Esta semana, al menos ocho funcionarios de la Alcaldía de Rivas, entre ellos, gerentes, jefe de proyectos, asesor legal, jefe de recaudación, incluido el mismo alcalde sandinista Wilfredo López Hernández, fueron separados de sus cargos, tras una investigación interna que los involucra en supuestas «irregularidades financieras», informaron a LA PRENSA fuentes cercanas a la municipalidad de este departamento.
Las fuentes revelaron que los funcionarios sandinistas fueron obligados a renunciar, pero que no se presentarán cargos en su contra, solamente la Policía ha allanado las viviendas de los supuestos señalados e incautado bienes como vehículos, buses, cabezales, entre otros.
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Las fuentes revelaron además que, tras esta situación, López Hernández se encuentra bajo arresto domiciliario. «Corrieron a todos los jefes de la Alcaldía. Hay un gran desfalco. El alcalde está casa por cárcel», sostuvo la fuente.
LA PRENSA intentó en reiteradas ocasiones comunicarse con el alcalde de Rivas, pero no fueron atendidas las llamadas ni mensajes hechas por este Diario para confirmar dicha información.
Sandinistas se cubren
«Se habla de una supuesta pérdida de dinero. Lo están tratando de manejar con mucho secretismo, pero ya todo el mundo lo sabe. Lo que hay es temor de hablar porque todos ellos (los señalados) son del mismo partido (FSLN)», expresaron las fuentes.
Al respecto, las fuentes mencionaron que en la ciudad «solo se habla de renuncias y despidos, nadie se atreve a poner las razones, porque entre ellos mismos se cubren», dijo. El castigo, insistió una de las fuentes, «es quitarlos del cargo, pero ellos están saliendo como que renunciaron».
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«No los van a castigar, no los van a enjuiciar, pero les están quitando todo», reiteró.
LA PRENSA también consultó sobre la situación al concejal liberal, Rodrigo Aguilar, pero se limitó a contestar que «desconozco totalmente lo que está pasando en la Municipalidad. Buenas noches».
Wilfredo López Hernández llegó a la Alcaldía de Rivas tras ganar las elecciones municipales en 2008 y se reeligió en 2012 y 2017. Es considerado como un funcionario incondicional al partido del régimen.
