Después de 2018, cada año el régimen de Daniel Ortega ha ido perfeccionando los métodos de represión contra críticos y opositores en Nicaragua. Tras cuatro años de convulsión y violencia política, la dictadura orteguista no solo tiene presos a opositores y críticos, sino también a sacerdotes de la Iglesia católica.
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A pocos días de finalizar el 2022, la abogada e investigadora, Martha Patricia Molina, mantiene que este año sobresalió por los ataques a la Iglesia católica, cerrando con 15 procesos penales en contra de sacerdotes y personas relacionadas con la Iglesia católica, según un registro documentado por ella.
En total, en 2022 hubo más de 140 ataques a la Iglesia católica de parte de la dictadura sandinista, muchos más que en 2018 y 2019, cuando se registraron 81 y 76 hostilidades, respectivamente. Molina explicó que esa cifra va en aumento, por los reportes que se reciben a cada momento.
Entre los ataques se cuentan: procesos penales injustos y no apegados a lo que mandatan las leyes, confiscaciones, secuestros, discursos de odio, impedimento a la libertad de movilización, cierre de organizaciones religiosas sin fines de lucro y de medios de comunicación religiosos; deportaciones, exilios, expulsiones, profanaciones, robos, asedios, amenazas y prohibición a realizar procesiones fueron las agresiones más relevantes en contra de obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y laicos.
Dos sacerdotes condenados
Dos sacerdotes han sido condenados y el resto está en proceso, entre ellos el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez.
Las imágenes de monseñor Álvarez, de rodillas frente a la Policía, en Matagalpa, ya son un ícono de los ataques a la Iglesia católica. Los ataques a los religiosos también incluyen asedio policial a los templos, algo que se ha visto desde 2018; impedimento a que los feligreses entren a las iglesias, prohibición para realizar eventos tradicionales de los católicos, persecución a los sacerdotes y en consecuencia obligarlos al exilio.
En enero pasado, se conoció el exilio del padre Edwin Román, uno de los sacerdotes que resistió numerosos ataques y hostigamiento de parte de la Policía orteguista, desde su parroquia en la iglesia San Miguel Arcángel, de Masaya. Desde agosto de 2021 el padre Román se encontraba en Estados Unidos, donde ahora vive y no puede regresar a Nicaragua.
Dos sacerdotes condenados
En junio pasado, el padre Manuel García fue condenado a dos años de prisión y 200 días multa por el delito de amenaza con arma contra cinco personas. El sacerdote fue acusado por ese delito luego de que el pasado 30 de mayo de 2022 tomó un machete cuando un grupo de jóvenes simpatizantes de Ortega acecharon la casa cural de la iglesia Jesús de Nazareno, en Nandaime, parroquia que él dirigía.
El otro sacerdote condenado es monseñor Leonardo Urbina, párroco de la iglesia del Perpetuo Socorro, de Boaco, por el presunto delito de abuso sexual. El juicio se realizó sin el debido proceso, a puerta cerrada, fuera de la jurisdicción judicial que le correspondía y no se le permitió un defensa privada, sino que se le impuso una defensa del Estado.
Otros sacerdotes detenidos son:
El obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, acusado de “menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”.
El sacerdote Oscar Danilo Benavídez, detenido junto a monseñor Álvarez, acusado de “conspiración para cometer menoscabo” y “propagación de noticias falsas”.
El sacerdote Sadiel Antonio Eugarrios Cano, detenido junto con monseñor Álvarez, acusado de “menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”.
El sacerdote José Luis Díaz, detenido junto con monseñor Álvarez, acusado de “menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”.
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Sacerdote Ramiro Tijerino, detenido junto con monseñor Álvarez, acusado de “menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”.
Sacerdote Enrique Martínez Gamboa, detenido junto con monseñor Álvarez, acusado de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso con el de propagación de noticias falsas”.
Diácono Raúl Antonio Vega, detenido junto con monseñor Álvarez.
Seminarista Darvin Leiva Mendoza, detenido junto con monseñor Álvarez.
Seminarista Melkin Centeno, detenido junto con monseñor Álvarez.
Laico Sergio Cárdenas, camarógrafo de la Diócesis de Matagalpa, detenido junto con monseñor Álvarez, acusado de “menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”.
Laico Manuel Antonio Obando Cortedano, periodista y jefe de medios de la Diócesis de Matagalpa, detenido.
Laico Wilberto Artola Mejía, también periodista de la Diócesis de Matagalpa, detenido.
Sacerdote Uriel Antonio Vallejos, párroco de la Divina Misericordia de Sébaco. En el exilio. El régimen de Ortega giró un oficio a la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol) para su captura.
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La negativa de ingreso al país a sacerdotes nicaragüenses fue algo particular de 2022. Entre los casos que destacaron está el del sacerdote jesuita José Alberto Idiáquez, rector de la Universidad Centroamericana (UCA), quien viajó a México para atenderse un problema de salud y a su retorno en julio pasado, el régimen le negó la entrada a Nicaragua.
En septiembre pasado, Migración y Extranjería negó la entrada al país al sacerdote Guillermo Blandón, párroco de la iglesia Santa Lucía, de Boaco, quien regresaba de Israel y en el aeropuerto de Miami le comunicaron que no podía viajar a Nicaragua.
Según el registro de Molina, más de 20 sacerdotes han sido impedidos de regresar al país y ahora viven en el exilio.
Otro acontecimiento que provocó gran repudio e indignación nacional e internacional fue la expulsión de las monjas Misioneras de la Caridad, de la Orden Madre Teresa de Calcuta, expulsadas del país en julio, tras la cancelación de la personalidad jurídica de su asociación.
La represión de Ortega contra la Iglesia católica también ha incluido el cierre de medios de comunicación de línea católica, la mayoría radios, y la cancelación de organismos no gubernamentales (ONG) de la Iglesia católica también.
Desde 2018, en el contexto de la represión armada contra las protestas civiles, los sacerdotes y obispos de la Iglesia católica han sido blanco de ataques verbales y agresiones físicas de parte de simpatizantes del régimen de Ortega.
El 19 de julio de 2018, en el discurso central del acto de aniversario de la revolución sandinista, Ortega dijo que los templos católicos fueron utilizados como cuarteles para almacenar armas y refugiar a torturadores.
Tras ese discurso de Ortega, comenzó una ola de violencia contra sacerdotes, así como el saqueo de templos católicos de parte de simpatizantes de su régimen.