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Nueve de cada 10 personas detenidas quedaron desprotegidas y se les privó arbitrariamente del derecho de su libertad. Esto luego que los recursos de habeas corpus presentados por sus defensas fueron “inefectivos frente a las detenciones políticas en Nicaragua”, revela un informe publicado en septiembre por la Asociación Memoria y Justicia (AMJ). El documento expone el colapso de la justicia en el país bajo el régimen represor de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Los datos contrastan con las declaraciones de la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ana Julia Guido, quien asegura que el órgano judicial del país está fortalecido y que se ha modernizado para resolver con agilidad los procesos judiciales. Sin embargo, desde hace décadas, la institución opera sin total independencia y sus altos funcionarios subordinan sus decisiones judiciales al orteguismo, entre ellas sentencias a la medida de los intereses del FSLN, contra partidos opositores y de persecución a quienes piensan distinto.
El habeas corpus es una garantía judicial fundamental que protege a una persona frente a una detención arbitraria o ilegal. Un juez debe revisar rápidamente si la privación de libertad es legal y, si no lo es, ordenar su libertad.
Víctimas de detenciones sin protección
“El sistema judicial del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo convirtió el recurso de exhibición personal en una garantía inefectiva: el 90,1% de los 315 casos analizados entre 2018 y 2024 no brindó protección efectiva a las víctimas de detenciones políticas”, documenta el informe de AMJ.
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De todos los casos, sobre habeas corpus, 284 (90.1 por ciento) “fueron inefectivos”, cinco (1.6 por ciento) lograron protección efectiva y en 26 casos “no fue posible determinar el resultado”, expone el documento.
En los 284 casos en los que el habeas corpus fue inefectivo, AMJ reportó “763 conductas estatales específicas que vulneraron el acceso a la justicia”. Entre ellas figuran 224 casos con violaciones a las garantías del debido proceso, 220 con obstáculos de hecho o de derecho para acceder a la justicia y 189 con demoras injustificadas en su tramitación o resolución.
“Uno de los patrones más graves fue el incumplimiento del plazo constitucional de 48 horas para poner a una persona detenida en libertad o a disposición de una autoridad competente. AMJ documentó 280 casos en estas circunstancias y, en al menos 80, las víctimas nunca comparecieron ante un juez antes de ser excarceladas”, sostiene el informe.
Guido dice que están a favor del «pueblo»
Estos datos desmienten nuevamente a la nueva presidenta de la CSJ. En una entrevista transmitida el 8 de septiembre, en el Canal 2 de televisión, cuya línea editorial está en manos de la familia dictatorial, Guido aseguró que la justicia está a “favor del pueblo” y que, para ello, “tiene que haber una justicia rápida, ágil, oportuna, que la población siente que tiene al sistema de justicia que está a favor de ellos y que está para ellos”.
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Desde su juramentación como nueva presidenta de la Corte, minutos después de la aceptación a la renuncia de Alba Luz Ramos, por parte de la Asamblea Nacional el pasado 1 de septiembre, Guido se ha dedicado a hacer una gira en los medios de propaganda de la dictadura para promover un sistema judicial que supuestamente busca dar “satisfacción” al pueblo.
Desde 2007, cuando Ortega retomó el poder, inició un proceso de desmantelamiento de las instituciones — incluyendo el Poder Judicial— hasta lograr el control absoluto de las mismas. En 2025, oficializaron la independencia de poderes que han implementado poco a poco a lo largo de los últimos 19 años en que han dirigido el país.
El régimen de Ortega y Murillo ha sido señalado de graves violaciones de derechos humanos, entre ellos asesinatos, privación de nacionalidad, represión transnacional, desde 2018. El Poder Judicial es uno de los señalados por cumplir las órdenes represivas de la pareja dictatorial, pese a la propaganda de Guido que incluye también su visión de sentirse orgullosa de ser militante sandinista.
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En 2023, Murillo ordenó una barrida en el Poder Judicial, incluida la CSJ, que se convirtió en una purga que le permitió consolidar su poder colocando a fichas fieles. A Ramos, la última ficha de Ortega en la CSJ que renunció recientemente, el encargado de echarla de su oficina fue el entonces comisionado general en retiro Horacio Rocha, quien era asesor de seguridad presidencial.
Entre 2025 y 2026, todos los magistrados “renunciaron” por problemas de “salud y jubilación”. De manera automática, la dictadura nombró a nuevos militantes con antecedentes la mayoría de represores, empezando por Guido.
Guido, la militante asaltabancos
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Guido tiene una larga trayectoria en el Frente Sandinista, pero también como funcionaria del Estado. Incluso se ríe cuando la llaman “traficante y asaltabancos”, por su pasado en los años setenta. Lleva 47 años devengando un salario del erario, 27 de ellos estuvo en la Policía, ocho como fiscal general adjunta, 11 como fiscal general de la República y desde noviembre del año pasado es magistrada de la Corte.
Por su participación en la represión desencadenada por el régimen contra los manifestantes desde 2018, Guido ha sido sancionada por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y Suiza.
Según el Departamento de Estado del Gobierno norteamericano, Guido, cuando era la fiscal general de la República, “ayudó a formar un grupo de fiscales que trabajaron con la Policía Nacional nicaragüense, entidad bajo sanciones de EE. UU., para fabricar casos contra prisioneros políticos. Además, Guido creó una unidad especializada que se dedicó en los últimos dos años a presentar acusaciones contra manifestantes pacíficos”, sostiene un documento publicado el 9 de octubre de 2020.
Las recientes reformas constitucionales, que permitirán a Ortega y Murillo perpetuarse en el poder y eliminar las elecciones, fueron aplaudidas por Guido. Las consideró «un acto de defensa democrática».
