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CONTENIDO EXCLUSIVO.En febrero de este año, cuando las comisiones de Justicia y Gobernación de la Asamblea Nacional iniciaron un proceso conjunto de “consultas y análisis de las leyes aprobadas”, los críticos esperaban más reformas a conveniencia del régimen de Daniel Ortega, en el contexto de la persecución contra opositores y críticos. Sin embargo, el resultado fue un informe que entre varios planteamientos propuso la encarcelación de sacerdotes críticos al régimen orteguista.
Dicho informe está basado en “consultas” a mandos policiales, funcionarios de la Fiscalía, jueces y procuradores del régimen, además de “víctimas de crímenes de odio y familiares de personas asesinadas durante el fallido intento del golpe de Estado del 2018”.
El 4 de mayo pasado, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por una mayoría de 75 representantes del partido del régimen —de un total de 91 diputados—, validó dicho informe, bajo el argumento de que era una propuesta de ciudadanos consultados en las comisiones conjuntas, aunque en realidad se trataba de un grupo de allegados que declararon que los religiosos cometieron delitos “con saña y odio hacia la militancia sandinista”.
Funcionarios del régimen “consultados”
En las consultas también desfilaron empleados de las instituciones públicas, entre ellos, el comisionado Lenín Soza, jefe de la Asesoría Legal de la Policía Nacional; comisionado Álvaro Pérez, segundo jefe de la Asesoría Legal de la Policía Nacional; comisionado Guillermo Rojas, enlace Asamblea Nacional con la Policía Nacional; Javier Morazán, fiscal director del Ministerio Público; Douglas Roberto Vargas, inspector general del Ministerio Público; Ángel Jeancarlos Fernández, juez Cuarto Penal de Juicio; Henry Morales, magistrado del Tribunal de Apelaciones, el único que participó en dos ocasiones.
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También Nadia Camila Tardencilla, jueza Segundo Distrito de lo Penal; Hernaldo Chamorro, procurador nacional penal; María Dolores Gómez, delegada para Managua de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; Maynor Aragón Bravo, director de Cooperación Externa y Relaciones Internacionales de la Procuraduría de Derechos Humanos. Las consultas duraron tres meses.
El informe final detalla que «en total se realizaron 17 sesiones de trabajo con la participación de representantes de instituciones del Estado que forman parte del Sistema Judicial Penal, con víctimas de crímenes de odio y familiares de personas asesinadas durante el fallido intento del golpe de Estado del 2018».
Punto 5 del informe
El punto 5 del informe es el que puntualiza las amenazas a los sacerdotes de la Iglesia católica y a las organizaciones no gubernamentales (ONG), con base en las consultas a los funcionarios y allegados al régimen.
“Las víctimas que asistieron a la consulta expresaron que las penas deberían ser más severas y demandaron justicia para con los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos que se involucraron en la aventura golpista con dirigentes. Dijeron que en el carácter en que cometieron los delitos no fue como pastores representantes de Cristo, tampoco buscando cómo proteger y defender los derechos humanos, sino de manera personal, con saña y odio a la militancia sandinista y personas relacionadas con el GRUN (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional). Es por eso que deberían también ser juzgados y sus comunidades y asociaciones investigadas a fondo, ya que se escudaron tras lo religioso, como lo es el caso del Colegio San José de Jinotepe”.
El informe además propone un “nuevo tipo penal” relacionado con la figura jurídica de “extinción de dominio”, con la cual estarían buscando apropiarse de los bienes de los acusados.
En ese sentido, el Informe Final propone adicionar al artículo 409 del Código Penal: “Extinción de dominio, aplicado como pena accesoria para aquellos condenados que utilizaron o adquirieron bienes, en la comisión de delitos de Traición a la Patria, delitos que comprometen la paz, delitos contra la Constitución Política y conexos, así como aquellos que fueron beneficiados con bienes por el Estado”.
Orteguismo es juez y parte
Un exfuncionario experto en procesos y trámites legislativos, que pidió no ser identificado por motivos de seguridad, valoró que ese informe se hizo a través de un proceso que imita una consulta ciudadana y una convocatoria de representantes de instituciones públicas, para abordar una problemática que está afectando a la sociedad. Sin embargo, el exfuncionario explicó que ese proceso pierde credibilidad y sustento, porque no fue una consulta que convocara a sectores contrarios, con opiniones diferentes, ni hubo promoción del debate para llegar a una conclusión informada. “Fue una plática entre amigos, totalmente subjetiva”, dijo.
Además, la fuente explicó que el régimen orteguista no actúa de acuerdo con el derecho, así que no es nuevo que esas consultas a su propia militancia sean suficiente para ellos, para validar nuevas reformas a las leyes penales y seguirlas ajustando a la represión sistemática que se viene dando desde 2018 contra opositores y críticos.
“Planean reformar las leyes sustantivas y adjetivas, es decir, reformas al Código Penal y Procesal Penal. En síntesis habrá una comisión técnica a fin de plantear una reforma a nuestra legislación penal, no solo para elevar las penas, sino para consolidar su poder por medios ‘legales'”, agregó el exfuncionario.
Además, señaló que el documento deja entrever “que confiscarán todos los bienes de la Iglesia y de las Instituciones de Derechos Humanos”, pero también “confiscarán a personas naturales que ellos consideren que han participado en las protestas contra su dictadura”, como ha venido ocurriendo desde 2018.
A tres meses del informe incrementa la represión
Tres meses después de la aprobación de ese informe, el país vive una escalada represiva contra la Iglesia católica, con uno de los episodios que dejan en evidencia las intenciones del régimen: la imposición de casa por cárcel a monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, en la Curia Episcopal de Matagalpa.
Además, existen dos sacerdotes presos bajo acusaciones de supuestos delitos y que han sido sometidos a juicios sin el debido proceso de ley: El padre Manuel García y monseñor José Leonardo Urbina.
Y el caso más reciente es la detención del sacerdote Óscar Danilo Benavídez Tinoco, por parte de policías antidisturbios la tarde del domingo 14 de agosto, cuando salía de oficiar una misa en la parroquia La Asunción, ubicada en el municipio de Mulukukú, jurisdicción eclesiástica de la Diócesis de Siuna, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN).
Este miércoles 17 de agosto se conoció que el Ministerio Público, bajo el control del régimen, pide hasta 90 días de prisión para el padre Benavídez.
Silencio, destierro o cárcel
La socióloga e investigadora, Elvira Cuadra, confirmó que los ataques en marcha contra la Iglesia católica son eventos premeditados que buscan silenciar a los sacerdotes y obispos que han denunciado las arbitrariedades del régimen en Nicaragua.
“Son pasos que están efectivamente organizados, premeditados y planificados, que están dirigidos a un resultado específico que se anda buscando, en este caso, en relación con la Iglesia católica, lo que quieren es silenciarla”, dijo Cuadra.
Desde 2018, en el contexto de la represión armada contra las protestas civiles, los sacerdotes y obispos de la Iglesia católica han sido blanco de ataques verbales y agresiones físicas de parte de simpatizantes del régimen de Ortega.
Cuadra también observó que las amenazas a los sacerdotes han sido al más alto nivel desde 2018, es decir, desde el discurso oficial de Ortega y su esposa, como una forma de incitar al odio contra los sacerdotes que se hizo efectiva con el ataque y saqueos a templos y agresiones a sacerdotes.
“Antes de las votaciones de noviembre de 2021, Daniel Ortega y Rosario Murillo tuvieron una campaña específica dirigida a criminalizar a los sacerdotes y a otros religiosos, es algo que ya estaba anunciado”, manifestó Cuadra.
El discurso de odio de Ortega
El 19 de julio de 2018, en el discurso central del acto de aniversario de la revolución sandinista, Ortega atacó verbalmente a los obispos nicaragüenses.
“Fueron sacando las uñas… se fueron quitando las máscaras y terminaron diciendo ‘tiene que irse ya, tiene que irse ya’. Y lo dijeron, lógicamente nuestros adversarios”, dijo el mandatario.
Ortega también dijo que los templos católicos fueron utilizados como cuarteles para almacenar armas y refugiar a torturadores.
“Quiero creer que el cardenal (Leopoldo Brenes) no sabía nada de esto, pero muchos templos fueron ocupados como cuarteles para guardar armamento, para guardar bombas y para salir a atacar y asesinar”, arengó Ortega.
Ortega también acusó a los obispos de ser parte del plan “con los golpistas”.
Tras ese discurso de Ortega, comenzó una ola de violencia contra sacerdotes y saqueo de templos católicos de parte de simpatizantes de su régimen.
Rosario Murillo, esposa de Ortega y vicepresidenta del país, tampoco escatima en ofensas y epítetos cuando lanza ataques verbales contra los religiosos católicos.