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CONTENIDO EXCLUSIVO.El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio a conocer el “informe de gestión 2022“, en el que se atribuye “excelentes” resultados en cuanto a los desarrollos de sus programas de lucha contra la pobreza en el país. Sin embargo, reportes periodísticos y datos de organizaciones de la sociedad civil muestran que la dictadura miente en los resultados que expone en el documento.
El informe presentado el pasado 13 de abril ante la Asamblea Nacional, por Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, destaca un “exitoso” proceso electoral municipal en 2022, cuando los comicios se realizaron bajo un contexto de graves restricciones de las libertades civiles y políticas, sin una verdadera competencia electoral ni partidos de oposición.
Asimismo se elogia con programas de seguridad ciudadana, protección y acceso a la justicia hacia las mujeres, cuando organizaciones feministas alertan año con año sobre el incremento de femicidios en el país, así como los temas de equidad de género.
LA PRENSA señala algunos puntos en los que el régimen miente y manipula la información.
Elecciones municipales 2022
En el informe de gestión del “buen gobierno”, el régimen destaca de forma “exitosa” las cuestionadas elecciones municipales del pasado 6 de noviembre, mediante las cuales el Consejo Supremo Electoral (CSE) adjudicó el ciento por ciento de las alcaldías al oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Sin embargo, dichos comicios se realizaron sin una verdadera competencia electoral, porque a la mayoría de destacados opositores que estaban dispuestos a enfrentar a Ortega mediante un proceso electoral, el régimen los encarceló desde mayo de 2021, y otra parte se fue al exilio producto de la represión. Además ordenó eliminar a los partidos opositores para evitar sus participaciones en procesos electorales.
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En este proceso participaron 15 partidos políticos, constituyéndose en dos alianzas de partidos políticos, así como tres partidos que participaron de forma individual y un partido político regional (Yatama); todos señalados por sectores opositores y críticos como colaboracionistas del régimen.
Los comicios contaron, según la dictadura, con una participación ciudadana de más de dos millones de votantes, registrando un 57.1 por ciento de participación, en “un ambiente de paz, seguridad, tranquilidad y convivencia pacífica”.
No obstante, el observatorio independiente electoral Urnas Abiertas afirmó que el nivel de participación durante el proceso de las votaciones municipales de 2022 en el país fue de 17.3 por ciento y calcula un porcentaje de abstencionismo de 82.7 por ciento de la población.
Asimismo documentó 1,871 reportes ciudadanos vinculados a 5,821 anomalías, irregularidades o violencia política durante la jornada de votación en los 15 departamentos y las dos regiones autónomas. También reportó la detención de al menos 50 personas entre el 1 y el 12 de noviembre de 2022.
Tormenta Bonnie y huracán Julia
Desde el punto de vista ambiental, el régimen señala que el país se vio afectado por dos eventos hidrometeorológicos de significativa magnitud el año pasado. La tormenta tropical Bonnie en julio, perjudicando a 26 municipios del país de 10 departamentos, y el huracán Julia, que afectó todo el país, los 15 departamentos y las dos Regiones Autónomas de la Costa Caribe.
A consecuencia de ambos fenómenos el régimen solo reporta afectaciones económicas, social e infraestructura y no admite las muertes reportadas por las mismas autoridades locales y medios oficialistas tras el paso de la tormenta Bonnie y el huracán Julia.
El 3 de julio del año pasado, el medio oficialista La Nueva Radio Ya —que tiene acceso directo a informes del Sinapred— informó de cuatro muertos, como consecuencia de la crecida de ríos en todo el territorio nicaragüense y un desaparecido tras el paso de Bonnie. La radio reportó los fallecidos en Siuna, Jinotega y Nindirí.
Mientras que el huracán Julia dejó al menos tres personas fallecidas. Según reportes periodísticos las víctimas son una adolescente originaria del departamento de Boaco, y Juan Daniel Rodríguez, esteliano, quien fue arrastrado por el río El Zapote.
La otra víctima durante el paso de Julia por Nicaragua, corresponde a un hombre de 24 años que falleció en la comunidad Las Latas, cuando le cayó encima un árbol, según informó el 9 de octubre de 2022 el alcalde de Jinotega, Leónidas Centeno.
Equidad de género: no toman decisiones
Por otra parte, la dictadura resalta en su informe la igualdad en el número de mujeres y hombres que ocupan cargos públicos en el país.
Como resultado de la farsa electoral de 2022, según los datos oficiales publicados en el diario oficial La Gaceta se ubicó a 77 mujeres de alcaldesas (50.3 %) y 76 varones de alcaldes (49.7 %) y en correspondencia hay 76 vicealcaldesas y 77 vicealcaldes. También hay un total de 6,088 concejales: 3,044 mujeres y 3,044 varones.
A nivel de cargos ministeriales (16 ministerios), indican que 10 son ocupados por mujeres, en las carteras de: Educación, Trabajo, Salud, Gobernación, Juventud, Familia, Mujer, Defensa, Economía Familiar, Ambiente y Recursos Naturales.
En cuanto a las mujeres en la Asamblea Nacional según reporte del mapa “Mujeres en la Política: 2021 y 2022”, creado por la Unión Interparlamentaria (UIP) y ONU Mujeres, de 91 escaños, 47 son ocupados por mujeres, equivalente al 52.0 % y 44 por hombres, con una representación del 48.0 %.
En los niveles directivos del Gobierno, señalan que tiene una representación de 374 mujeres (53.0 %) y 326 hombres (47.0 %); en el poder judicial el 59.7 % son mujeres y en el poder electoral representan el 40 %.
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A criterio de la activista y defensora de derechos humanos, Alexa Zamora, estos cargos no tienen ningún significado en términos de los derechos de las mujeres y del reconocimiento del papel que juegan en la política, sino que es un cumplimiento de cuotas y formalidad. En todo caso las funcionarias del régimen tienen “escasos márgenes para la toma de decisiones”, expresó.
Zamora señaló que el régimen intenta mantener “ese relato de que sus políticas están basadas en la igualdad o equidad de género y la inclusión de la mujer, una cosa que sabemos que es totalmente falsa. Parte de esta estrategia también es para poder seguir accediendo a indicadores sobre buena calidad de vida, cuando en realidad también es falso”.
Comisarías de la Mujer y la Niñez
Como parte del “avance” de la Policía, institución que ha sido el principal brazo opresor de Ortega contra los nicaragüenses, para garantizar la protección y el acceso a la justicia de las mujeres, en 2022 se inauguraron 80 Comisarías de la Mujer y la Niñez, agrega el informe.
Lo irónico del caso es que el mismo “buen gobierno” es quien las había cerrado en 2016, y a partir de 2020 volvió a lanzarlas. Cada inauguración es celebrada con “bombos y platillos” en actos municipales.
En total,el régimen ha relanzado 180 Comisarías a nivel nacional, sumando 51 en 2021 y 49 en 2020.
Sin embargo, para la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) “las aperturas de las Comisarías no significa que la violencia va a parar” ya que “los datos de femicidios nos indican un crecimiento, estamos ante una ola”, advierte el organismo.
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Según datos del observatorio Voces de CDD, 67 mujeres fueron asesinadas en 2022, y entre las víctimas de la violencia de género hay 10 menores de edad.
Mientras que en lo que va de este año, el observatorio ya registra 35 femicidios “y las autoridades no se pronuncian, desde ahí vemos la falta de compromiso político”, indican.
“Este es resultado de los cierres de ONG de mujeres donde por más de 30 años ha venido empoderando a las mujeres, se necesita trabajar desde la niñez, la educación hacia los derechos desde una visión de género, mientras estén indultando a femicidas, violadores, agresores de mujeres, y quedando en la impunidad, las Comisarías no solucionan”, agrega CDD.
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Según el informe del régimen, en 2022 a través de la Comisión Nacional de Lucha contra el Femicidio, se atendieron 2,252,319 personas (1,327,203 mujeres) “generando conciencia de la práctica de valores, la apropiación de leyes y mecanismos para la defensa de los derechos y la dignidad de las mujeres”.
“Nosotras hemos venido denunciando que las Comisarías solo es estructura, y para poder sostenerse se necesita de personal especializado y consciente en la problemática de las mujeres y niñas. Tenemos una buena Ley 779 (Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres) y esta no es aplicada. Desde el incumplimiento de aplicar la ley no tenemos protección hacia las mujeres, las Comisarías están surgiendo únicamente como una estampa, la educación y campañas permanentes dirigidas a prevenir es necesario y trabajar en conjunto con la sociedad civil, para poder hacerle frente a esta problemática de violencia que se está convirtiendo en una ola”, añade la CDD.
Cartilla para la prevención de femicidios
También menciona que las instituciones miembros de la Comisión Nacional atendieron 1.3 millones de personas abordando el contenido de la cartilla “Familias Unidas para la Paz y la Vida”, que según el informe “promueve la conciencia individual y colectiva hacia el respeto, protección y restitución de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y familias”.
“Ni la cadena perpetua ni la cartilla van a parar la violencia de género, mientras no exista compromiso ante tal problemática, hay falta de educación donde los derechos son violentados en todos los aspectos. Las organizaciones tenemos un trabajo prácticamente clandestino, pero desde el lugar donde estemos seguiremos denunciando y exigiendo justicia por todas y para todas”, manifestó una representante de CDD.
“Desarrollo” de la Costa Caribe de Nicaragua
De acuerdo con el informe, el régimen garantizó en 2022 la seguridad jurídica de las tierras en la Costa Caribe Norte y Sur, así como el bienestar socioeconómico de la población indígena.
El régimen afirma que destinó millones de córdobas para el fortalecimiento del modelo autonómico y gobernanza de los Gobiernos Regionales Autónomos y los 23 territorios indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe y Alto Wangki y Bocay, además de impulsar proyectos de educación, merienda escolar, viviendas dignas, agua y saneamiento, administración de justicia, entre otros.
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Sin embargo, hambre, invasión de colonos, asesinatos, crisis sanitaria, inseguridad, impacto del cambio climático, falta de acceso a la justicia y abandono estatal forman parte de la realidad que viven las comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua.
A inicios de este año, 14 representantes de los territorios miskitos y mayangnas firmaron una proclama reprochando al régimen una extensa lista de promesas incumplidas, tras su regreso al poder en 2007, cuando se comprometió a proteger a las comunidades indígenas.
En la proclama, los líderes indígenas denunciaron que “los colonos han asesinado a 64 indios miskitos y mayangnas”. Estas muertes han quedado en la impunidad. No hay justicia para las violaciones de derechos humanos de las comunidades indígenas.
Mientras que en lo que va de este 2023, unos siete indígenas del territorio Sauni As han sido asesinados violentamente por personas invasoras o colonos, según un monitoreo realizado por el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi).
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George Henríquez, exaspirante presidencial y miembro fundador de la Plataforma de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua, sostuvo que “no hay Estado de derecho en Nicaragua que pueda proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
Mencionó que entre las principales demandas de la Costa Caribe están “justicia, demarcación, saneamiento, autonomía y descentralización”.
“Necesitamos la detención del avance de la frontera agrícola y ganadera porque los colonos entran armados y producen un desplazamiento, por lo tanto hay asesinatos, violación a todos nuestros derechos humanos y luego no hay justicia, entonces las comunidades viven con miedo en el mismo territorio que los vio nacer”, denunció el activista.