El observatorio electoral Urnas Abiertas divulgó este martes, 21 de diciembre, su undécimo informe sobre el proceso de votación de este año en Nicaragua, en el que reporta un consolidado de 1,918 irregularidades vinculadas al uso de los recursos públicos por parte del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que dirigen Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Aunque el informe evidencia que el FSLN no hizo gastos propios para la “campaña electoral”, el partido oficialista recibirá por ley una partida presupuestaria de hasta 17.4 millones de dólares, según el cálculo de Urnas Abiertas.
“Con el desarrollo de las elecciones ilegítimas del pasado 7 de noviembre, la dictadura tiene que recibir, de conformidad con la Ley Electoral vigente y con base en cálculos realizados, según el porcentaje de votos asignado por el Consejo Supremo Electoral para el Frente Sandinista, una partida presupuestaria de hasta 17.4 millones de dólares. Sin embargo, algunos de los principales programas que han servido de paraguas para el financiamiento de esas actividades de campaña electoral provienen de donaciones del Gobierno de Taiwán y de préstamos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)”, expone el informe de Urnas Abiertas.
Lo que dice la Ley
El artículo 99 de la Ley Electoral (Ley 331) establece que el Estado de Nicaragua destinará una asignación presupuestaria del uno por ciento de los ingresos ordinarios del Presupuesto General de la República, para reembolsar los gastos de la campaña electoral en que hayan incurrido los partidos políticos o alianzas de partidos que participen en las elecciones para presidente, vicepresidente, diputados ante la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano (Parlacen), que es el caso de este año electoral.
El reembolso se otorga a las organizaciones políticas de acuerdo con el porcentaje de los votos válidos que hayan obtenido en la elección y además deben rendir cuentas en forma documentada y detallada ante la Contraloría General de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y al CSE, establece la Ley.
Teniendo en cuenta que el Consejo Supremo Electoral (CSE) le asignó al FSLN el 75.92 por ciento de los votos, le corresponde a este partido la mayor tajada del reembolso de 806.7 millones de córdobas, que es el monto asignado por el Presupuesto General de la República, para entregar a los partidos políticos que participaron en las votaciones del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega se enfrentó a cinco partidos minoritarios, y manteniendo a los principales opositores presos.
El reporte de Urna Abiertas sobre las irregularidades vinculadas al uso de recursos públicos, se centró el período del 1 de abril al 7 de noviembre, que fue el día de las votaciones generales, las cuales, además se realizaron con escasa participación ciudadana y todo el sistema electoral bajo el control de los sandinistas.
El informe precisa que la campaña política del FSLN fue “financiada con el dinero de las y los nicaragüenses y donaciones internacionales”.
“Se verificó proselitismo político a favor del FSLN a través de proyectos financiados por el Gobierno de Taiwán, FIDA, BCIE, Unión Europea, AECID y Mecanismo COVAX/OMS”, manifiesta el observatorio electoral.
El FIDA es el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.
El AECID es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
El BCIE es el Banco Centroamericano de Integración Económica, convertido en principal organismo financiero del régimen desde el 2018.
El mecanismo Covax de la OMS es el sistema de donaciones internacionales de vacunas contra el covid-19.
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Los datos más destacados del reporte fueron el uso de:
895 vehículos del Estado durante las votaciones.
233 entregas de beneficios con marca partidaria.
155 casos de propaganda electoral exhibiéndose en los Centros de Votación durante los malogrados comicios.
123 casos de participación de trabajadores del Estado en actividades partidarias.
Urnas Abiertas expone que el uso “abusivo” de recursos públicos por parte del FSLN marcó un rol clave para su permanencia en el poder.
“La utilización de los recursos del Estado con fines partidarios y proselitistas se ha convertido en una práctica política tradicional institucionalizada -especialmente- durante la administración sandinista. Esta práctica corrupta e ilegal es una de las tantas manifestaciones de corrupción generalizada que obstaculizan el ejercicio legal y transparente del poder político y la soberanía en el país”, expone el informe.
Según lo documentado por el observatorio electoral Urnas Abiertas, durante la jornada de votación del 7 de noviembre se observó la mayor frecuencia del uso abusivo de recursos públicos, especialmente por el uso de vehículos de instituciones del Estado para el traslado de votantes del FSLN.
Además, se registraron 233 ocasiones en las que se usó la entrega de programas sociales, financiados con fondos públicos, para realizar actividades de proselitismo a favor del FSLN.
“El uso abusivo de recursos públicos por parte del FSLN es evidente y no existe ningún mecanismo, normativa o medida de rendición de cuentas para evitarlo, lo que demuestra el clima de impunidad y corrupción bajo el cual opera el Gobierno del FSLN”, agrega el informe.
También apunta que entre el 1 de octubre de 2020 y el 7 de noviembre de 2021 se registraron 2,044 hechos de violencia política en el contexto electoral.
Las votaciones del 7 de noviembre último fueron catalogadas como ilegítimas por más de 40 países y por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Pese a los llamados de la comunidad internacional, Ortega sigue sin enderezar el país para buscar de nuevo el camino hacia la democracia y mantiene a los más de 160 presos políticos.