Hasta el 2007, cuando el dictador Daniel Ortega regresó al poder, se registraban en el país procesos de participación ciudadana de incidencia en la gestión local, auditorías y participación electoral de manera “exitosa”, coincidieron este miércoles los analistas que participaron en el conversatorio: “Impacto socioeconómico de la gestión municipal”, organizado por el organismo de observación electoral independiente Urnas Abiertas.
Coincidieron además en que la calidad de vida de la ciudadanía nicaragüense depende en gran medida del trabajo de las alcaldías, pero que la posibilidad de incidencia en la gestión municipal actualmente es “nula”. Por eso, aseveraron que las votaciones municipales que se realizarán por ley el domingo 6 de noviembre de este año deben ser fiscalizadas.
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“Como es sabido por todos los nicaragüenses, desde las (elecciones) municipales de 2008 se cerraron esos espacios de participación que están consignados en la ley, como por ejemplo, los comité de desarrollo municipal, espacios de diálogo a nivel comunitario y otros espacios”, expresó la socióloga Elvira Cuadra.
“Se ha dejado por fuera a la ciudadanía para participar, para opinar y para decidir sobre sus asuntos de interés en la gestión local”, sostuvo Cuadra.
En el proceso electoral de noviembre próximo se escogerá a alcaldes, vicealcaldes y concejales de 153 municipios de Nicaragua. Actualmente, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), liderado por Ortega, gobierna en 135, de los 153 municipios del país.
Sin embargo, a menos seis meses de la fecha programada para las elecciones municipales en Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral (CSE) no ha convocado oficialmente a las votaciones, denunció hace unos días Urnas Abiertas.
“Las elecciones municipales no son una cosa menor, todo lo contrario, desde que fueron establecidas como elecciones separadas de las elecciones presidenciales adquirieron mayor relevancia porque la premisa fundamental es que el gobierno municipal es la instancia de Gobierno que está más cerca de los problemas de la gente y es la que usualmente tiene que responder a las necesidades más urgentes de la población”, dijo Cuadra.
Régimen arrebató la autonomía de las Alcaldías
El economista y analista político, Enrique Sáenz, se enfocó durante el conversatorio en tres aspectos relacionados con la gestión municipal y el rol de las alcaldías en el territorio nacional: autonomía, transferencias municipales y la institucionalidad.
“La autonomía municipal está fijada en la Constitución Política, no por el gobierno de Ortega, sino que antes que llegara el gobierno de Ortega, se le dio una dimensión legal del máximo nivel”, dijo.
Asimismo, explicó que la autonomía municipal tiene distintas dimensiones, como el derecho de los ciudadanos de elegir a sus autoridades locales y a recibir recursos del Gobierno central, lo que está contemplado en la Ley de Transferencias Municipales: el 10 por ciento del presupuesto de ingresos tiene que dedicarse a los municipios, y el respeto a la institucionalidad municipal, que incluye la participación ciudadana.
No obstante, coincidió con Cuadra en que “en el 2008, que fueron las primeras elecciones municipales con Ortega en el gobierno, se produjo el primer fraude electoral”.
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“Tanta repercusión tuvo ese fraude y fue tan manifiesto que la Unión Europea (UE) canceló lo que se le llamaba programas de apoyo presupuestario, como una penalización por el atropello a la democracia”, dijo. Asimismo, recordó que Estados Unidos canceló la participación de Nicaragua del programa que se llamaba Cuenta Reto del Milenio, lo que implicó la paralización de importantes proyectos en el occidente del país.
Sobre el tema de las transferencias municipales señaló que “en la Ley de Transferencias estaba un aumento progresivo de las asignaciones hasta llegar al 10 por ciento, sin embargo, por varios años, cuatro consecutivos, el gobierno de Ortega ha cercenado ese presupuesto, de manera que en lugar de asignar ese 10 por ciento, solamente ha asignado el 4 por ciento”.
En cuanto a la institucionalidad, sostuvo que en el período del expresidente Enrique Bolaños (2002-2007) hubo un fuerte empuje a la descentralización, a la participación ciudadana y a la economía municipal, que el régimen de Ortega ha arrebatado.
Falta de transparencia
Al referirse al impacto socioeconómico que tiene en la vida de las personas la gestión municipal, Urnas Abiertas señaló que las alcaldías tienen principalmente tres fuentes de recursos económicos: ingresos corrientes propios, que vienen a ser los impuestos de bienes inmuebles, de matrícula referente a los negocios, impuesto sobre ingreso, impuesto de rodamiento, entre otros, las transferencias y donaciones.
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Sin embargo, denunció que “las transferencias del Gobierno central no han estado siendo focalizadas en el gasto municipal para combatir la pobreza, sino más bien estas transferencias se han estado priorizando según los municipios que cumplen con lo proyectado”.
Es decir, valoran si el municipio tiene una buena ejecución, que es una de las principales variables para poder entregar las transferencias, pero no evalúan cuál es el destino y el impacto que tienen esos recursos, explicó.
La economista Ligia Gómez, miembro de Urnas Abiertas, manifestó que cuando se habla de transferencias municipales o de destino de recursos no existe una focalización con relación al gasto para disminuir la pobreza, lo que quiere decir que no es un objetivo de la política pública del país. “Eso hace que, en vez de ayudar a reducir la pobreza y a llevarnos a un nivel donde podamos sacar a los territorios que están más rezagados, tenemos que la mayor parte de los recursos priorizan el hecho de la ejecución y sabemos que los municipios más pobres son los que también tienen mayores dificultades para ejecución de sus proyectos, porque tiene menor cantidad de recursos humanos”, refirió.
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Cuadra aportó que “uno de los rasgos más característicos de este régimen es el de la corrupción”. “Entonces no rendir cuentas es como la otra cara de la moneda de las prácticas corruptas que se alimentan desde los gobiernos locales y desde todas las instituciones estatales hasta el nivel más alto”, afirmó.
Alcaldías como parte del sistema represivo
Al respecto, Cuadra agregó que “lo que pueden recaudar (las alcaldías) a través de la tributación como está establecido, realmente es muy poco, porque el pago de los impuestos está muy centralizado en el sistema tributario nacional, es decir, van directamente a Hacienda, y queda muy poco para que recauden los municipios”.
Por otro lado, apuntó que no hay una cultura propiamente de pago de impuesto.
“Entonces, entre eso y la poca cantidad de fondos que reciben de parte del Gobierno central hay serias limitaciones para los asuntos presupuestarios y para la ejecución de proyectos de la naturaleza que sean, en los municipios de Nicaragua”, sostuvo.
Esta situación, explicó Cuadra, se ha acentuado desde la llegada de Ortega a la Presidencia y sobre todo desde que comenzó a tener control sobre los municipios.
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“Primero porque se eliminó toda la autonomía que tenían los gobiernos municipales para elaborar sus presupuestos y porque además los gobiernos municipales se convirtieron realmente en correas de transmisión o mecanismos, aparatos estrictamente que lo que hacían era trasladar automáticamente las decisiones que se tomaban directamente desde la Presidencia. Se anuló completamente su autonomía e independencia respecto a la gestión municipal”, reiteró Cuadra.
A la vez precisó que “en los últimos cuatro años los hemos visto convertidos propiamente en aparatos del sistema de represión. Las alcaldías han servido como cuarteles y espacios donde se han organizado acciones de represión en contra de la población”, denunció.
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En cuanto a las 18 alcaldías que están gobernadas o bajo el control de partidos de “oposición”, Cuadra concluyó que “son castigadas enormemente con el tema de las transferencias”.
“Es decir, les reducen las transferencias a muchos de ellos, los han dejado prácticamente sin ningún recurso o recursos mínimos y en algunos casos se han promovido procesos para descabezar a esos gobiernos municipales y someterlas al control directo del régimen de los Ortega Murillo”, aseveró.
“Entonces, en términos de participación electoral como lo que se llama participación directa de los ciudadanos, realmente no hay condiciones en Nicaragua en lo que se refiere a la gestión municipal”, añadió la socióloga.