En las votaciones municipales de 2017, dieciocho municipios se resistieron a formar parte de la lista de localidades en poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El partido oficialista se quedó con 135. Sin embargo, tras un período convulso, que inició propiamente en el año del estallido social del país (2018), no todos los 18 alcaldes liberales pudieron llegar hasta el final de su mandato estipulado, al concluir 2022.
Resultados: 88 por ciento de los municipios para el sandinismo
De un total de 153 alcaldías, 135 localidades (88 por ciento) quedaron en poder del FSLN dirigido por Daniel Ortega.
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) logró 11 alcaldías: municipio de Wiwilí, departamento de Jinotega; municipios de San Pedro de Lóvago y Santo Domingo, departamento de Chontales; municipio de Ciudad Antigua, departamento de Nueva Segovia; municipio de Mulukukú, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN); municipios de Muelle de los Bueyes, Bocana de Paiwas, El Tortuguero, La Cruz del Río Grande, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS); municipios de Camoapa y San José de los Remates, del departamento de Boaco.
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El cancelado partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) obtuvo seis alcaldías oficialmente, pero renunció a San Pedro de Lóvago (Chontales), porque el PLC demostró que los votos le favorecían; entonces se quedó con los municipios de Santa María de Pantasma, El Cuá y San Sebastián de Yalí, del departamento de Jinotega; municipio de Murra, de Nueva Segovia y municipio de El Almendro, del departamento de Río San Juan.
La Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) obtuvo la Alcaldía de San Francisco de Cuapa, del departamento de Chontales.
Tradición liberal
Un experto en temas municipales del organismo Urnas Abiertas, que solicitó el anonimato, valoró que esos 18 municipios son de tradición liberal y totalmente opuestos al FSLN. Además señaló que la esfera local se caracteriza por la cercanía entre sus pobladores, donde todos se conocen y es más difícil enfrentarse a la mayoría.
“Los mismos ciudadanos cuidan el voto”, dijo el experto.
En conversación telefónica con LA PRENSA, la alcaldesa del PLC en Wiwilí, Reyna Hernández, defenestrada de su cargo por los sandinistas y ahora en el exilio, dijo que en el caso de su municipio todas las organizaciones opositoras locales se pusieron de acuerdo para apoyarla como candidata, para enfrentar unidos a Ortega en esas votaciones.
Hernández relató que el propio día de la votación los mismos vecinos se organizaron para ir a votar y para asegurarse de que todos votaran, para contrarrestar a la militancia sandinista que, según la alcaldesa, son minoría, pero si los liberales no salían a votar, ellos iban a votar porque todos votan.
“La gente que tenía vehículo le daba raid a otra gente para llevarlos a votar; la gente se buscaba en el padrón y si no se encontraba se movilizaba a otro centro de votación donde se pudiera encontrar. No pudieron detener a ese mar de gente”, aseguró la alcaldesa.
Pero el experto de Urnas Abiertas planteó otro escenario sobre el triunfo de los liberales en estos municipios. “Mi impresión es que el FSLN realizó un acuerdo por debajo de la mesa para darle el segundo puesto al PLC y aparentar respeto al proceso”.
Aún así, es un hecho que los alcaldes liberales han tenido que enfrentar muchos obstáculos para mantenerse en sus cargos y algunos, como la alcaldesa Hernández, no lograron llegar al final de su mandato.
Reducción de las transferencias municipales
Tras asumir los alcaldes, lo primero que hizo el régimen orteguista fue reducirles las transferencias municipales.
El Estado está obligado “a destinar un porcentaje suficiente del Presupuesto General de la República a los municipios del país, el que se distribuirá priorizando a los municipios con menos capacidad de ingreso”, dicta la Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua.
La alcaldesa Hernández explicó que las transferencias municipales son vitales para completar el presupuesto de proyectos de infraestructura, que generalmente prometen en la campaña electoral.
Hernández dijo que en sus tres años de gobierno se apoyó en una especie de trabajo comunitario, recibiendo apoyo directo de la población, porque hasta le pagaban la gasolina para movilizarse a las comunidades.
“Con lo poquito que nos llegaba de transferencias municipales y la gente sinceramente me apoyó pagando los impuestos, el campesinado nos ayudó con el combustible para movilizarnos, pudimos sacar adelante la construcción de caminos”, relató la alcaldesa.
Hernández aseguró que durante su mandato pudo cumplir con la construcción de caminos importantes que la población demandaba, pero se lamentó por no construir unas rampas que había prometido y hacer caminos rurales en lugares muy alejados del casco rural.
El experto de Urnas Abiertas reconoció que estos 18 municipios “han tenido que resistir condiciones adversas en materia financiera, ya que no se les hizo el traslado que por fuerza de ley constitucional les tuvo que transferir el Estado”. A eso hay que agregar la política represiva del régimen, que según el experto, en los últimos cinco años ha sido reforzada con estructuras de vigilancia que mantienen bajo asedio y amenazas a los alcaldes opositores.
Ninguno de los alcaldes liberales que todavía se mantienen en sus cargos quiso conceder una entrevista a LA PRENSA para esta publicación.
Sedes municipales saqueadas
En enero de 2018, en los municipios donde el traspaso a los nuevos alcaldes liberales lo tenían que hacer alcaldes sandinistas del anterior período (2013-2017), algunas alcaldías fueron saqueadas y entregadas en bancarrota. Ese fue el caso de Camoapa, El Almendro, Santo Domingo, San Pedro de Lóvago, El Cuá, San Sebastián de Yalí y Wiwilí.
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Las administraciones también fueron entregadas con deudas elevadas y algunas propiedades públicas fueron pasadas a propietarios privados.
Particularmente los alcaldes de El Almendro, Reynaldo Galeano Orozco; de El Cuá, Isidro Irías, y de Wiwilí, Reyna Hernández, enfrentaron demandas millonarias de liquidaciones de los trabajadores sandinistas que renunciaron.
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El alcalde de El Almendro, Reynaldo Galeano, recibió la municipalidad con las oficinas enllavadas, cinco motos sin documentos y sin llaves, una deuda de dos millones de córdobas, presupuesto municipal reducido y una demanda de un millón y medio de córdobas, en concepto de indemnizaciones de parte de tres extrabajadores sandinistas.
El alcalde de El Cuá, Isidro Irías, explicó que después de las votaciones del 5 de noviembre (2017), cuando se conoció que esa Alcaldía iba a pasar a manos de un alcalde opositor, los trabajadores sandinistas formaron un sindicato y firmaron un convenio laboral, en el que exigían más de un millón de córdobas en indemnización.
La alcaldesa de Wiwilí, Reyna Hernández, fue obligada a dejar su cargo tras ser judicializada por no poder pagar lo que exigían los extrabajadores sandinistas.
El Ministerio del Trabajo, controlado también por el régimen de Ortega, y jueces orteguistas fallaron a favor de los extrabajadores sandinistas de la Alcaldía de Wiwilí, determinando un pago de casi 16 millones de córdobas. El Concejo de la Alcaldía acordó pagar en plazos, pero los sandinistas no aceptaron. Hernández fue despojada del cargo de alcaldesa y actualmente vive en el exilio.
Hernández comentó que la Administración que asumió tras su defenestración tampoco pagó esa deuda.
La alcaldesa Hernández manifestó que lo que más lamenta son todas las muertes que han habido en su municipio desde el mismo día de las votaciones.
“El mismo día que ganamos a nosotros nos mataron al primer fiscal, eso es lo peor que puede haber, la muerte de nuestra gente”, expresó la alcaldesa.
La noche del 5 de noviembre de 2017, tras terminar la jornada electoral y anunciar los resultados preliminares, Wiwilí fue uno de los municipios que reportó incidentes de violencia política que tuvieron un final trágico. El fiscal del PLC en Wiwilí, Elías Pineda Blandón, fue asesinado de un disparo en la cabeza después de una trifulca.
La noche de esos comicios municipales también se reportaron muertes por violencia política en Waspam (Caribe Norte), Sandy Bay (Caribe Sur) y Yalí (Jinotega).
El alcalde del PLC en Mulukukú, Apolonio Fargas, también fue obligado a dejar su cargo. En 2018 estuvo preso por liderar las protestas contra el régimen en su municipio y aunque fue excarcelado por la cuestionada Ley de Amnistía en junio de 2019, no dejó de ser perseguido y amenazado por los simpatizantes del régimen. Tuvo que salir del país y actualmente vive en el exilio.
