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Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Foto tomada de la página web de la Asamblea Nacional

Informe de comisiones legislativas propone judicialización de religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos

Informe Final sobre consultas realizadas por las comisiones de Justicia y Gobernación de la Asamblea Nacional, también propone aumento de penas

El Informe Final sobre las consultas realizadas por la Comisión de Justicia y la Comisión de Gobernación de la Asamblea Nacional propone judicializar a “religiosos” y directores de organizaciones de Derechos Humanos que, según el documento, “se involucraron en la aventura golpista como dirigentes”, en alusión a las protestas civiles de 2018 contra el régimen de Daniel Ortega.

Según el “Informe de cronograma de trabajo sobre el análisis de las normas jurídicas aplicables a las personas que cometen delito de menoscabo a la integridad nacional, crímenes de odio, entre otros”, los consultados “dijeron que en el carácter en que cometieron los delitos no fue como pastores representantes de Cristo, tampoco como proteger y defender los derechos humanos, sino de manera personal, con saña y odio hacia la militancia sandinista y personas relacionadas con el GRUN (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional)”.

“Es por eso que deberían también ser juzgados y sus comunidades o asociaciones investigadas a fondo, ya que se escudaron tras lo religioso, como lo es el caso del Colegio San José de Jinotepe”, expresa el informe.

Ataques a la Iglesia católica

En Nicaragua, algunos sacerdotes y obispos son asediados por la Policía y hasta han sido agredidos por los simpatizantes de Daniel Ortega, debido a que los religiosos defienden las protestas civiles, piden la liberación de los presos políticos y demandan elecciones libres y justas en el país.

Desde 2018, cuando comenzó una brutal represión contra todo tipo de manifestación y protesta civil, también se comenzaron a reportar numerosos ataques y saqueos a templos católicos. Además, Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo en reiteradas ocasiones han descalificado a la Iglesia católica, en sus discursos han llamado a los religiosos «terroristas» y «demonios».

Los mismo ocurre con los defensores de derechos humanos, que son perseguidos y hostigados por la Policía, por varios han optado por el exilio.

Por otra parte, el Informe Final confirma que el régimen de Daniel Ortega, a través de su control en el Legislativo, aumentará la pena por el delito de “menoscabo a la integridad nacional”, que es una de las figuras legales que se ha usado para condenar a los opositores que se encuentran presos en la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como el nuevo Chipote.

El documento pide “reformar el artículo 410 del Código Penal. En el delito de Menoscabo a la Integridad Nacional, se sugiere el incremento de la pena de 15 a 20 años de privación de libertad cuando el procesado incurra en este”.

Plantea “extinción de dominio”

Y también el informe propone un “nuevo tipo penal” relacionado con la figura jurídica de “extinción de dominio”, con la cual estarían buscando apropiarse de los bienes de los acusados.

En ese sentido, el Informe Final propone adicionar al artículo 409 del Código Penal: “Extinción de dominio, aplicado como pena accesoria para aquellos condenados que utilizaron o adquirieron bienes, en la comisión de delitos de Traición a la Patria, delitos que comprometen la paz, delitos contra la Constitución Política y conexos, así como aquellos que fueron beneficiados con bienes por el Estado”.

Lea además: Daniel Ortega: Expediente de manipulación de la justicia

A la vez se propone “reformar el artículo 410 del Código Penal. En el delito de Menoscabo a la Integridad Nacional se sugiere el incremento de la pena máxima de 15 a 20 años de privación de libertad cuando el procesado incurra en este”.

Para la reforma al Código Penal, el informe recomienda “la formación de una Comisión técnica interinstitucional, integrada con las instituciones del Sistema de Justicia Penal para analizar los resultados de la consulta y proponer las acciones que se correspondan en un plan de trabajo consensuado y aprobado por el Estado de Nicaragua.

En la introducción refiere que “la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos en conjunto con la Junta Directiva de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, realizamos un análisis de las normas jurídicas penales que se aplican a las personas que cometen ciberdelitos, delitos en contra la integridad nacional y que menoscaban la soberanía, que reciben dinero de fuentes extranjeras para cometer crímenes de odio, concomitantes a los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, crimen organizado, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva”.

La Comisión de Justicia es presidida por la diputada oficialista María Auxiliadora Martínez Corrales, el diputado oficialista Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista como vicepresidente, y el diputado del PLC, Alvaro Rivera, también vicepresidente.

El proceso de consulta en la Comisión de Justicia comenzó en febrero de este año en coordinación con la Comisión de Paz, Defensa y Gobernación, un «proceso de consultas» para «fortalecer» el marco jurídico penal.

Analistas consultados por LA PRENSA dijeron en ocasiones anteriores que esto se trata de una amenaza del régimen de Daniel Ortega de endurecer la criminalización a los opositores.

Algunos de los consultados fueron magistrados y jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Procuraduría General de la República (PGR), miembros del Departamento de Asesoría Jurídica de la Policía, delegados del Ministerio Público, representantes de instituciones del Estado y organizaciones afines al partido gobernante, entre otras instituciones.

El informe final detalla que «en total se realizaron 17 sesiones de trabajo con la participación de representantes de instituciones del Estado que forman parte del Sistema Judicial Penal, con víctimas de crímenes de odio y familiares de personas asesinadas durante el fallido intento del golpe de Estado del 2018».

La Asamblea Nacional de Nicaragua es controlada por el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que encabeza Daniel Ortega, y que tiene 75 diputados que son mayoría, entre los 91 parlamentarios. La más reciente reforma al Código Penal se aprobó en enero de 2021 y en ella se incorporó la cadena perpetua, tras una reforma constitucional.

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