“Lo siento mucho señor; usted no puede abordar este vuelo; el gobierno de Nicaragua nos ha notificado que no se permite su entrada”. Estas son las palabras lapidarias que innumerables nicaragüenses vienen escuchando desde hace más de tres años. Uno de ellos, muy comentado, fue el del doctor Jaime Incer Barquero, uno de los científicos más famosos de Nicaragua quien a sus 91 años las escuchó en agosto de 2023. Estaba desconcertado. Había sido asesor de la Presidencia para asuntos de ecología y medioambiente y nunca se había metido en política.
¿Dio el gobierno de Nicaragua alguna explicación al respecto? Ninguna. ¿Hubo contra el doctor Incer alguna condena o acusación en los tribunales? Tampoco. Pero el caso del doctor Incer es sólo la punta del témpano. Porque son miles, sí, miles de nicaragüenses, los que han pasado y siguen pasando por esta experiencia de un destierro súbito e inexplicable. El gobierno, evidentemente, no da cifras y muchas veces las víctimas temen publicitar sus calvarios para no exponer a familiares. Pero todas las semanas llegan noticias de que no dejaron entrar a fulano o a fulana.
Para casi todos, si no todos los afectados, la noticia es una catástrofe. El destierro es una pena durísima. Implica, entre otras muchas cosas, romper sus raíces, dejar atrás a familiares; esposos, hijos o padres, amigos, colegas de trabajo, perder su forma de sustento y experimentar un fuerte golpe económico; es quedar varado en otro país, quizás con una lengua y costumbre distintas, quizás con imposibilidad de trabajar, etc.
La radicalidad o crueldad de esta medida hace que las constituciones de los países civilizados consideren ilegal que un Estado destierre o expulse a sus propios ciudadanos. El artículo 9 de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la cual Nicaragua es signataria, estipula de forma tajante: «Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado». Igual el articulo Artículo 13: “Toda persona tiene derecho a salir y a regresar a su país”.
Aún la constitución chamuca, que legitima el destierro o expatriación, la confina a quienes considera culpables del delito de traición a la patria. Esto implica que antes de aplicar semejante pena las autoridades deberían haber probado la culpabilidad de los castigados siguiendo las reglas del debido proceso. Lo dice expresamente la constitución vigente: artículo 32: “Toda persona tiene derecho en igualdad de condiciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva”. El artículo 27,11 establece “que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme la ley”. El debido proceso implica, entre otras cosas, una acusación formal, que la persona haya sido notificada, que tenga derecho a la defensa, que pueda conocer y controvertir las pruebas, ser juzgada por autoridad imparcial, y que en la condena se explicite concretamente en qué constituyó su supuesta traición.
Ninguna de estas leyes o criterios se ha aplicado a los desterrados. Pero hay todavía algo más injusto: mucho de ellos han sufrido esta pena por el mero hecho de ser parientes de quienes la dictadura considera opositores. Actuando así viola un principio sagrado y universal del derecho consignado en su propia constitución, art. 35: “La pena no trasciende de la persona condenada”. En mi caso le ha sido negada la entrada a Nicaragua, aparte de mis hijos, a tres de mis nietos, uno de ellos menor de edad, además de a otros familiares que mejor no menciono. ¿Qué delito cometió mi nieto menor que ha vivido toda su infancia en Estados Unidos?
En realidad, lo que está haciendo la dictadura es una injusticia monstruosa; un crimen de lesa humanidad; un verdadero escándalo que hay que denunciar ante el mundo entero. Es algo, además, que demuestra la desfachatez sin precedentes con que actúa el dúo Murillo Ortega. Usualmente los déspotas tratan de ocultar, o racionalizar su maldad. No esta pareja. Su desprecio por la opinión— e inteligencia— interna y externa es tal que no se cuidan de dar la más mínima apariencia de legalidad. Rompen la ley, incluyendo las propias, y violan los más elementales principios universales del derecho, sin importarles que se haga visible su arbitrariedad y su crueldad. Y si a esto se añade el que estén permitiendo el regreso de ciertos desterrados, a cambio de que paguen de cinco a veinte mil dólares según tasan su fortuna, habría que pensar que tampoco les importa ser vistos como un Estado gansteril.
El autor es sociólogo e historiador. Autor de En busca de la tierra prometida. Historia de Nicaragua 1492-2019.
