Algunos de los “ajustes” que se harán próximamente al Código Penal de Nicaragua implicarán aumentar la pena por el delito de “menoscabo a la integridad nacional”, que es una de las figuras legales que el régimen de Daniel Ortega ha estado usando para condenar a los opositores que se encuentran presos en la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como el nuevo Chipote.
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Una fuente legislativa que pidió no ser identificada confirmó a LA PRENSA que el “Informe Final” que tiene preparado la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional incluye “la creación de nuevos tipos penales” y “el aumento de penas para el delito de menoscabo a la integridad nacional”, que actualmente es de 10 a 15 años de prisión, pero se propone que la pena mínima pase a 15 años y la máxima a 20 años de prisión.
Hasta ahora, lo único que ha oficializado la Comisión de Justicia es la recomendación de crear una Comisión Interinstitucional para realizar “los ajustes a determinados artículos del Código Penal”, lo que fue anunciado el pasado 27 de abril a través de un comunicado. Sin embargo, aún no se ha divulgado ese informe, que es producto de una serie de consultas a delegados de instituciones públicas y a quienes el régimen orteguista considera víctimas de 2018.
La “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua” es un delito establecido en los artículos 410 y 412 del Código Penal.
El abogado penalista y coordinador del grupo Acción Penal, Boanerge Fornos, afirmó que no hay ningún criterio técnico para aumentar las penas del delito de “menoscabo a la integridad nacional”, así que no duda de que se trate de un asunto meramente político.
“Lo único que ellos quieren con esto es sancionar más severamente a los opositores que ya tengan en mente, porque ya vieron que este es un delito que para ellos es fácil de fabricar y de maquillar”, dijo el abogado Fornos.
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Agregó que el aumento de las penas también cumple un objetivo de disuadir a las personas que se atreven a hacer denuncias públicas a nivel nacional o internacional.
“Es simplemente para disuadir y evitar que las personas puedan hacer algún tipo de actividades y tratar de desactivar aún más a la oposición”, añadió.
Nuevo delito
A la vez, el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Alvaro Rivera Herrera, vicepresidente de la Comisión de Justicia, dijo a Expediente Público que los diputados del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) —que encabeza Daniel Ortega y que son mayoría en el Legislativo—, proponen en el Informe Final crear un “nuevo tipo penal” relacionado con la figura jurídica de “extinción de dominio”, con la cual estarían buscando apropiarse de los bienes de los acusados.
“Le explico cómo funciona: si yo Álvaro Rivera fuese acusado próximamente por el delito de menoscabo, traición a la patria, una vez que sea declarado culpable y haya sentencia firme, todos aquellos bienes que están a nombre mío, con la extinción de dominio pasarían a ser del Estado de Nicaragua, ese es un nuevo delito que incorporarían en el Código Penal”, explicó Rivera a Expediente Público.
Mientras, el abogado Fornos explicó que en Nicaragua ya existe la figura del “decomiso” en el artículo 112 del Código Penal, para embargar los bienes que usó una persona para cometer un delito o los bienes que adquirió mediante la comisión de un delito.
“Por ejemplo, alguien cometió el delito de lavado de dinero y se compró tres casas, una finca y un yate y dos camionetas, entonces se las decomisan porque viene de dinero sucio, de actividad ilegal”, explicó Fornos.
El abogado aseguró que en Costa Rica existe un amplio debate sobre la aprobación de la “extinción de dominio” en su marco penal, porque resulta controversial embargar los bienes a terceros, es decir, familiares o allegados a los culpables de un delito, sin tener amplia evidencia de que esos bienes fueron obtenidos mediante actos ilícitos, lo que en Nicaragua vendría a ser “muy peligroso”, según Fornos, porque daría lugar a las características discrecionalidades del régimen orteguista, por la debilidad de sus instituciones.
Consultas en la Comisión de Justicia
La Comisión de Justicia es presidida por la diputada oficialista María Auxiliadora Martínez Corrales; el diputado oficialista Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista como vicepresidente; y el diputado del PLC, Alvaro Rivera, también vicepresidente.
El proceso de consulta en la Comisión de Justicia comenzó en febrero de este año en coordinación con la Comisión de Paz, Defensa y Gobernación, un “proceso de consultas” para “fortalecer” el marco jurídico penal. Analistas consultados por LA PRENSA dijeron en ocasiones anteriores que se trata de una amenaza del régimen de Daniel Ortega de endurecer la criminalización a los opositores.
Algunos de los consultados fueron magistrados y jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Procuraduría General de la República (PGR), miembros del Departamento de Asesoría Jurídica de la Policía, delegados del Ministerio Público, representantes de instituciones del Estado y organizaciones afines al partido gobernante, entre otras instituciones.
El informe final detalla que “en total se realizaron 17 sesiones de trabajo con la participación de representantes de instituciones del Estado que forman parte del Sistema Judicial Penal, con víctimas de crímenes de odio y familiares de personas asesinadas durante el fallido intento del golpe de Estado del 2018”.
La Asamblea Nacional de Nicaragua es controlada por el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que encabeza Daniel Ortega, y que tiene 75 diputados que son mayoría, entre los 91 parlamentarios. La más reciente reforma al Código Penal se aprobó en enero de 2021 y en ella se incorporó la cadena perpetua, tras una reforma constitucional.