones suman 226 mil hectáreas en el Caribe Sur (equivalentes a 2,260 kilómetros cuadrados).
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Ruiz explicó a LA PRENSA que esta sería la primera concesión de minería en la Región del Caribe Sur.
“No se sabe dónde están los estudios de impacto ambiental, las consultas con las comunidades y no se sabe porque no lo hacen público, lo hacen callado. Antes la minería llegaba hasta La Libertad, Santo Domingo, Boaco, Rancho Grande, pero no ha llegado a la RACCS, entendería yo que son las primeras concesiones que se van a entregar”, indicó Ruiz.
La organización INANA-AIP-Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, a través de una declaración publicada en redes sociales precisó que la minería en el país es una “actividad altamente contaminante, sin regulación ambiental desde que la Presidencia eliminó el requerimiento de Evaluaciones de Impacto Ambiental en el 2017 con el Decreto 15-2017”.
