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Minería en Nicaragua. LA PRENSA/Archivo

Denuncian que el régimen entregará cinco concesiones mineras que equivalen al tamaño de la Reserva Indio Maíz

El área verde a explotar es de 226 mil hectáreas. Esta es la primera concesión que se da en la región del Caribe Sur del país

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo habría ordenado al Consejo Regional de la Costa Caribe Sur entregar cinco concesiones mineras a la empresa Calibre Mining Nicaragua SA, subsidiaria de la canadiense Calibre Mining Corp, para explotar 226 mil hectáreas en el Caribe Sur (equivalentes a 2,260 kilómetros cuadrados), han alertado y denunciado organizaciones ambientalistas en el país como la Fundación del Río e INANA-AIP-Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes.

Amaru Ruiz, ambientalista y director de la Fundación del Río —cuya personería jurídica fue cancelada en diciembre 2018— expresó a través de sus redes sociales su preocupación debido a que la inmensa área concedida a la empresa minera es casi el equivalente al tamaño de la Reserva Biológica Indio Maíz.

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Ruiz explicó a LA PRENSA que esta sería la primera concesión de minería en la Región del Caribe Sur y que se supone que estará ubicada en el municipio de Bocana de Paiwas.

“No se sabe si van a irradiar otro municipio, pero al menos se sabe que la mayoría están ubicadas en Paiwas (…) no se sabe dónde están los estudios de impacto ambiental, las consultas con las comunidades y no se sabe porque no lo hacen público, lo hacen callado. Antes la minería llegaba hasta La Libertad, Santo Domingo, Boaco, Rancho Grande, pero no ha llegado a la RACCS, entendería yo que son las principales concesiones que se van a entregar”, indicó Ruiz.

Desde su cuenta de Twitter, el ambientalista apuntó que “la sumatoria de estas concesiones representa un total de 226,083 hectáreas, esto equivale prácticamente a lo que mide la Reserva Biológica Indio Maíz, es una barbaridad el área concesionada a la empresa Calibre Mining Corp”.

A través del Consejo Regional del Caribe Sur

Ruiz en su publicación indicó que el Consejo Regional del Caribe Sur, controlado por el régimen orteguista, envió convocatoria de sesión para la aprobación de las cinco concesiones mineras a favor de la compañía de origen canadiense. 

“Esta situación podría agudizar la situación de deterioro ambiental e inclusive desplazar a más familias de la región sur del país”, alertó Ruiz.

La aprobación se llevará a cabo en la Cuarta Sesión Ordinaria de Pleno, del próximo viernes 28 de julio de este 2023, según consta en el acta de convocatoria compartida por Ruiz. Y de acuerdo con el documento, las cinco minas donde se hará exploración y explotación son denominadas como: Acacia, Agata, Monarca, Colibrí y Amapola.

El ambientalista dijo a este Diario que en la sesión “se va a ratificar lo que ya está aprobado por la Junta de Consejo Regional”.

Enseguida, Ruiz enumeró que en esta aprobación se incluye la apertura de una carretera para la construcción del puerto de aguas profundas vinculada al proyecto del Canal Interoceánico, la aprobación de cinco concesiones mineras y el cambio de razón social de una Comisión de Demarcación de tierras comunales.

Falta de voluntad política con el saneamiento

Por su parte la organización INANA-AIP-Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, a través de una declaración publicada en redes sociales denunció las concesiones mineras que otorga la dictadura de Ortega a empresas mineras transnacionales en el país en general, en los territorios indígenas, afrodescendientes y áreas protegidas en la Moskitia, “son una evidencia de la falta de compromiso del Gobierno de Nicaragua con la conservación de los bosques, la biodiversidad y con el saneamiento territorial”.

Enseguida la organización precisó que la minería en el país es una “actividad altamente contaminante, sin regulación ambiental desde que la Presidencia eliminó el requerimiento de Evaluaciones de Impacto Ambiental en el 2017 con el Decreto 15-2017”.

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La Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes dijo que el avance de la minería sin Consentimiento Previo, Libre e Informado a los territorios demuestra “la falta de voluntad política del Gobierno de Nicaragua con el saneamiento territorial indígena y afrodescendiente, la cual es la quinta etapa del proceso de Demarcación y Titulación de Territorios Indígenas y Afrodescendientes, según la Ley 445, Ley de Titulación y Demarcación, porque la minería aumenta la violencia en todas sus formas en los territorios”.

Además recordó la masacre ocurrida en agosto del 2021 en el cerro Kiwakumbaih, en el Caribe Norte, cuando la banda delincuencial conocida como Chabelo atacó y asesinó con saña a 13 indígenas.

“(Esto) genera recursos financieros para las invasiones y aumenta las inversiones desde el Estado en nombre del desarrollo del país, sin resolver el problema de fondo. Las invasiones de territorio que avanzan debido a la impunidad, y la violencia que generan colonos armados y la política de imposición de autoridades comunales y territoriales llevadas a cabo por las estructuras políticas del Gobierno”, reprochó la organización.

Finalmente, la Plataforma Pueblos Indígenas y Afrodescendientes afirmó que el gobierno regional no respeta ni promueve el cumplimiento del derecho al Consentimiento Previo, Libre e Informado de las comunidades, al aprobar las concesiones en sesiones plenarias del Consejo Regional; recordó que solo las comunidades indígenas y afrodescendientes “dueñas de sus territorios de forma consuetudinaria, mucho antes que la existencia del Estado de Nicaragua, tienen el derecho a decidir si se aprueban esas concesiones porque también son ellas quienes van a sufrir las consecuencias irreversibles de las actividades mineras en sus territorios”.

Denunció que el Estado de Nicaragua “no tiene ninguna garantía ambiental ni jurídica, ni política en el cumplimiento del derecho al consentimiento previo, libre e informado”.

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