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LA PRENSA/ARCHIVO

Qué esperar de las elecciones municipales del próximo 6 de noviembre

El organismo independiente Urnas Abiertas precisó en su último editorial que en Nicaragua, en este momento, no es posible votar, ni protestar

En seis meses están programadas las elecciones municipales en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega está impulsando nuevas reformas a la Ley 331, Ley Electoral, lo que plantea —a juicio de los analistas— un panorama sombrío y alejado de unas elecciones creíbles y que garanticen las libertades fundamentales.

Este martes 3 de mayo, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por Ortega, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Electoral donde se plantea reformar varios artículos, precisamente un año después de aprobadas unas cuestionadas reformas al mismo marco jurídico.

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Luciano García, presidente del organismo civil Hagamos Democracia, opinó que desde las elecciones presidenciales de noviembre pasado —que se llevaron a cabo bajo condiciones represivas, manteniendo presos a siete precandidatos presidenciales y eliminando a partidos de oposición—, el gobierno de Daniel Ortega “dejó de ser un gobierno legítimo”, por lo tanto “no consideramos que esa reforma electoral tenga algo de credibilidad, porque ni siquiera dan condiciones para que existan unas elecciones libres, verdaderas y transparentes”.

En el proceso electoral de noviembre próximo se escogerá a alcaldes, vicealcaldes y concejales de 153 municipios de Nicaragua. Actualmente, el FSLN gobierna en 135, de los 153 municipios del país.

Cabe recordar que las votaciones del 7 de noviembre pasado fueron catalogadas como ilegítimas por más de 40 países y por la Organización de Estados Americanos (OEA), motivo por el cual Ortega retiró a sus representantes de este organismo, expropió sus oficinas y expulsó a sus funcionarios del país.

En Nicaragua “no es posible votar ni protestar”

El observatorio independiente Urnas Abiertas precisó, en su editorial más reciente, titulado “Un llamado a estar a la altura de los tiempos, Nicaragua y sus posibilidades en el superciclo electoral latinoamericano”, que en Nicaragua, en este momento, no es posible votar ni protestar.

“Considerando que ambos mecanismos son igual de importantes para la población, se deben articular acciones alrededor de que el primer paso para recuperar la democracia es el levantamiento del estado policial y el respeto irrestricto de las libertades fundamentales, que incluye la libertad de todas las personas presas políticas, pues es bajo estas condiciones que el país puede encontrar posibilidades de cambio, propias del superciclo electoral en el que está inserto”, señaló el observatorio.

Por otro lado, García señaló que para considerar “medianamente” que los próximo comicios municipales se desarrollarán en un proceso electoral donde hay condiciones, lo primero que el régimen debe hacer es: “Liberar a los presos políticos, devolver las personerías jurídicas de los partidos políticos, que las elecciones tengan las condiciones de observación electoral irrestricta”.

“Si no se da nada de eso, esa reforma electoral es para ellos, es para reimplementarse ellos mismos y para reimplementar también de alguna manera reprimir a la gente de ellos mismos, porque saben que no cuentan con el apoyo de su membresía y están en una situación de que transforman la ley para que puedan hacer lo que ellos quieran”, agregó el presidente de Hagamos Democracia.

Lo que plantea la reforma a la Ley Electoral

En uno de los artículos propuestos a reformar recorta los períodos de campaña electoral, estableciendo 20 días para las elecciones municipales y 30 días para las elecciones presidenciales, en la ley vigente el tiempo definido es de 42 días y 75 días, respectivamente.

Otro de los artículos propuestos en la reforma de iniciativa plantea ampliar de 400 a 600 el número de electores por Junta Receptora de Votos (JRV).

El proyecto también plantea reformar el plazo establecido para la conformación de los Consejos Electorales Departamentales y Regionales, pasando de 15 a cinco días el plazo que tendrán los partidos políticos para presentar sus propuestas y si no lo hicieren el Consejo Supremo Electoral procederá a su nombramiento de oficio.

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Igualmente, proponen reducir de 10 a cinco días el plazo para presentar propuestas de ternas para la conformación de los Consejos Electorales Municipales, ante el Consejo Electoral Departamental (CED) o Regional (CER), sino lo hicieren el CED y CER procederán a su nombramiento de oficio.

La iniciativa tiene por objeto reformar también los artículos 21, 22, 70, 74, 85, 105, 148 y 158 de la Ley 331.

El analista político y exdiputado liberal, Eliseo Núñez, aseveró que antes de la (iniciativa) reforma electoral del régimen “no se esperaba nada” y después de ella “mucho menos”, ya que “Ortega hace una reforma para cada proceso electoral que abre. Es decir, va ajustando sus metodologías de fraude para dejar sin oportunidad a cualquier organización política que quiera enfrentársele”, comentó.

Asimismo señaló que, pese a que ahora él régimen solo tiene partidos colaboracionistas “aún así reduce el período de campaña para evitar que en ese período pueda suceder algo que haga estallar una crisis que él sabe que está allí, porque sabe que los nicaragüenses no están conformes”, agregó Núñez.

Llamado a las “verdaderas fuerzas democráticas”

En este 2022, otro año electoral para Nicaragua, Urnas Abiertas indica que “le corresponde a las fuerzas democráticas estar a la altura de los tiempos, exigir que cualquier proceso democrático se desarrolle bajo condiciones adecuadas y garantizar una amplia participación ciudadana que escuche las demandas sociales, las cuales exigen más y mejor democracia, y menos desigualdad”.

La directora de Urnas Abiertas, Olga Valle, explicó a LA PRENSA que “el llamado que hacemos desde Urnas Abiertas en nuestro último editorial definitivamente (es) hacia las fuerzas que tienen verdadera vocación democrática y no a los partidos colaboracionistas y satélites que le han seguido el juego al régimen históricamente de participar en elecciones que no tienen ninguna credibilidad ni legitimidad”.

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Desde el levantamiento cívico que se dio en 2018 en Nicaragua, Valle señaló que “hemos visto el surgimiento de nuevas fuerzas políticas, de nuevas apuestas y un poco de nuestro llamado es a estar alerta, a estar vigilante este año, porque no se descarta la posibilidad de que el régimen quiera hacer ver de que va a permitir cierta participación, y nuestro llamado es a que cualquier proceso electoral tiene que darse bajo condiciones democráticas adecuadas y esto implica el levantamiento del estado policial y que se recuperen las libertades fundamentales”.

“No se puede llevar ningún tipo de proceso electoral democrático si las personas no se pueden organizar ni reunir. En ese sentido es hacia esta fuerza nuestro llamado”, insistió Valle.

Persiste demanda de un proceso transparente

En su editorial, el observatorio indica que “en estas elecciones municipales, ta importante será garantizar que todas las fuerzas políticas puedan participar, que nadie vaya obligado a votar, o que sufra represión al hacerlo y que sus votos sean contados transparentemente, así como la posibilidad de movilizarse, de hacerse escuchar en las calles, de presionar por lo que se espera de las instituciones”.

El observatorio asevera que deshabilitar cualquiera de los dos mecanismos (votar y protestar) o aceptar un proceso electoral que no los garantice, lejos de ofrecer una solución, “solamente profundizará la crisis de democracia y derechos humanos que ya está instalada”.

“En Nicaragua corresponde exigir un proceso electoral que abra el camino para una transición con justicia y libertad, aceptar menos de esto es no comprender el momento histórico en el que nos encontramos”, añade Urnas Abiertas.

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“Definitivamente lo que vimos el año pasado fue la participación de partidos colaboracionistas que bajo ninguna forma le dan credibilidad ni legitimidad a las elecciones que se llevaron a cabo en las elecciones de noviembre 2021 y de continuarse de esta manera estaríamos frente a otro proceso electoral ilegítimo que estaría limitando todo tipo de competencia electoral”, opinó Valle.

Sin embargo, “como decíamos antes, desde este momento estamos haciendo ese llamado para que los actores democráticos con verdadera vocación pudieran participar, no se puede aceptar nuevamente un proceso limitado u hostigado como el que habían aceptado el año pasado las diversas fuerzas de oposición”, reiteró Valle.

“En ese sentido, sí es importante que desde la fuerza democrática, desde los actores democráticos se pueda coordinar una estrategia conjunta para presionar tanto a nivel interno como internacional para ejercer presión sobre el régimen para que se puedan dar condiciones adecuadas”, insistió la directora de Urnas Abiertas.

1,656 hechos de violencia política

Durante el proceso de votaciones generales de 2021, Urnas Abiertas contabilizó 1,656 hechos de violencia política en un año de monitoreo. También reportó en su último informe un sinnúmero de irregularidades vinculadas al uso de los recursos públicos.

El observatorio también estimó un promedio nacional de 81.5 % de abstencionismo en dichos comicios.

Los cuestionados comicios se desarrollaron en medio una escalada de represión y estuvieron marcados por el encarcelamiento de más de 40 opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales.

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