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El nuevo Chipote, inaugurado en febrero de 2019, donde se han realizado los juicios contra los presos políticos. LA PRENSA

Las noticias que necesita conocer para terminar su día informado (miércoles 9 de febrero)

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1. Funcionarios de la Alcaldía de Rivas estarían separados de sus cargos

Esta semana, al menos ocho funcionarios de la Alcaldía de Rivas, entre ellos gerentes, jefe de proyectos, el asesor legal, el jefe de recaudación, incluido el mismo alcalde sandinista Wilfredo López Hernández, fueron separados de sus cargos, tras una investigación interna que los involucra en supuestas «irregularidades financieras», informaron a LA PRENSA fuentes cercanas a la municipalidad.

Las fuentes revelaron que los funcionarios sandinistas fueron obligados a renunciar, pero que no se presentarán cargos en su contra, solamente la Policía ha allanado las viviendas de los supuestos señalados e incautado bienes como vehículos, buses, cabezales, entre otros.

2. Régimen declara culpable al politólogo José Antonio Peraza

El juez Cuarto de Distrito Penal de Juicios, Ángel Jeancarlos Fernández González, declaró culpable este martes al politólogo José Antonio Peraza por el delito de «menoscabo a la integridad nacional», por el que se ha condenado ya a varios presos políticos. El Ministerio Público, a través del fiscal que lleva el caso, pidió una pena de diez años de cárcel más la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El politólogo y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) está detenido en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) desde el 26 de julio pasado. El de Peraza es el noveno juicio que se realiza en las instalaciones del nuevo Chipote, desde la semana pasada.

3. Colegio Teresiano se pronuncia por acusación contra profesora por abuso sexual

El Colegio Teresiano emitió el martes un comunicado en sus redes sociales en relación con la acusación presentada en los Juzgados de Managua contra una profesora de preescolar, por hechos ocurridos en 2019. El centro educativo dijo que actuaron «en todo momento con asesoría legal» y que siguieron el protocolo de prevención del abuso sexual «que se rige por el principio de protección a la víctima».

El caso, en el que supuestamente la víctima es una niña de 3 años, se tramita en el Juzgado Cuarto Especializado en Violencia de Managua, donde el judicial admitió la acusación y mandó a juicio a la profesora, y además le decretó la retención migratoria.

4. Régimen condena a 13 años de cárcel a Miguel Mora

La jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez impuso 13 años de cárcel al periodista y aspirante presidencial Miguel Mora, por supuestamente «cometer menoscabo a la integridad nacional». Mora fue juzgado el 4 de febrero, en uno de los juicios más cortos que hasta ahora se realiza contra los presos políticos que permanecen en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).

En un proceso que duró menos de seis horas, la jueza Tardencilla Rodríguez basó su fallo de culpabilidad en tuits, videos de entrevistas y documentos personales de Mora presentados como pruebas por la Fiscalía. Esta es la segunda vez que el periodista es condenado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La primera vez estuvo encarcelado entre diciembre de 2018 y junio de 2019. Lo apresaron durante el allanamiento a las instalaciones de su canal, 100% Noticias, al cual confiscó el régimen. Y lo acusaron de «fomentar e incitar al odio y la violencia» y por «provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas».

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5. Esto pretendería Ortega con acusación de invasión por parte de El Salvador

Según el analista para Centroamérica de Internacional Crisis Group, Tiziano Breda, detrás de la acusación que está haciendo el régimen orteguista a El Salvador podría estar que Ortega esté buscando una excusa para forzar una comunicación entre gobiernos. Breda agregó que, a la vez, podría estar buscando «un reconocimiento de ser la autoridad» a través de una disputa territorial con el gobierno salvadoreño que «ha tomado distancia de Nicaragua y ha criticado y desconocido las elecciones pasadas».

Para el profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), Carlos Cascante Segura, la protesta de Nicaragua tiene tanto un fin jurídico como político. «El jurídico es establecer la existencia del tratado ‘bicentenario’ como instrumento válido y vigente. El político establecer al gobierno de Bukele como peligroso a los intereses de Nicaragua, con ello me parece está intentando crear un enemigo común para los nicaragüenses», manifestó Cascante Segura.

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